Columna El Líbero, 16.09.2026 José Luis Balmaceda, embajador (r) y presidente Fundación Sinergia Humanitaria
La tragedia ocurrida en el hogar El Edén, en Villa Comuy, comuna de Pitrufquén, vuelve a enlutar a Chile y plantea una pregunta que ya no admite respuestas dilatorias: ¿Cuánto más debe ocurrir para que el país adopte medidas concretas y permanentes capaces de proteger a quienes viven en establecimientos de larga estadía?
El incendio dejó 16 personas mayores fallecidas, y puso nuevamente de manifiesto la extrema vulnerabilidad de quienes, por edad, dependencia, discapacidad, precariedad económica o ausencia de redes familiares, requieren de terceros para desenvolverse y enfrentar una emergencia.
Las condiciones en que funcionaba El Edén hacen aún más urgente esta discusión. Según los antecedentes conocidos, el recinto no contaba con autorización para operar y registraba antecedentes sanitarios previos. Al momento del siniestro había 26 residentes y una sola cuidadora se encontraba de turno.
Las causas del fuego y las eventuales responsabilidades deberán establecerse mediante la investigación en curso. Pero hay una pregunta que el país puede formular desde ahora: ¿Cómo fue posible que un lugar destinado a proteger a personas especialmente vulnerables llegara a funcionar bajo condiciones aparentemente tan alejadas de las exigencias existentes?
Una historia que vuelve a repetirse
Pitrufquén no es un caso aislado. En abril de 2014, un incendio en una casa de reposo de Reumén, comuna de Paillaco, dejó diez fallecidos. En agosto de 2018, diez mujeres mayores murieron en la Casa de Reposo Santa Marta, en Chiguayante. En octubre de 2019, cinco personas mayores fallecieron en un hogar de Rancagua; en julio de 2021 fueron seis las víctimas fatales de un incendio en San Felipe, y en septiembre de 2022 otras dos murieron en un establecimiento de Macul.
Son hechos distintos, cuyas causas deben analizarse individualmente. Pero, considerados en conjunto, dejan una conclusión difícil de ignorar: Chile ha tenido sucesivas oportunidades para aprender y prevenir, sin conseguir todavía construir un sistema capaz de anticipar adecuadamente los riesgos.
Después de cada episodio llegan el impacto, las investigaciones, los anuncios de nuevas inspecciones y las promesas de revisar procedimientos. Con el paso del tiempo, la urgencia disminuye. Hasta que vuelve a ocurrir.
Un desafío que llegó para quedarse
La dimensión de este desafío seguirá creciendo. Chile envejece aceleradamente y con ello aumentará la necesidad de servicios destinados a quienes presentan distintos grados de dependencia y vulnerabilidad social. No estamos ante una cuestión marginal ni pasajera.
El envejecimiento de la población constituye una transformación estructural de nuestra sociedad. Proteger a quienes necesitan cuidados permanentes debe asumir, por ello, la categoría de política de Estado.
Chile cuenta con un marco regulatorio. El Decreto Supremo N°20 del Ministerio de Salud establece requisitos para los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores en materias como infraestructura, dotación de personal, prevención de incendios, evacuación y planes de emergencia. La cuestión esencial, entonces, no es solamente qué establece la regulación, sino qué tan eficazmente se cumple.
Una revisión centrada en documentos puede comprobar la existencia de un plan de emergencia, una nómina de trabajadores o determinados certificados. Pero eso no necesariamente refleja lo que ocurre de madrugada, cuando un incendio exige evacuar a residentes postrados, con movilidad reducida o deterioro cognitivo. La supervisión debe comprobar la realidad: quién está efectivamente de turno, cuántos residentes dependen de esa dotación, si las alarmas funcionan, si las vías de salida están despejadas, si los sistemas contra incendios operan y si quienes deben actuar saben hacerlo. Cuando el nivel de riesgo lo justifique, estas verificaciones deben ser sorpresivas y considerar también horarios nocturnos.
Lo que podemos aprender de otros países
Chile no necesita comenzar desde cero. La experiencia de países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Alemania, Francia y Canadá muestra que la protección de las personas mayores que viven en residencias no puede descansar solamente en una autorización sanitaria o en una inspección ocasional. Aunque sus sistemas son diferentes, existe una evolución común hacia modelos que combinan seguridad, calidad de atención, derechos de los residentes, supervisión y transparencia.
