Editorial La Tercera, 24.03.2015
Una encuesta realizada por la Fundación Aitue a quienes se identifican como mapuches, establece que los tres aspectos que consideran más importantes para poder mejorar su calidad de vida son el trabajo, educación y capacitación, quedando en cuarto lugar de relevancia la entrega de tierras. El sondeo -aplicado a 400 personas de zonas urbanas y rurales- ilustra una clara diferencia entre las prioridades que tienen los miembros de esta etnia originaria con las del Estado al momento de diseñar y aplicar las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas.
Y la explicación a esta disonancia parece radicar en un factor común: la pobreza. Según la encuesta Casen 2013, la pobreza en los sectores indígenas llega al 23% (si bien bajó en relación a la medición del 2011, sigue siendo alta). En tanto, La Araucanía, -zona donde se concentran en la actualidad los mayores focos de conflicto con las comunidades mapuches-, es la región que lidera los índices de pobreza a nivel país. Los mismos encuestados reconocen, por ejemplo, que es poco productivo y eficiente contar con tierras si no se les entregan las condiciones y los conocimientos adecuados para explotar su uso; otros advierten que la entrega de predios los amarra a tener que dedicarse a eso, cuando les gustaría explorar otras alternativas.
Considerando esta realidad, resulta coherente que el disponer de una fuente laboral que les permita tener un ingreso seguro, y educación con la cual acceder a mejores trabajos, sean las herramientas que las personas de origen mapuche más valoran como fórmula para progresar. Haría bien el gobierno, entonces, en recoger aquellos planteamientos y revisar la orientación de las políticas estatales que impulsa en esta materia. Todo indica que sería más aconsejable concentrar los esfuerzos en mejorar las posibilidades de los pueblos originarios en esas áreas, que en un programa de entrega de tierras que con los años ha demostrado ser incapaz de resolver sus problemas más acuciantes.
