Blog La Tercera, 09.01.2017 Samuel Fernández I., abogado (PUC), embajador (r) y profesor (U. Central)
El año que iniciamos, también traerá definiciones frente a los dos juicios que prosiguen ante la Corte de La Haya, y que un nuevo Gobierno deberá abordarlos. La demanda boliviana, sobre si hemos faltado o no a la obligación de negociar, de buena fe, un acceso soberano al Océano Pacífico, que entra en su etapa de alegatos orales en algún momento del 2018. Y la demanda de Chile a Bolivia, sobre si El Silala, es o no es, un curso de agua internacional, que continúa en su etapa escrita. Dos asuntos diferentes y ante la misma Corte, ahora compuesta por 5 nuevos Jueces de los 15, algunos por reelección; sin olvidar los Ad Hoc, uno por cada parte en los litigios.
Por cierto, ya hay especulaciones en algunos medios sobre quien tendrá a su cargo la ejecución de nuestra política exterior, que el reelegido Presidente determinará; más quienes serán los Agentes, Coagentes, Asesores y demás involucrados en los dos pleitos, se mantengan los actuales, o se reemplacen o refuercen con nuevos aportes. Una gran responsabilidad, sin duda, que corresponderá ponderar de acuerdo a los resultados obtenidos, hasta ahora, y los avances evidenciados en el campo jurídico, y otros paralelos que necesariamente inciden; como el político, diplomático, histórico, y comunicacional, entre los más importantes. Si bien todo aconseja una apropiada continuidad, no son cargos vitalicios, y cada administración tiene plena libertad decisoria.
En lo jurídico, habrá que evaluar con nuevos ojos el derecho internacional y sus rápidos cambios, evidenciados en las más recientes sentencias de la Corte, donde han predominado las soluciones equitativas, por sobre la acostumbrada rigidez clásica, como prueba irrefutable de su adecuación a nuevos tiempos. Más permeable a otros factores que ahora también se consideran, y donde el mayor valor de la justicia, se equipara en vigor, al estricto derecho que a cada parte pudiere corresponderle. De ahí que esta tendencia haya sido apreciada como una politización de la Corte, o dictación de sentencias salomónicas. No consideran, tal vez, que el derecho actual evoluciona y procura reevaluarlo, cuando la juridicidad haya derivado en una situación, que estando dentro de la legalidad, a lo mejor, podría llegar a un resultado injusto. No significa que tal derecho no exista o dejado de estar plenamente vigente, sino que hay más elementos que se consideran en su aplicación actual.
Dentro de este ámbito, es de esperar que no se insista en contrarrestarlo mediante la simplificación de continuar o denunciar el tan mencionado Pacto de Bogotá. Sólo nos da una de las competencias procesales para acudir a la Corte. En nada influye en los pleitos pendientes, ni en la jurisdicción del Tribunal que tantos otros acuerdos contemplan. Además, podría interpretarse como una debilidad de nuestra parte, o muestra de molestia o desconfianza, que la Corte no pasaría por alto, y eventualmente, reflejar en sus fallos.
Los aspectos políticos internacionales que rodean los juicios, ciertamente deberían reexaminarse, otorgando a nuestra diplomacia la adecuada prioridad en difundir y defender nuestros argumentos en los dos casos. Bolivia y su Presidente, no pierden ninguna oportunidad de hacerlo, y han obtenido ventajas apreciables. Se añade a una clara falencia comunicacional que será indispensable corregir. Nada lograremos con pretender encapsular sólo en La Haya ambas controversias. En la era de las comunicaciones globales y de los twits de casi todos los dirigentes que buscan mayor influencia, sería desconocer sus efectos.
Son variadas las decisiones a reconsiderar para la más adecuada defensa futura de nuestros intereses en los dos pleitos en La Haya, que continúan tramitándose.