En Reino Unido, la autoridad reguladora inspecciona y califica los establecimientos y pone a disposición del público los resultados de esas evaluaciones. Estados Unidos combina inspecciones presenciales, información sobre dotación de personal y diversos indicadores de calidad, que se traducen en información comparable para las familias. Alemania ha avanzado especialmente en un aspecto relevante para Chile: sus controles ponen el foco en la calidad de los resultados y en la situación concreta de los residentes, no solo en la revisión de documentos. Sus sistemas combinan indicadores de calidad, evaluaciones externas y publicación de información para quienes necesitan escoger una residencia. Australia ha reforzado sus estándares poniendo en el centro a la persona, sus derechos, dignidad, autonomía, seguridad y calidad de vida, junto con mecanismos de auditoría, reclamos y publicación de resultados.
Más allá de las diferencias entre estos modelos, existe una enseñanza común que resulta especialmente relevante para Chile: la tendencia internacional es pasar de fiscalizar solamente si un establecimiento “cumple papeles y requisitos” a comprobar si las personas que viven allí están realmente seguras, bien cuidadas, saludables y tratadas con dignidad.
De esta experiencia comparada pueden extraerse nueve componentes que Chile debiera considerar:
-Autorización rigurosa antes de abrir, verificando las condiciones del inmueble, equipamiento, sistemas de emergencia y dotación requerida.
-Fiscalización periódica y sorpresiva, incluyendo controles nocturnos cuando el nivel de riesgo lo justifique.
-Seguridad física y sanitaria, con revisión efectiva de infraestructura, instalaciones eléctricas, sistemas de calefacción, protección contra incendios, vías de evacuación, accesibilidad y condiciones sanitarias.
-Dotación y capacitación del personal, comprobando no solo el número de trabajadores, sino también su presencia efectiva, competencias y preparación para enfrentar emergencias.
-Protección de la dignidad, autonomía y derechos del residente, incorporando el buen trato y la prevención del maltrato como elementos inseparables de la seguridad.
-Sistema independiente y accesible de denuncias, que permita comunicar deficiencias o situaciones de maltrato y proteja a quienes las reportan.
-Planes individuales de emergencia y evacuación, particularmente para residentes postrados, con discapacidad, movilidad reducida o deterioro cognitivo.
-Medición de resultados y transparencia, con indicadores comparables y publicación de información relevante sobre la calidad de cada residencia.
-Sistema de alerta temprana y respuesta, que permita elevar el nivel de supervisión e intervenir oportunamente ante incumplimientos reiterados o situaciones de riesgo.
La OCDE ha destacado precisamente la importancia de medir la calidad de los cuidados de larga duración y utilizar esa información para mejorar los estándares y orientar las políticas públicas. Ese cambio de enfoque es una de las principales lecciones que Chile debería recoger.
Del papel a la realidad
Pitrufquén debería impulsar una política nacional de seguridad y bienestar para las personas mayores que viven en establecimientos de larga estadía. Esa política requiere, junto con los estándares señalados, un registro nacional único y actualizado, supervisión basada en riesgo, planes individuales de evacuación, simulacros periódicos, coordinación efectiva entre Salud, Senama, municipios y Bomberos, y un sistema de alerta temprana que permita intervenir cuando se acumulen denuncias o incumplimientos.
A ello se deben sumar capacitación permanente, evaluación de resultados y consecuencias oportunas cuando la seguridad de los residentes se encuentre comprometida. El objetivo no es generar más burocracia. Es conseguir que las disposiciones existentes -y aquellas que sea necesario perfeccionar- se cumplan, se verifiquen y permitan actuar antes de que ocurra una nueva tragedia.
El momento de actuar
Pitrufquén no puede quedar reducido a otra fecha dolorosa. Chile conoce el desafío, dispone de normas, cuenta con capacidades técnicas y tiene a su alcance la experiencia de países que han avanzado en esta materia.
Lo que falta es transformar todo ello en una política pública de largo plazo, acompañada de una gestión eficaz, con responsabilidades claras, recursos, supervisión efectiva y capacidad de anticiparse al riesgo. Mejorar la gestión evita que las mejores normas pierden sentido cuando existen fallas de coordinación, controles insuficientes, información que no circula oportunamente o incumplimientos que no generan una reacción proporcional al riesgo.
La respuesta que hoy se necesita es pasar de la reacción a la prevención: mejorar la gestión, detectar los riesgos a tiempo, hacer cumplir las normas y garantizar que ninguna persona mayor quede expuesta porque el sistema no actuó cuando todavía estaba a tiempo. Que estas medidas finalmente se adopten sería el mejor homenaje que podríamos ofrecer a quienes perdieron la vida en Pitrufquén.
