Artículo OG Ensayos, Felipe Palma Contreras, magister en Comunicación-Opinión Pública (UDP)
¿Hay explicaciones alternativas al voto voluntario para dar cuenta de la caída en la participación electoral? ¿Hay justificación, normativa o necesidad empírica de promover la participación electoral para futuros comicios? ¿Es la participación electoral indicativa de la calidad de la democracia de un país? Por medio de estas preguntas se desenvuelve este relato, intentando dar señales que puedan reflejar las consecuencias de la desatención que la clase política ha tenido respecto a las demandas ciudadanas.
En los últimos años se ha reflejado una preocupante representatividad que daña la calidad de la democracia, o por lo menos que muestra como en cada elección se reduce la representatividad política de los gobiernos. Desde este fenómeno se ve una ciudadanía que le ha perdido valor a los procesos institucionales y que se ha mostrado activa en las calles como una forma más de hacer política.
Acá se explica las contradicciones de la democracia chilena, fracturada por discursos inclusivos y cauces mayoritarios, que según las definiciones de Carlos Peña, describen a un ciudadano confundido, que prefiere manejar el poder simbólico de los medios de comunicación para hacer valer sus demandas. Finalmente, estas líneas también dan espacio a mostrar como la abolición del sistema binominal, se ha transformado en la nueva promesa para reencantar al electorado.
La nación de los no votantes
A pesar de un período autoritario, Chile consiguió instalar sus valores democráticos destacando atributos como su transición ejemplar, altas cifras económicas e instituciones que funcionan, lo que antes de los casos de corrupción descubiertos en el último año, no sólo eran orgullo para la clase dirigente, sino que para toda la ciudadanía. En cada ranking latinoamericano, el país sobresalía inspirando ejemplos que los vecinos iban replicando desde una nación seria con plenas ambiciones al desarrollo. En la misma región de fuertes escándalos políticos (Thompson,2001) donde nació el “Corralito” el 2001 o a cercanías de la actual crisis institucional que vive Brasil con la suspensión de Dilma Rousseff, Chile destacó por su exitoso modelo democrático latinoamericano, que quizás sólo junto a Uruguay, es posible tildar de robustos.
Sin embargo, a la luz de los indicadores de participación nacional, se evidencia que los gobiernos han ido perdiendo cada vez más legitimidad. A modo de ejemplo, el porcentaje de participación de la población en edad de votar en 1989, fue de 84,2% (PEV emitidos) y en la última elección presidencial de 2013, fue de 49,3% (PEV emitidos en primera vuelta) (Servel, 2015).
Obviamente que las cifras reflejan una preocupante representatividad en el país, situación que además se acentuó con la publicación de la nueva ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario, normativa propuesta justamente para aumentar los niveles de participación electoral, junto con dar una señal a los grupos de presión que protagonizaron marchas y movilizaciones en el Gobierno de Sebastián Piñera (Ruiz y Osorio, 2016). Antes de la entrada en vigencia de dicha ley, existía un padrón electoral muy estable, que en 2012 creció a más de 13 millones de personas, pero su efecto en votos emitidos, se redujo a menos de 6 millones (Mackenna, 2014). Desde este cambio abismante de actitud de los chilenos, no sólo se puede inferir una baja representatividad de la democracia, sino que también obliga a revisar si las consecuencias del voto voluntario produjeron este cambio en el electorado. “Al parecer la inscripción automática tuvo un efecto en que los jóvenes participaran en mayor medida que en 2008, o al menos, declararan hacerlo. Las personas hasta 35 años no cambiaron significativamente su comportamiento (…). Las mayores diferencias se aprecian precisamente entre el grupo de edad media (entre 35 y 50 años), donde la baja en la participación fue sistemática: en promedio se trata de una disminución de 25 puntos porcentuales respecto a igual grupo etario cuatro años antes. Esta evidencia sugiere que aquellos votantes “cautivos”, inscritos desde el retorno de la democracia, seguían votando principalmente porque estaban obligados a hacerlo” (Mackenna, 2014, p. 19). Por estos efectos se concluye “una elitización educativa del electorado y un proceso de selectividad actitudinal por el cual los ciudadanos menos informados e involucrados con la política dejaron de acudir a las urnas” (Ibid, p. 27).
