Editorial OpinionGlobal, 15.06.2024
Las relaciones entre Chile y Venezuela van de mal en peor. El secuestro, tortura y asesinato de un refugiado político de la dictadura venezolana es un atentado inédito contra la soberanía chilena, cuestión que nuestro gobierno no atina a responder todavía con la firmeza y dignidad necesarias.
Estos hechos delictuosos son derechamente una afrenta, que luego se ha visto agravada por el infundio del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sobre la responsabilidad de supuestos “agentes chilenos” (“el ladrón detrás del juez”), así como por la respuesta venezolana a la nota de protesta chilena alegando la “autonomía e independencia” de dicho fiscal.
Ahora, ante nuevas calificaciones de Saab sobre “histerismo” de las autoridades chilenas, el Canciller Van Klaveren ha respondido escuetamente que "ya estamos acostumbrados a las declaraciones del fiscal nacional... no vale la pena".
Es, por lo anterior, ilusorio esperar cualquier cooperación por parte del régimen de Maduro, ya sea con información sobre sus connacionales; el recibir devuelta a migrantes ilegales suyos desde Chile; y, menos aún, conceder la extradición de los dos sujetos venezolanos acusados como autores directos del asesinato del exteniente Ronald Ojeda. Por lo tanto, no hay que ser ingenuos en la búsqueda de entendimientos con Caracas, ni débiles ante las presiones del sector PC-FA que buscan ‘blindar’ a Maduro y dejar pasar su afrenta.
Es cierto que el agravio contra Chile deja a nuestro gobierno con pocas opciones. La simple protesta no sirvió y la ruptura de relaciones diplomáticas sería la medida de último recurso. Se ha hablado de retirar a nuestro embajador, pero ni él ni el acuerdo alcanzado por el subsecretario del interior Monsalve en Caracas han resuelto nada.
Lo que cabe hacer, entonces, es declarar persona non grata al embajador venezolano en Santiago, de manera de enviar una señal política potente de que Caracas no debe en lo sucesivo inmiscuirse en Chile. De lo contrario, no solo la operación del asesinato de Ojeda quedará impune, sino que la falta de colaboración del régimen autoritario venezolano para el control de la inmigración ilegal hacia Chile resulte en un aumento del crimen organizado en nuestro territorio y plantee el peligro de una desestabilización foránea del país.
