Columna El Mostrador, 04.12.2023 Juan Pablo Glasinovic Vernon, abogado (PUC), exdiplomático y columnista
Mientras tanto, Brasil ha movilizado tropas en su territorio cercano al Esequibo, para “prevenir problemas en su frontera”. Cabe preguntarse si también es un disuasivo hacia el Gobierno de Maduro para no entusiasmarse con una aventura militar.
Afortunadamente, la guerra ha estado ausente de Sudamérica hace tiempo y los raros episodios que han ocurrido en las últimas décadas no han escalado y se han resuelto rápidamente, como fue el caso de Perú y Ecuador en la Guerra del Cenepa, en 1995. Esta duró un mes y finalmente derivó en negociaciones que culminaron en el Acuerdo Definitivo de Paz, llamado también Acta de Brasilia, el 26 de octubre de 1998, zanjándose las diferencias territoriales entre ambos países.
A pesar de todos los problemas que tenemos en nuestra región, que lamentablemente ostenta el liderazgo en homicidios a nivel mundial, paradójicamente hemos sido una zona exenta de conflictos bélicos entre Estados por largo tiempo.
Pero esa condición está amenazada actualmente por la tensión entre Venezuela y Guyana en torno a la región de Esequibo, que el primer país reclama como suya. De hecho, ayer domingo, el gobierno de Maduro realizaba un referendo que contiene preguntas relativas a la histórica disputa territorial sobre esa zona, que se remonta a mediados del siglo XIX. La iniciativa de este referendo surgió en septiembre en el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo. Las cinco preguntas de la papeleta eran las siguientes:
¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?
¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?
¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme al derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?
¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?
Cada pregunta responde a los hitos del diferendo y requiere, para la mayoría de los lectores, de una puesta en contexto y de una breve reseña histórica.
Durante la primera mitad del siglo XIX, Inglaterra tomó posesión del territorio de lo que es actualmente Guyana. El territorio inicial surgió de un acuerdo con los Países Bajos, que detentaban lo que es actualmente Surinam y se fue extendiendo hacia Venezuela. Esta expansión británica, aparte de la natural oposición venezolana, no fue vista con buenos ojos por Estados Unidos, en pleno apogeo de la Doctrina Monroe, empujando en 1895 a las partes en conflicto a llevar el asunto a un arbitraje internacional. En 1899 se emite el Laudo Arbitral de París, un dictamen favorable a Reino Unido en la mayoría del territorio disputado.
Pero cuatro décadas después se hizo público un memorándum del abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost, parte de la defensa de Venezuela en el Laudo Arbitral de París, en el que denunció que el laudo fue una componenda política y que los jueces no fueron imparciales.
Este antecedente es el que reavivó el diferendo por el lado venezolano, impugnando el fallo y solicitando renegociar el estatus del territorio del Esequibo.
En 1966, producto de esa postura y a meses de conceder la independencia a su hasta entonces colonia, el Reino Unido suscribió con Venezuela el Acuerdo de Ginebra, que reconoce el reclamo de venezolano y que busca encontrar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la disputa limítrofe.
Los antecedentes anteriores explican las preguntas 1 y 2. Lo que se busca es ratificar que el laudo fue fraudulento y que está pendiente el acuerdo de 1966.
Al respecto, la posición guyanesa es naturalmente contraria, indicando además que el tratado de 1966 no le concierne, porque fue suscrito tres meses antes de su independencia y sin consulta a las futuras autoridades.
Desde 1966 ha habido diversos acercamientos y negociaciones entre las partes para tratar de zanjar la cuestión, pero sin avances ni resultados prácticos (desde la perspectiva venezolana). Ante la persistencia de la pretensión de Venezuela y la inflexibilidad de las posiciones, Guyana introdujo en 2018, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, una solicitud para que se resuelva el conflicto territorial. El gobierno guyanés pidió que “se confirme la validez legal y el efecto vinculante del laudo arbitral de 1899 con respecto a la frontera entre Guyana y Venezuela”. Venezuela se opuso preliminarmente, pero la Corte rechazó su objeción y se declaró competente para resolver sobre el fondo del asunto. Desde entonces Venezuela ha negado la legitimidad de esa institución para resolver la disputa, invocando que el acuerdo de 1966 es la única base válida para cualquier solución.
La tercera pregunta tiene directa relación entonces con la intervención de la Corte Internacional, la cual, en el proceso iniciado por Guyana, podría resolverse durante el 2025.
Ante la convocatoria a referendo, Guyana acudió a la Corte a fines de octubre, presentando una solicitud de medidas provisionales por considerar que Venezuela no debe celebrar el referendo hasta que la CIJ se pronuncie sobre los temas de fondo para determinar si el Laudo Arbitral de 1899 es válido. Este viernes la Corte falló que “Venezuela deberá abstenerse de tomar medidas que modifiquen la situación del Esequibo hasta que la CIJ anuncie una decisión final del caso” y que su dictamen es vinculante y genera obligaciones supeditadas al Derecho Internacional.
La cuarta pregunta dice relación directamente con la explotación petrolera que viene realizando Guyana desde 2015 en el mar frente a Esequibo y que Venezuela considera su territorio. La extracción de petróleo está transformando la economía guyanesa, convirtiendo a ese país de 800 mil habitantes en uno de las de mayor crecimiento en el mundo. Se espera que su PIB crezca 25% este año, tras haberse expandido 57,8% en 2022. Guyana espera producir 1,2 millones de barriles diarios para 2027, lo que lo convertiría en uno de los mayores productores de petróleo de América Latina, solo superado por Brasil y México, y por encima de los 750 mil barriles diarios que produce Venezuela actualmente.
La producción petrolera venezolano se ha desplomado, y sin duda que lo que ocurre en Guyana se ve, por el régimen chavista, como un aliciente adicional para quedarse con el Esequibo.
Finalmente, la quinta pregunta evoca las “mejores prácticas” anexionistas, como lo han hecho los rusos en Ucrania, tratando de legitimar sus conquistas con el voto, pero acá se introduce una “mejora” sudamericana, que consiste en consultar a la población del propio país y no a la de la región que se pretende.
En el trasfondo de este referendo se combinan pretensiones históricas, con razones de coyuntura política y económica. Respecto del contexto político, no es casualidad que ante la posibilidad de que la oposición pueda disputar exitosamente las elecciones que tienen que realizarse en 2025, el régimen chavista quiera distraer la atención y ganar popularidad con la carta nacionalista. La desmedrada situación económica del país abre también el apetito por los recursos petroleros y mineros concentrados en el Esequibo.
El escenario que abre el referendo es riesgoso, porque es muy probable que la población vote favorablemente las cinco preguntas y, en el caso de la quinta, no solo será una flagrante violación del Derecho Internacional, también podría constituir un paso decidido hacia la guerra.
Para Guyana, la reclamación venezolana amenaza su existencia como nación, porque no solo perdería dos tercios de su territorio (160.000 km2), sino también su fuente de ingresos.
A partir de hoy lunes el problema será más complejo y rigidizará aún más las posturas, exacerbando los ánimos en desmedro de la paz regional.
Mientras tanto, Brasil ha movilizado tropas en su territorio cercano al Esequibo, para “prevenir problemas en su frontera”. Cabe preguntarse si también es un disuasivo hacia el Gobierno de Maduro para no entusiasmarse con una aventura militar.
El próximo hito, a menos que la sangre llegue al río, será el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la validez del laudo de 1899.
La región debe mirar con atención lo que está sucediendo entre estos países y prevenir un conflicto que no solo podría modificar la configuración territorial del subcontinente, sino que también tendría importantes consecuencias políticas y económicas.
