Columna Infobae, 06.01.2019 Roberto García Moritán, embajador (r) y ex viceministro de RREE argentino
México ha vuelto al concepto de la no intervención en los asuntos internos. Una formulación que obedece a la tradición diplomática mexicana desde la doctrina del canciller Genaro Estrada en 1930. Esta posición supone que ningún gobierno requiere del reconocimiento de otras naciones para asumir su propia soberanía y, por lo tanto, es considerada como un rechazo explícito a cualquier intervención en los asuntos internos de otro Estado. Si bien este principio ha sido central en los conflictos de la Guerra Fría del siglo XX, resultaría irónico que la doctrina Estrada, que en definitiva se basa en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, sea hoy un escudo de protección de gobiernos antidemocráticos surgidos de procedimientos extrajurídicos, como es el caso del Gobierno de Nicolás Maduro.
La cuestión plantea, en definitiva, no solo un debate de política exterior sino uno de alcance moral sobre la obligación de la comunidad latinoamericana de defender valores internacionalmente reconocidos ante situaciones extraordinarias. Es la Carta Democrática Interamericana, adoptada en el 2001, la que cambia el paradigma para la aplicación del principio de no intervención cuando se violan normas constitucionales que alteran el orden democrático. La acción colectiva prevista en ese instrumento jurídicamente vinculante para todos los Estados americanos no se considera que violente la doctrina Estrada.
Así lo reconoció también México en los últimos años. Esa misma actitud inspiro su renovada participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en Misiones de Paz de Naciones Unidas. También en lo que hace a las votaciones en organismos multilaterales sobre violaciones a los derechos humanos, en particular desde que el canciller Jorge Castañeda, en el 2000, comenzó a criticar abiertamente a Cuba. En este contexto, el Gobierno mexicano saliente ha sido un integrante destacado del Grupo de Lima, que no reconoce las elecciones presidenciales en Venezuela por considerar que no cumplieron las garantías democráticas mínimas y exige el retorno de la democracia.
Es desilusionante que México haya dado un paso atrás en la defensa de valores esenciales del hemisferio. Dicho retroceso hasta podría ser interpretado como un desconocimiento de la Carta Democrática Interamericana que prevé una respuesta hemisférica en el caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración constitucional que afecte gravemente el orden democrático. Lo mismo ocurriría, de persistir en esa posición, con otros instrumentos internacionales de características similares de los cuales México es parte.
Es de esperar que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador recapacite, siga participando del Grupo de Lima y continúe armonizando el importante trabajo responsable que realizan los países de la región en la defensa de la democracia y de las libertades individuales. En esas cuestiones urgentes, América Latina y el Caribe no pueden ser neutrales ni cerrar los ojos ante urgencias humanitarias, quienes violan normas universales de derechos humanos o destruyen el orden democrático de sus sociedades.
