Columna El Líbero, 22.06.2024 Fernando Schmidt Ariztía, embajador (r) y exsubsecretario de RREE
La política protegió al embajador al ser defendido por sus correligionarios, incluyendo al presidente de la República. La reprensión, si la hubo, quedará en la penumbra del secreto. ¡Qué distinta habría sido la suerte de un embajador de carrera ante la misma circunstancia!
La instalación de unos cuantos paneles solares por parte del estado argentino a orillas del Estrecho de Magallanes, en el extremo norte de la Tierra del Fuego y sobre territorio incuestionablemente chileno, produjo una acertada reacción del presidente Gabriel Boric. Eso sí, demoramos mucho hasta la contundente reacción del mandatario. El 29 de abril los chilenos supimos de la inauguración en Argentina del Puesto de Vigilancia y Control del Tránsito Marítimo Hito 1 de la Armada, justo al otro lado de la frontera común. Mes y medio después, el 17 de junio, Argentina desmanteló los paneles gracias a nuestra firme respuesta, pero su idea original era realizar la operación durante el verano, en seis meses más.
Es posible que la instalación se haya debido a un error; pero es para nada descartable que haya sido algo deliberado tal como lo sugieren la columna en El Líbero de Richard Kouyoumdjan o la entrevista a Luis Valentín Ferrada en El Mercurio. Argentina querría reforzar la tesis del vicealmirante Segundo Rosa Storni, formulada en 1916, que apunta a que el país trasandino sería co-ribereño del estrecho, entre Punta Dungeness y el Cabo de Espíritu Santo (10 kilómetros). Ello implicaría compartir su control con Chile, garantizar la neutralidad de navegación y eventualmente restringir el paso de naves militares. Hasta hoy el sitio oficial argentino que se refiere a Storni contiene la siguiente frase suya: “La política naval es, ante todo, una acción de gobierno; pero es indispensable, para que tenga nervio y continuidad, que sus objetivos se arraiguen en la Nación entera, que sean una idea clara, un convencimiento de las clases dirigentes, y una inspiración constante de todo el pueblo argentino”. Es decir, si descartamos la tesis de la equivocación, habría una continuidad entre las ideas formuladas hace más de cien años y las acciones del día de hoy.
En materias limítrofes las reacciones contundentes tienen que ser proporcionales, justas, serenas, pero rápidas. Al mismo tiempo, tenemos que asumir siempre una intención perversa. No están los tiempos para benévolas dudas sobre intencionalidades y tampoco para enfrentarlas premunidos solamente con nuestras impecables credenciales jurídicas. El Memorándum del embajador peruano Juan Miguel Bákula de 1986, debería servirnos como escarmiento.
El pasado 22 de mayo el ministro de Defensa ruso propuso una revisión de las aguas territoriales en el Báltico que afectaba a tres países europeos. Al día siguiente los rusos procedieron a la remoción de 25 boyas demarcatorias del límite entre Estonia y Rusia sobre el río Narva que habían sido colocadas como ayuda a la navegación según el Acta de la Comisión Bilateral de Límites, celebrada en 2022. El 24 de mayo, horas después del incidente, la reacción de Estonia, la OTAN y la UE fue categórica. Este reciente episodio viene a cuento únicamente por la rapidez de la reacción europea, sensibilizada frente a la tendencia rusa de desconocer límites acordados en el Báltico. Con Argentina nosotros tenemos una historia de desencuentros que hemos sabido resolver sin violencia, pero ante los cuales la oportunidad en la respuesta es un elemento fundamental. Esto debiera ser tenido en cuenta en forma permanente, como política de Estado.
Debemos hacernos cargo que al igual que en el caso del Estrecho tenemos diferencias de diverso tipo y variados niveles de gravedad con nuestros vecinos, en los que nuestra fortaleza radica en los acuerdos suscritos y las normas de derecho internacional. Ello no implica que en determinadas circunstancias podamos tener una visión política más que jurídica para su solución que, de este modo, generan derechos. Pensemos en el triángulo terrestre en la frontera norte; campo de hielo sur; sucesivas reclamaciones bolivianas sobre cursos de agua transfronterizos; la minería subterránea a caballo sobre los límites; extracción de aguas subterráneas que afectan a pueblos originarios chilenos en el norte; delimitación marítima austral; Antártica, entre otros.
