Columna Infobae, 14.12.2022 Felipe Frydman, economista argentino, exembajador y consultor del CARI
La Unión Europea asume, como lo hiciera siempre en su historia colonizadora, un poder de policía global para obligar a terceros países en desarrollo a ajustarse a sus políticas
El Consejo y el Parlamento de la Unión Europea acordaron que los agricultores de los países desarrollados cumplan la tarea de guardabosques para evitar la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y promover la reducción de la emisión de los gases invernadero. El acuerdo entre ambas instituciones establece que las empresas involucradas en el comercio de productos agrícolas con destino a esa región deberán probar que los mismos no provienen de tierras deforestadas y que cumplen con las leyes vigentes en cada país. Los productos mencionados son aceite de palma, ganado, soja, café, coca, madera y caucho, al igual que sus derivados, como carne vacuna, muebles o chocolate.
Las empresas deberán proveer información sobre el origen geográfico de los productos para permitir la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos. La Comisión establecerá un sistema de graduación del riesgo de deforestación por país, al igual que un régimen de castigos para disuadir la elusión de la norma.
No es la primera vez que la Unión Europea decide actuar unilateralmente. La decisión constituye una barrera para impedir el ingreso de productos agrícolas en ese mercado, como en el pasado lo fuera la Política Agropecuaria Común (PAC) y los cientos de billones de euros destinados a subsidiar la agricultura, promoviendo la deforestación y el uso intensivo del suelo y volcando sus excedentes en el mercado internacional para perjudicar a los agricultores de los países en desarrollo principalmente de América Latina y África. La Unión Europea fue siempre el principal obstáculo, con la excusa de autosuficiencia o resguardo del paisajismo, para alcanzar acuerdos multilaterales que redujeran los subsidios agrícolas y alcanzar un mercado competitivo en condiciones similares al de productos industriales.
La decisión de la Unión Europea constituye un rompimiento de las normas multilaterales de comercio acordadas en el marco de la OMC. El Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio permite a los países adoptar medidas de protección siempre y cuando no constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificado o una restricción encubierta del comercio internacional. La Unión Europea está imponiendo sobre las empresas comercializadoras un costo adicional y un riesgo que desalentará su involucramiento en el comercio. Esta decisión fue tomada sin realizar consultas previas con los gobiernos en cuestión o solicitar la reapertura del TBT, mientras la comunidad internacional discute los temas de medio ambiente en la Conferencia de las Partes (COP27) o de Biodiversidad (COP15). La Unión Europea asume, como lo hiciera siempre en su historia colonizadora, un poder de policía global para obligar a terceros países en desarrollo a ajustarse a sus políticas. Toda esta fanfarrea pretende también conformar a las vociferantes ONG lubricadas generosamente con los recursos de la Comisión.
La iniciativa de la UE fue discutida en el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC, donde se planteó la responsabilidad de los gobiernos en la ejecución de sus políticas sin estar sujetos a presiones externas. En un tema donde existe consenso sobre los objetivos, resulta llamativo la falta de diálogo, lo cual podría llevar a adoptar represalias como certificados de libre contaminación a productos industriales. En la reunión de octubre, la mayoría de los miembros reiteraron la necesidad de evitar la exigencia de medidas unilaterales y garantizar la compatibilidad con las normas de la OMC.
Las nuevas restricciones constituyen un desafío para el MERCOSUR; según los datos que maneja la UE, el 59% de la deforestación global tiene lugar en Brasil y Paraguay; Francia ya se manifestó a favor de un control internacional sobre el Amazonia. Si bien el presidente da Silva tiene una posición proclive al diálogo en comparación a su antecesor, será difícil que acepte hechos consumados que contemplen solo los intereses comerciales europeos. La negativa de la UE a discutir su iniciativa en el marco de la OMC pone en duda su posición sobre el multilateralismo y cuestiona cualquier posibilidad de profundizar la relación económica y comercial entre ambas regiones.
