Columna La Tercera, 01.06.2017 Juan Salazar Sparks, embajador (r) y director ejecutivo de CEPERI
El proyecto de ley sustitutivo (otro proyecto “duerme” en el Congreso desde 2008) para la Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido objeto de serios reparos de parte de sectores especializados y de los propios interesados.
Modernizar la Cancillería significa reformar su estructura, porque su Estatuto Orgánico data de 1978 y su Estatuto del Personal del año siguiente (1979). Un ejemplo es la red de embajadas en el exterior, diseñada de acuerdo a los intereses políticos del gobierno de turno, pero sin el imprescindible estudio conforme a los intereses nacionales. Las misiones diplomáticas chilenas son demasiadas y la falta de recursos hace que su labor sea meramente de representación. No disponen de programas culturales, no realizan actividades comerciales, y la promoción de la imagen nacional, captación de inversiones, innovación, y transferencia de tecnologías son inexistentes.
Es urgente una institucionalidad que le dé continuidad a la política exterior y, como en todo país desarrollado, un servicio diplomático de corte profesional. El Servicio Exterior debe ser el soporte de los gobiernos de turno, nunca así su “caja pagadora” ni su objeto de manipulación.
El proyecto sustitutivo implicaría:
-Aumentar la discrecionalidad en el nombramiento de funcionarios, politizando la Cancillería (el partido político prima sobre la meritocracia).
-Con excepción de la Dirección de Protocolo, que se encarga a un funcionario del Servicio Exterior, los restantes directores de la Cancillería serían de la exclusiva confianza presidencial (nombramientos que no provienen de la carrera diplomática). Ello habla de la pobre imagen que tienen los operadores políticos (autores del proyecto) del diplomático como un funcionario fundamentalmente de protocolo.
-Incrementa de manera considerable y sin fundamento el número de agregados (de 33 a 48).
-Por sus atribuciones, ampliación de planta, estatuto independiente, y porque subroga a la Subsecretaría de RR.EE., la nueva Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales constituye una suerte de ministerio paralelo, un organismo independiente del eje diplomático central de la Cancillería.
-Crea bajo la dependencia directa del ministro ciertas unidades que, más allá de abultar el organigrama, aumentar el número de cargos de exclusiva confianza de la autoridad, e incrementar el presupuesto, no tienen una justificación evidente. Este ejercicio se repite con las nueve direcciones generales bajo la Subsecretaría de RR.EE. y dos bajo la Subsecretaría Económica. Todas ellas con rango de embajador.
En fin, no hay una reforma integral, porque no se aborda en plenitud el problema de la profesionalización de la Cancillería. Ni siquiera se han atendido las demandas del propio servicio: (a) Terminar la carrera diplomática en el cargo de Embajador; (b) limitar los nombramientos de embajadores políticos (cuota mínima excepcional; (c) todos los directores de RR.EE. deben ser funcionarios de carrera y no solo protocolo; (d) reducir el número de agregados a los propiamente comerciales (Direcon), o bien, a determinados profesionales especializados; y (e) no aceptar la creación de la Unidad de Asesoría Especializada para la Defensa de los Intereses de Chile, porque esa es la función propia de las direcciones pertinentes de la Cancillería. Esa instancia está conformada por abogados sin el adecuado y necesario respaldo diplomático. El proyecto presentado por el canciller Muñoz solo contiene cambios cosméticos, que encubren una profunda politización (desprofesionalización) del Servicio Exterior.
