Columna El Líbero, 02.12.2023 Fernando Schmidt Ariztía, embajador (r) y exsubsecretario de RREE
Mañana domingo se celebra un plebiscito en Venezuela. En cinco preguntas aparentemente simples la consulta pretende validar la soberanía de ese país sobre el territorio del Esequibo (160.000 km cuadrados) ubicado en la vecina Guyana donde representa casi dos tercios de su superficie terrestre, y en cuyo mar se han encontrado reservas enormes de petróleo que permitieron que el PIB de este país creciera el año pasado un 59%.
Con el plebiscito, el régimen de Maduro acorralado por muchos factores internos, y también por un errático manejo diplomático de esta causa nacional, pretende demostrarles a sus ciudadanos y al mundo, a pocos meses de una elección presidencial, que el masivo apoyo que seguramente van a recibir es una expresión de respaldo a su gestión. Quieren proyectar la idea que en el régimen dictatorial radicaría la verdadera defensa de los intereses territoriales de Venezuela sobre Guyana. Es como si el gobierno de Bolivia, buscando una reelección y enfrentando una oposición mayoritaria, convocara una consulta popular para reivindicar una salida al mar.
La controversia sobre el Esequibo es compleja y se origina en la época colonial a partir de la expansión inglesa y holandesa en el Caribe, países que por competir con España en el escenario europeo jamás tuvieron en cuenta sus derechos en América. La Venezuela independiente reclamó varias veces ante el Reino Unido por la expansión de colonos británicos sobre territorios que eran propios, lo que condujo al Laudo Arbitral de 1899 que, por la unanimidad de los cinco jueces que componían el Tribunal ad hoc, falló a favor de Londres, la gran potencia de entonces.
A pesar de las protestas venezolanas de la primera mitad del siglo pasado, las comisiones de límites iniciaron su tarea, pero un hecho inesperado remeció la validez del Laudo al descubrirse en 1948 que el fallo era producto de una negociación secreta entre los jueces. Ante este hecho el gobierno de Caracas lo declaró nulo e inexistente en 1962. Ese nuevo factor condujo al Acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela, por un lado, y el Reino Unido y la entonces colonia de la Guyana Británica (próxima a independizarse), por otro. Allí se reconocía la existencia de un litigio, pero no se invalidaba el Laudo y, además, detallaba en su artículo 4 los pasos a seguir para resolver el diferendo fronterizo por medios pacíficos.
A partir de este punto surgieron varios intentos para resolver la disputa, incluyendo el congelamiento de la controversia, lo que no fue aceptado por Venezuela. En paralelo, hubo un desarrollo normal de las relaciones políticas y económicas entre ambos países y con las naciones caribeñas recién independizadas reunidas en torno a Caricom, o la Comunidad del Caribe. Para estos, Caracas se convirtió desde los 70 y hasta la primera década de este siglo en su principal interlocutor latinoamericano y socio en foros multilaterales sensibles, como el sistema interamericano. Es más, los gobiernos de Chávez y Maduro acordaron con Guyana y Caricom en 2004 y 2006 congelar el tema a cambio de apoyos políticos circunstanciales para hacer de las Antillas un mar bolivariano.
En lo tocante al asunto de fondo, Venezuela y Guyana recurrieron en 1983 a los buenos oficios del secretario general de la ONU, conforme al Acuerdo de Ginebra, que nombró a un buen oficiante quien falleció el 2014 sin lograr cumplir con lo encargado. Al año siguiente, Guyana anunció el descubrimiento del Bloque petrolero Stabroek, a más de 200 kilómetros de la costa, que contenía 11 mil millones de barriles de petróleo. Según Venezuela, el Bloque y otros yacimientos descubiertos con posterioridad caían total o parcialmente en el territorio marítimo en disputa de acuerdo con las proyecciones de las líneas de base de Caracas, lo que era contradicho por Guyana. Sin embargo, Stabroek comenzó a ser explotado exitosamente por EXXON, con un 25% de participación de China National Offshore Oil Company (CNOOC), entre otros. Es más, la R.P. China incrementó su presencia en Guyana a través de varios acuerdos intergubernamentales, donaciones en equipamiento de defensa, así como la actividad de empresas como Bonsai Minerals, China Railway Road, China Harbour Engineering Corporation, Beijing Construction Group, etc.
El 2018, cuando se cerraron otras vías de solución pacífica, Guyana decidió demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de acuerdo al artículo 4 del Acuerdo de Ginebra de 1966, confiados en una nueva realidad geopolítica producto del despegue económico. Además, tenían como antecedente recientes fallos de la CIJ sobre cuestiones territoriales y de jurisdicción marítima y, seguramente, valoraron el sensible declive de la posición interna e internacional de Venezuela. Dicho país recurrió sin éxito la maniobra guyanesa.
De este modo, Caracas convocó a fines de septiembre al plebiscito de mañana con miras a la unión de los venezolanos ante el juicio que se avecina. No obstante, dos de las cinco preguntas planteadas generan enorme inquietud en Guyana y el mundo. Una se refiere al cuestionamiento de la jurisdicción de la CIJ como mecanismo para resolver esta controversia, y en el fondo denuncia el Acuerdo de Ginebra. La otra se refiere a la creación de un nuevo Estado venezolano llamado “Guyana Esequiba”, que extendería la soberanía venezolana unilateralmente sobre dos tercios del territorio del país vecino y le otorgaría la nacionalidad a los habitantes de la zona.
Frente a esta acción de la dictadura, el país caribeño, con el respaldo de Caricom, solicitó medidas provisionales ante la CIJ para la suspensión del plebiscito venezolano de mañana alegando que representa un grave avance para apoderarse de su territorio. La Corte debería emitir un auto mientras escribo estas líneas, pero seguramente se limitará a llamar a las partes a la prudencia.
La oposición a Maduro reunida en la Plataforma Unitaria reafirmó los derechos venezolanos sobre el Esequibo, pero cree que Venezuela sí debe acudir a la Corte por tener sólidos argumentos jurídicos. Piensan que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento para resolver el diferendo; que la situación creada es producto de 20 años de una política exterior irresponsable, y que los ciudadanos deben sentirse libres para decidir en las consultas sin auto inculparse de vendepatrias. Es decir, sacan el plebiscito del terreno emocional para situarlo como una mera maniobra política.
Visto desde Chile, debemos estar atentos para identificar el uso de este instrumento a favor de los objetivos electorales de Maduro, es decir, que no desemboque en una manipulación del calendario presidencial de 2024 y/o en el arrinconamiento de la oposición. Tenemos que ser certeros, también, en condenar la consulta como pretexto encubierto de un expansionismo territorial por parte de un Estado, y debemos enfatizar en la solución pacífica de las controversias que establece el Acuerdo de Ginebra, con arreglo al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
Por ahora no creo que esta disputa escale hacia un enfrentamiento bélico. No está en el interés de las partes o de quienes los puedan respaldar. Venezuela pasa por una situación muy delicada en lo interno, en lo económico y en lo internacional. No podría sostener un conflicto de largo aliento sin agravar sus críticas condiciones. Guyana se encuentra en pleno despegue económico, pero no cuenta con fuerzas militares de peso. Brasil, Estados Unidos, Rusia, Cuba, India o China harían todo lo posible por lograr una disuasión. En resumen, una guerra la veo muy difícil… a no ser por un error de cálculo como en Malvinas.
