Columna El Dínamo, 17.03.2024 Juan Pablo Glasinovic Vernon, abogado, exdiplomático y columnista
Han transcurrido dos años del actual gobierno y ya hemos pasado la mitad del mandato. Con motivo del primer año de esta administración hice un análisis. En síntesis, ese período fue caótico y hasta delirante, con grandes titulares como que se iba a implementar una política exterior turquesa, feminista y con énfasis en los Derechos Humanos, pero con un equipo de poca experiencia, mal afiatado y además permanentemente intervenido y desautorizado por los asesores del segundo piso de La Moneda y por el propio presidente. Bajo la tríada de la inexperiencia, voluntarismo e ideología, se pensó en refundar nuestra política exterior y, como en otros ámbitos, el choque con la realidad fue brutal.
Fue un año absolutamente perdido, no solamente porque no se hizo nada significativo, sino porque se retrocedió, especialmente en nuestra proyección en el Indo Pacífico. Se sucedieron una serie de bochornos (algunos groseros y pueriles) que deterioraron nuestra reputación como país confiable y consistente, además de enredarnos en algunas disputas, incluso con países con los cuales hemos tenido una tradicional buena relación.
Afortunadamente, la derrota de la propuesta constitucional el 4 de septiembre del 2022 significó un punto de inflexión en este derrotero y el presidente renovó completamente la cúpula de la cancillería, nombrando ministro a Alberto Van Klaveren, una persona de vasta trayectoria que incluye haber sido subsecretario con Bachelet y agente chileno en los litigios con Perú y Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia.
Durante este segundo año se ha notado la experiencia de Van Klaveren, esta vez con un equipo de subsecretarias mucho más afiatado, y parecía que nuestra política exterior se reencauzaba hacia una dimensión de Estado.
Se ratificó el CPTPP (considerado hasta entonces por Apruebo Dignidad como “la encarnación del neoliberalismo” y respecto del cual el subsecretario de la época hizo todo lo posible para que ello no ocurriera) y también se suscribió el acuerdo de profundización con la Unión Europea.
Se retomaron los temas tradicionales, muchos de los cuales se habían planteado como novedosos y transformadores en el programa de gobierno, siendo una mera continuación de la política de años, más allá de la pirotecnia de los nombres.
Lamentablemente, aunque el segundo año ha sido mucho mejor para la conducción de nuestra política exterior, siguen reverberando fuertemente la ideología y el voluntarismo, los que chocan y muchas veces anulan la experiencia del canciller y de su equipo.
Como bien sabemos, de acuerdo con nuestro ordenamiento, la conducción de las relaciones internacionales le corresponde al presidente de la República, y todos nuestros mandatarios han impreso su carácter en la política exterior. Eso sí y desde la recuperación de la democracia, todos los jefes de Estado llegaron al cargo con bastante experiencia en ese ámbito, además de apuntar a ministros que también la tenían. No fue el caso del presidente Boric, quien tampoco en su primer año se rodeó de un equipo experimentado. No es de extrañar entonces lo que ocurrió durante ese lapso. El presidente no tuvo un contrapeso relevante ante ciertas situaciones totalmente evitables, como fue el rechazar recibir al embajador de Israel cuando iba a presentar sus cartas credenciales.
El nombramiento de un nuevo equipo encabezado por Van Klaveren, si bien fue un acierto, quedó cojo desde el punto de vista del proceso de toma de decisiones en política exterior. El factor ideológico y su voluntarismo siguen en la presidencia y en el segundo piso, y por lo tanto muchas veces la experiencia ha sido superada por esas dimensiones. Eso ha quedado en evidencia respecto de la postura ante en conflicto en Gaza.
Una cosa es condenar las atrocidades cometidas por Hamas e Israel, así como la vulneración de los más elementales principios del Derecho Humanitario y de las normas de la guerra por Israel, y otra es involucrarse en ese conflicto del cual no somos parte.
Creo que esta distinción es importante porque bajo la apariencia de una política exterior ética, nos podemos adentrar en una dimensión que además de sernos ajena, está llena de matices y por lo mismo lo “correcto o incorrecto” en muchos casos no es evidente.
Para ser consecuentes desde esa perspectiva, en nuestra propia región debiéramos concentrarnos en promover activamente la democratización de las varias dictaduras que nos aquejan, incluyendo exigir que cesen y se castiguen sus permanentes violaciones a los Derechos Humanos.
Habiendo transcurrido entonces la mitad del período subsiste la ideologización de la política exterior, lo que a su vez estimula la fragmentación. Estamos enredados en temas menores desde el punto de vista de los intereses y necesidades de Chile, perdiendo terreno precisamente en desmedro de nuestras prioridades. En otras palabras, la política exterior se está desacoplando de lo que requiere el país, más allá de los gobiernos de turno.
¿Y cuáles son nuestras prioridades actuales? Todas las encuestas lo ratifican: seguridad. Las personas están preocupadas y alarmadas por el aumento exponencial de los delitos, incluyendo la criminalidad organizada, que por esencia es transnacional. Esta delincuencia está afectando no solamente la seguridad personal, también destruye la economía y la gobernanza democrática. Si nada se hace, podemos llegar a convertirnos en un estado fallido (y ya tenemos el ejemplo y anticipo de numerosas zonas de nuestro territorio que están fuera del control estatal y en manos de bandas criminales).
Es de perogrullo entonces privilegiar esta arista en nuestra política exterior, partiendo por nuestros vecinos. Acá caben desde los tratados referidos al ámbito de la persecución criminal para hacerla más efectiva y apuntar a los bienes de los delincuentes, hasta coordinaciones en materia migratoria, intercambio de información, etc. La red de colaboración ya existente y que involucra principalmente a fiscalías y policías puede potenciarse y mejorarse con un claro rumbo estatal, construyendo alianzas efectivas con otros países y sumando recursos financieros y experticia tras ese fin.
En paralelo, pero supeditado a la seguridad, no puede dejar de promoverse el desarrollo del país, atrayendo inversiones y tratando de sumarse a las cadenas regionales y globales de valor. Eso requiere en forma urgente, además de la seguridad, podar esa maraña de regulaciones que al final desincentivan los proyectos, perjudicando a las comunidades y sin asegurar mejores condiciones ambientales, porque está creciendo la informalidad que suele ser más dañina para el entorno.
Junto con alinear los esfuerzos en pos de la seguridad, en esta segunda mitad el gobierno podría convocar a un necesario amplio diálogo para consensuar una política de Estado en materia internacional. Llevamos años a la deriva en este ámbito y se hace cada vez más evidente el costo de no contar con un mapa de ruta que comparta la mayoría.
En el contexto actual no será fácil, pero es el gobierno el que está en una mejor posición para convocar a un debate de esta naturaleza, al ser el titular de la conducción de la política exterior.
La alternativa de eludir este debate es seguir enfrascado en políticas contingentes de acuerdo con el gobernante de turno, sin un hilo conductor y tampoco objetivos claros. O sea, seguir reduciendo la política exterior a una pobre expresión de la política doméstica (de por sí paupérrima).
Pensando en el legado, este gobierno podría anotarse puntos trascendentes convocando al diálogo ya mencionado, además de sintonizar la política exterior con las urgencias de la seguridad y del desarrollo.
Si es por los dos años transcurridos ello no se ve muy factible, pero en un entorno cada vez más impredecible, la esperanza es lo último que se pierde.