Este nuevo escenario sugiere repensar el país en sus diversas aristas y no sólo cuestionar los comportamientos del electorado, sino también examinar las celebradas instituciones del Chile democrático y revisar si éstas, en su aproximación ciudadana, convocan la participación por las vías tradicionales de la política. Para aquello es instrumental analizar qué tipo de democracia es la que envuelve a las instituciones nacionales, para así dilucidar si ésta es coherente con el actuar social.
Autores señalan que existen dos tipos de democracia; por una parte la mayoritaria o agregativa, que contempla las decisiones de una administración mediante la coincidencia de los intereses del mayor número de personas o mediante las preferencias que los ciudadanos mantienen posterior a un proceso informado o abierto (Peña, 2007). Adicionalmente existe la democracia deliberativa que se caracteriza por incluir la participación de los ciudadanos, que a través del diálogo político, van configurando sus propias predilecciones (Ibid). En este entramado, la identificación de las “reglas del juego” chilenas se inclinan más bien a la primera definición, especialmente porque la ciudadanía se pronuncia con efectos concluyentes cada cuatro años y éste es casi el único contexto cuando la clase política siente afectado el poder que detentan, así como también indirectamente, las instituciones se exponen a un escrutinio efectivo.
En virtud de lo anterior, no es arriesgado afirmar que los comportamientos de la ciudadanía se acomodan más bien al cauce de una democracia deliberativa, perspectiva que como se señaló, es la más apartada en el Chile actual. Sin embargo, una fractura comunicacional se desencadena cuando la clase política toma sus decisiones ajustándose férreamente a una estructura mayoritaria, claro que en ese accionar, transmiten un discurso en donde “todos construimos el país” generando una disonancia en la que no se entiende él por qué de las marchas y las movilizaciones sociales. En definitiva, la élite política sella sus acciones con alocuciones deliberativas que incluyen a la ciudadanía en procesos donde ella sólo fue responsable de elegir a las personas que se sientan en los escaños a tomar las decisiones. Quizás en la actualidad, este actuar deliberativo sólo se puede dar en el proceso constituyente, que ha sido por lo menos en sus inicios, capaz de incluir diálogos ciudadanos que suponen una configuración de gobierno colectivo. Fuera de aquello, la mayoría de las intervenciones de la ciudadanía se traducen en acciones que no se desarrollan por las vías formales de institucionalidad política, donde vemos como los indicadores de representación democrática van bajando sistemáticamente en cada elección. “La eliminación del voto obligatorio y la introducción del registro automático no han sido eficientes en la consecución de su objetivo que era promover la participación por los canales institucionalizados. En una tendencia histórica al abstencionismo (que fue fundamentalmente posible por la vía de la no inscripción que era voluntaria), la supresión del voto obligatorio ha reforzado un patrón de conducta abstencionista que no ha podido compensar la facilidad que genera la introducción del registro automático” (Ruiz y Osorio, 2016, p. 61). En esta línea, la desafección política de la población surge antes que el voto voluntario. Pero ¿es posible establecer cómo ha ido ocurriendo esta desafección en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos identificar un atisbo que pueda explicar algo entre la dicotomía que por un lado revela un silencio apático mediante la abstención al voto y a su vez nos provoca ruido desde una ciudadanía activa y presente en las marchas y movilizaciones?
En el pasado era lógico atribuir motivación y establecer claras diferencias al electorado de 1988, dado que Chile estaba en un gobierno militar donde la ciudadanía se jugaba todas las opciones de volver a la democracia, a la luz de las restricciones que el autoritarismo exige. “Si bien es cierto el gobierno militar buscaba una participación alta para ganar legitimidad con el proceso, el hecho que el 92% de aquellos en edad de votar se inscribieran convirtió al plebiscito en una elección que, de respetarse las reglas del juego, sería tremendamente competitiva” (Navia, 2004, p. 91). Sin embargo en la actualidad, en una sociedad informada y con recursos cognoscitivos superiores, además del avance tecnológico, debieran analizarse otras aristas que también están circunscritas a los alcances de la calidad de la democracia chilena y sus problemas de representación.
