Columna El Líbero, 16.10.2022 Richard J. Kouyoumdjian Inglis, vicealmirante (r) y vicepresidente AthenaLab
Es correcto que la opinión pública reaccione ante los intentos del PC de reformar la educación militar
Habiendo escrito muchas veces sobre este tema, encontré apropiado volver a escribir acerca de las relaciones de las Fuerzas Armadas de Chile con la política y los políticos, algo que cobra aún más importancia cuando el ambiente político, económico y social está revuelto, y la seguridad interior del Estado está en riesgo.
Lo hago ya que Chile tiene una tradición de dirigir la mirada a sus institutos armados cuando las cosas se ponen feas. Es cosa de mirar la Guerra Civil de 1891, la inestabilidad política de las décadas de 1920 y 1930, la intervención de 1973, y muchas otras oportunidades en que las cosas no llegaron a mayores, como también por el hecho de que a diestra y siniestra los han estado usando para fines no principales en los estados de excepción que tenemos presentes desde el llamado “Estallido Social”, la superación de la reciente pandemia, como también para apoyar a las policías en los resguardos de las fronteras del norte, al punto que, hoy en día, la opinión pública asume este despliegue como algo normal, siendo que no es normal que estén siendo usadas para fines de seguridad interior, ya que esa es una responsabilidad propia de las policías. Otro caso es lo que ocurre en la macrozona sur donde las FFAA son empleadas en forma restringida y acotada porque no se quiere reconocer que el fenómeno que enfrentan se llama “insurgencia armada”, acompañada de los delitos que normalmente se dan en esas circunstancias como son el narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales.
La relación entre el instrumento militar del poder nacional y la política nunca ha sido fácil, ya que el primero dispone del monopolio incontrarrestable del poder de las armas y puede, si así lo quiere, tomarse el poder, como ha sucedido múltiples veces en la historia de la humanidad. El más famoso caso fue el cruce del Río Rubicón por el gobernador de las Galias, Julio César, en 49 a. C., quien pasó a llevar la restricción que impedía a las legiones romanas traspasar ese río por el riesgo de que las tropas intervinieran en la política romana. Al parecer esa restricción era bien pensada, ya que Julio César al cruzar el río con sus tropas inició el término de la República, y se hizo nombrar cónsul y dictador vitalicio.
Lo normal hasta tiempos recientes era que el poder militar y el poder político estuviesen integrados, pero en Occidente, con el pasar de los años, eso dejó de ser lo usual con el asentamiento de la democracia como forma de gobierno y la separación de los poderes del Estado con sus balances y contrapesos políticos e institucionales. Solo se mantiene en algunos países en que la democracia no está desarrollada, como China, Rusia, Cuba, Venezuela, Myanmar, Corea del Norte, y algunos países del Medio Oriente, en donde es clave tener el control efectivo de las armas para sostenerse en el poder.
En Chile hemos evolucionado desde la figura del gobernador general, que a la vez era el capitán general y presidente de la Real Audiencia, a la situación actual en que los institutos armados están bajo la autoridad, pero no integrados, al Ejecutivo. El presidente, que debe ser un civil, solo en caso de guerra asume la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. En condiciones de normalidad designa y destituye a los comandantes en jefe y al jefe del Estado Mayor Conjunto, aprueba la conformación anual de sus altos mandos y retiene el control de los actos administrativos incluyendo la asignación y control de recursos presupuestarios.
Para llegar a la situación actual pasamos por varios eventos en donde las Fuerzas Armadas se involucraron en la política, como son, por nombrar algunos: la Guerra Civil de 1891, los ruidos de sables de 1924, el Tacnazo de 1969, la participación de generales y almirantes en servicio activo como ministros en los gabinetes de Balmaceda o Allende, el pronunciamiento o golpe militar de 1973 que derivó en un gobierno militar de un poco más de 16 años y, en tiempos más recientes, el «boinazo» del 1993. Considerando tanto las evidencias históricas, sean propias o de otros, la realidad que existe en países no democráticos y asumiendo que estamos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas no deben participar en política, la pregunta es: ¿Cómo sostenemos la realidad de FF.AA. no participativas y no deliberantes más allá de los resguardos legales y constitucionales?
Partiendo de la base que estas cumplen con ser efectivas, eficientes, bien administradas y, por ende, que no deben ser intervenidas en su administración, las debemos respetar por su rol de protección de la soberanía y de la independencia política, de la existencia de la democracia como sistema de gobierno, el desarrollo económico y el bienestar de los chilenos. Ese respeto debería implicar su buen remunerar, reconocer que su régimen de pensiones debe ser distinto producto de sus funciones y que se entienda que tienen la capacidad de pensar, de opinar, lo que no es igual a deliberar, pero, por sobre todo, se debe evitar que sean usadas o capturadas por grupos de interés o partidos políticos que las quieran anular, las requieran para acceder o permanecer en el poder, o usar para fines distintos a su naturaleza. En ese sentido es correcto que la opinión pública reaccione ante los intentos del PC de reformar la educación militar.
