Columna Derechos y Humanidades (n 17), 2011 Lina Callejas Ramírez y Julio Juáregui Medina
“Dulce Patria, recibe los votos
con que Chile en tus aras juró
que o la tumba serás de los libres
o el asilo contra la opresión”
Así canta el Coro de nuestro himno nacional, reflejo de la experiencia histórica de Chile al recibir tantos exiliados extranjeros y el fervor con que los chilenos juran a diario su amor por la libertad y la democracia. Lamentablemente, el secuestro y muerte en Santiago del teniente (r) Ronald Ojeda, militar disidente venezolano refugiado en Chile, ha puesto en duda esa supuesta virtud nacional. En territorio chileno, hoy todo parece posible.
Con el secretismo de la investigación judicial en curso han proliferado las especulaciones sobre quiénes son (autores) y por qué (móvil del delito) asesinaron al refugiado venezolano. Lo único que se sabe, por el momento, es que el grupo que sustrajo a la víctima de su domicilio, en la mitad de la noche, operó en forma profesional y estaba integrado por mafiosos vinculados a la organización criminal de esa misma nacionalidad, conocida como el “Tren de Aragua”.
Nada está demostrado todavía y, probablemente nunca lo estará, por lo que no faltarán quienes querrán hacernos creer que se trató de un simple caso delictual entre los muchos que abundan hoy en el país. Sin embargo, todo indica que, detrás de este crimen, existe una motivación política: sicarios habrían actuado por encargo del gobierno o la inteligencia venezolanas, porque había que eliminar a un hombre al que el régimen chavista consideraba un traidor.
El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela no es más ni menos que una narco dictadura. No sólo se trata de un régimen autoritario per se, sino que está basado en la economía de las drogas y en el poder paramilitar del crimen organizado. Su modus operandi es el mismo al del resto de los regímenes totalitarios del mundo, llámense Corea del Norte, Cuba, Irán, Nicaragua o Rusia. A los disidentes u opositores se los encarcela, tortura, envenena y asesina, ya sea en el país o en el extranjero. Pues bien, Ronald Ojeda fue ultimado en Chile para amedrentar a los demás activistas venezolanos dispersos por la región.
Esta página editorial no comentará la absurda defensa a ultranza hecha por el Partido Comunista chileno de la tiranía chavista, salvo consignar que -con ello- demuestra su amenaza potencial para un régimen similar en el futuro de Chile y el hecho de que su influencia inhibe a que el presidente Boric asuma una postura clara en materia de derechos humanos y democracia en Venezuela.
La primera consecuencia nefasta de todo este episodio es que hemos perdido la condición de “asilo contra la opresión”. Si el Estado chileno no reacciona ahora es porque no cuenta con la inteligencia adecuada para defender a los refugiados en su territorio, ni la mínima contrainteligencia para neutralizar las acciones de agencias extranjeras en suelo chileno.
La segunda gran consecuencia es el fracaso de la ‘estrategia de diálogo’ seguida por la Administración Boric hacia Venezuela, tras el nombramiento de un embajador en Caracas y los contactos de alto nivel entre ambos gobiernos, otra ingenuidad ‘frenteamplista’ para obtener la cooperación chavista en la devolución de los inmigrantes ilegales venezolanos.
Resulta que la dictadura de Maduro no sólo se encargó de inhabilitar a la candidata opositora María Corina Machado para las próximas elecciones presidenciales, sigue reprimiendo a los opositores (detención de la activista Rocío San Miguel), y ha avisado que se perpetuará en el poder (por las buenas o las malas), sino que se dio el lujo de mandar a matar a un exmilitar refugiado en Chile.
¿Y, la soberanía de Chile dónde queda? ¿Cuál es la política que seguiremos en adelante con Maduro?
La debilidad y falta de profesionalismo de la Cancillería chilena al respecto es más que evidente. Podría haber llamado ya en consulta a nuestro embajador para dar una señal de nuestra seria preocupación. También podría haber emitido alguna declaración en cuanto a las aprehensiones de la opinión pública. Pero no, demuestra un silencio sepulcral desde su isla en el edificio José Miguel Carrera.
Veremos más adelante si, al término formal de las investigaciones, el ministro atina a proponerle al presidente algún cambio de rumbo en nuestras relaciones con Caracas o, en su defecto, acciones más concretas (no retóricas) con respecto a la defensa de nuestra soberanía.
