Editorial El Mercurio, 12.11.2022
Dos líneas han marcado el discurso del Partido Comunista luego de la derrota del 4 de septiembre. Por una parte, la colectividad ha insistido en la vigencia del programa de Apruebo Dignidad (AD), afirmando que “no es el momento del realismo sin renuncia”. Esto, cual si el resultado plebiscitario no hubiera sido también expresión de rechazo al proyecto político de esa coalición, estrechamente vinculado con la propuesta constitucional.
Por otra parte, el discurso comunista ha estado también impregnado de victimismo. Ejemplo fueron las declaraciones que el senador Daniel Núñez formulara en reciente entrevista con “El Mercurio”. Allí, a propósito de la caída de la candidatura de la diputada Karol Cariola para presidir la Cámara, habló de un “veto anticomunista” y hasta aludió a la llamada “ley maldita” que proscribió al PC en el gobierno de Gabriel González Videla. Por cierto, la denuncia del “anticomunismo” ha sido una estrategia constante en la historia de este partido. Pero no deja de sorprender que ella sea enarbolada cuando está en una posición de poder inédita en treinta años, con una importante bancada de diputados, senadores y ministros de sus filas en el corazón del Gobierno. Aún más paradójico es, sin embargo, que, junto con denunciar los supuestos bloqueos en su contra, no dude en establecer sus propios vetos hacia otros sectores. De hecho, en la misma entrevista el senador Núñez no solo declaraba como algo “nefasto” la posibilidad de que la derecha pudiera presidir la Cámara de Diputados, sino que llegaba a afirmar que “desconfiamos de que la derecha sea un actor válido para llegar a acuerdos”.
Como era de esperar, los dichos de Núñez generaron una fuerte reacción en la oposición, cuyos dirigentes acusaron “falta de vocación democrática” en las palabras del senador y recordaron que fueron precisamente los comunistas quienes en su momento rechazaron el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, y buscaron obstinadamente impedir que el presidente Piñera terminara su mandato. Con todo, tal vez quien verdaderamente debiera estar preocupado por los mensajes del PC sea el propio Gobierno. Subyace en declaraciones como las de Núñez y en la insistencia de los dirigentes comunistas en reivindicar un programa de corte radical el intento por marcarle límites a cualquier eventual giro hacia un mayor pragmatismo por parte de esta administración. La evidente incomodidad del PC frente al protagonismo que han asumido dentro del Ejecutivo las figuras del llamado Socialismo Democrático es expresión de lo mismo.
El cónclave de Cerro Castillo representó un esfuerzo por establecer un marco de convivencia entre las diferentes visiones que conviven en el oficialismo. En el caso particular del PC, sin embargo, todo sugiere que continuará asumiendo la autoasignada tarea de guardián de la línea política. En ello no solo le van razones doctrinarias, sino también de posicionamiento dentro de la izquierda, además de la necesidad de mantener el orden en sus propias filas, donde figuras como el alcalde Daniel Jadue —promotor ahora de particulares “frentes antifascistas”— se encargan de seguir avivando la radicalización.