Dicho todo lo anterior, corresponde preguntarse si en las circunstancias actuales estamos o no empujando a las Fuerzas Armadas a situaciones que las puedan acercar a la contingencia política. La respuesta es un claro y rotundo sí. El haber sacado a las Fuerzas Armadas para el Estado de Emergencia del 18 de octubre de 2019, nuevamente para el Estado de Catástrofe que se inició a mediados de marzo del 2020 y que nos acompañó hasta bien entrado el 2021, para después seguir con los Estados de Emergencia en la macrozona sur, que aún siguen vigentes, y lo que se les ha pedido en la frontera norte, transforma a las instituciones en actores políticos de primera línea. En los Estados de Excepción los jefes de la defensa actúan por delegación presidencial y reportan al jefe de Estado. Están por sobre los delegados presidenciales y actúan en el nivel político, teniendo a su cargo las fuerzas militares y policiales asignadas a su mando.
Como si lo anterior fuera poco, los políticos ahora insisten en que se hagan cargo de la infraestructura crítica, o bien, la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional denominado de cuidado y resguardo. Es seguir pidiéndole al gato que saque con sus manos las castañas del fuego. Es seguir involucrándolas en problemas que son de orden político o que se han transformado en problemas políticos, por la inacción de los políticos.
No solo las circunstancias actuales las transforman en actores políticos, sino también el hecho de que con el paso de los años se les han asignado una serie de áreas de misión que van más allá de las propias de la defensa nacional. Tener áreas de misión en donde se puedan usar las capacidades polivalentes es eficaz y eficiente, pero implica involucrarlas en aspectos que tienen bastante más de política que de defensa nacional pura y dura. A modo de ejemplo, cualquiera de las tres instituciones –aparte del área de misión de defensa de la soberanía e integridad territorial– tiene responsabilidades asignadas en cooperación internacional y apoyo a la política exterior, emergencia nacional y protección civil, contribución al desarrollo nacional y acción del Estado, seguridad e intereses territoriales, marítimos y aéreos.
La pregunta que sigue es: Si tienen la capacidad y ya están muy involucradas en lo que sucede en Chile, ¿por qué no se toman el poder y gobiernan ellas? Mi respuesta personal es que no tienen interés alguno en hacerlo ni vocación política en el sentido de gobernar y de elegir entre posturas de las izquierdas o de las derechas. No está en su ADN. Eso no quiere decir que no piensen y tengan una evaluación propia de lo que sucede, que no hagan saber su opinión a través de los conductos regulares correspondientes en forma muy reservada. Saben que tienen el monopolio del poder de las armas, tienen muy clara la responsabilidad que la sociedad les ha entregado y saben que su opinión será escuchada y tomada en cuenta. Les interesa el bienestar de Chile, de los chilenos y proteger a su patria, tal como lo indica el juramento a la bandera que cada uno de sus integrantes realiza cuando se incorpora al servicio.
La experiencia de más de 200 años les ha enseñado que ser gobierno no es rol de las FFAA y que es mejor actuar como Fuerzas Armadas apolíticas, profesionales, jerarquizadas y no deliberantes, centradas en Chile y alejadas de todo lo que suene o tenga olor a política partidista. Saben que quienes quieren subvertir el orden institucional y el estado de derecho por la vía revolucionaria buscarán tenerlas a su lado o al menos anularlos, ya que no hay revolución que resulte si no se tiene el poder de las armas. Saben que buscarán neutralizarlas a través de acciones y ataques legales, comunicacionales o de cualquier otro medio que les permita ir adelante con sus planes.
Estimo que la institucionalidad de las FFAA de Chile permite que tengamos instituciones de lujo, arraigadas en el sentir nacional y valoradas por la ciudadanía. Las FFAA saben que tienen una responsabilidad muy grande, porque la patria confía en ellas. Eso las obliga a tener claridad absoluta de su propósito y a actuar con estricto apego a la ley y a los reglamentos vigentes.
Para terminar, no veo en el horizonte posibilidades de repetición de un 1891 o un 1973, a pesar de que hay quienes están tratando de encontrar paralelos entre las situaciones actuales y las pasadas. Las instituciones tienen memorias más profundas que las personas y esto es especialmente así si consideramos que el Ejército y la Marina nacieron junto con la República y la Fuerza Aérea se encamina a su primer siglo de vida institucional.