Lo anterior nos plantea que, como política de Estado, debemos responder transversal, veloz y oportunamente ante la reaparición de cualquier diferendo, construyendo una unidad nacional férrea, creando una comisión permanente de límites de composición heterogénea, tal como la tienen otros países, y donde la participación del legislativo esté garantizada. Hoy día en nuestro Senado hay 28 Comisiones Permanentes y 10 Comisiones Especiales, pero salvo la de Relaciones Exteriores, ninguna se refiere expresamente a estos asuntos. En la Cámara, a pesar de sus 27 comisiones legislativas, pasa lo mismo. No dejemos que coincidencias ideológicas de turno con los vecinos distorsionen el interés nacional. Para ello, no hay mejor método que discutir y empaparse de estos temas atravesando todo el arco político.
Igualmente, en el largo plazo, debemos diseñar una estrategia que permita detectar a los mejores especialistas chilenos en derecho internacional; exponerlos mucho más allá del hermético mundo académico; alentar sus publicaciones en las revistas especializadas de mejor nivel mundial; establecer una política de candidaturas que privilegie nuestra participación en los foros en los que el derecho internacional se discute y se diseña; debatir estas cuestiones con una óptica más comunicacional, abierta; preparar, en última instancia, candidatos para que Chile pueda lograr un día un puesto en la Corte Internacional de Justicia, el máximo Tribunal mundial. Perdimos una oportunidad preciosa hace dos años. Así, la última vez que tuvimos un juez chileno sentado en la Corte fue entre 1946 y 1955. Es decir, ¡hace casi 70 años!
No podemos desconocer los avances realizados con las participaciones de destacados chilenos en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, en la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas o en el Comité Jurídico Interamericano, entre otros. Sin embargo, pienso que debemos hacer mucho más en esta línea.
En estos días ha tenido lugar un nuevo incidente protagonizado por el embajador de Chile en España que, independientemente de su gravedad o ligereza, finalmente se resolvió por los vericuetos de la política y presumiblemente una amonestación verbal de poca trascendencia. La política protegió al embajador al ser defendido por sus correligionarios, incluyendo al presidente de la República. La reprensión, si la hubo, quedará en la penumbra del secreto. ¡Que distinta habría sido la suerte de un embajador de carrera ante la misma circunstancia! Lo más probable es que fuera devuelto a Chile por falta de criterio, por obrar sin instrucciones, por no evaluar la situación antes de realizar una declaración pública. Además, su carrera habría sido puesta en el “congelador” por algún tiempo antes de asumir una misión diplomática de rango menor.
Esto me lleva a plantear que los embajadores deben serlo del Estado y no del gobierno de turno. Lo anterior debe ser asumido por todos los partidos y tendencias políticas a través de una sencilla reforma constitucional, dejando para el presidente de la República no más de cinco cupos justificados, que estén ligados a lo limítrofe o a alguna circunstancia en la que el jefe de misión deba tener un contacto directo y personal con el jefe de Estado, a cualquier hora del día o la noche. Dicha reforma tiene que implicar una presentación exhaustiva del embajador ante el Senado, en vivo, transparente, observada por la opinión pública y no sujeta a “cuoteos” previamente pactados entre los partidos respecto de embajadores de carrera de izquierda o derecha.
Sólo así avanzaremos en transparencia y tendremos representantes que sirvan al Estado y al país en su conjunto, sin el parapeto protector, ante una metedura de pata, de tal o cual partido o grupo de partidos. Soy consciente que estas propuestas son ilusorias frente a la dura lógica del poder, de la competencia interna, de los cuchillos afilados, pero creo en un Chile mejor… y soñar no cuesta nada.