Actualmente el espacio público se disputa bajo el contexto democrático, que aunque sea cuestionable o no, funciona con nuevas variables. En este entorno, la clase política ha materializado su poder por larga data con una tradicional actitud para coordinar a los individuos, regulando sus patrones de interacción, que por muchos años se delimitaron a los parámetros institucionales. Sin embargo la ciudadanía moderna aprendió a manejar el poder simbólico de los medios de comunicación, rompiendo el paradigma habitual (Thompson, 1998). Por esta razón se profundizan las vías informales por la que la ciudadanía actúa –marchas o movilizaciones– las que comienzan a posicionarse con una velocidad inusitada, demostrando la efectividad para distintos grupos de presión. Este fenómeno comienza a ser de gran alcance para aquellos sectores, que rápidamente comenzaron a deslegitimar los canales formales de la política ciudadana. “El movimiento social, que no busca únicamente representación, sino que principalmente acción y organización, recupera la política y la comienza a multiplicar en sus luchas, que van más allá de la educación. Reclama soberanía territorial y sobre los recursos naturales denuncia la propaganda sometida a los medios dominantes, recupera espacios, hace asambleas territoriales, comienza a fundar escuelas, corta calles, retoma las huelgas y genera propuestas” (González, Reyes, Sánchez, 2014).
En esta línea, es trascendental destacar la tarea de los medios de comunicación, que aunque mantienen sus intereses como organizaciones detentoras del mencionado poder simbólico, son pieza clave para que los grupos de presión puedan instalar sus demandas. En este entramado se mueven nuevos canales informales de la política, que surgen con el fin de influir en las decisiones de la clase dirigente. Esta es la nueva configuración en que la ciudadanía influye en la opinión pública, ejercicio que termina siendo más efectivo y oportuno que el voto que controla a los detentores del poder cada cuatro años (Habermas, 1981).
La gran promesa
A muchos les gustaría que los cambios fueran más acelerados y es de toda lógica considerando que las mayorías son quienes se están quedando fuera del proceso formal. Sin embargo, a la luz de los distintos escenarios informales que ha ido abriendo la ciudadanía para su actuar político, es la clase dirigente quien ha mostrado una leve voluntad de cambio, que forzada o no, ha tenido algunos resultados que revitalizan la escena electoral. Producto de ello se pueden valorar pequeños gestos de los partidos tradicionales, quienes tímidamente han ido posicionando liderazgos más jóvenes. Claro que esa acción queda desmerecida en función de la intensidad de modificaciones que pide la ciudadanía. No obstante y como aporte mayor, se pueden concebir a los dirigentes estudiantiles y sociales que ahora son parte del Congreso. Los diputados Giorgio Jackson, Gabriel Boric o Iván Fuentes, entre otros, que desde intereses colectivos planifican sus gestiones en la Cámara Baja. Se jactan que sus ascensos al poder han sido por la defensa de los derechos de sectores determinados y no se puede negar que se concretaron por la vía formal del electorado.
Por otro lado en 2015, una de las gestiones que se desarrolló en el Congreso, incluye un profundo cambio en el panorama electoral. Es la abolición al sistema binominal, que ha regido las elecciones en el Parlamento desde 1989. Este sistema electoral en el que eligen dos cargos por circunscripción y que fue diseñado en el Gobierno Militar para mantener la estabilidad política del país, ha tutelado por años las elecciones de forma impopular, ya que disminuye drásticamente la posibilidad de que grupos minoritarios lleguen al poder. “La falta de quórum en el Parlamento había impedido la modificación de estas reglas electorales que presentan notables distorsiones sobre la representatividad y la proporcionalidad” (Ruiz y Osorio, 2016, p. 65). La nueva ley que propone un sistema proporcional e inclusivo, asegura que el número de candidatos que pueden ser electos “está directamente relacionado con la población de cada distrito y circunscripción” (Ibid). Para las próximas elecciones de 2017 será la primera vez que se ponga en práctica esta ley, que sin duda va en función a lo que demanda la ciudadanía.
La abolición al sistema binominal puede ser reconocida como uno de los mayores gestos de la clase política con un electorado adverso y apático. Sin embargo los cambios y nueva identidad que surge desde la ciudadanía, continuará requiriendo diversas concesiones para sentirse incluida en el sistema político. Posiblemente la tecnología puede jugar un papel importante para poder aproximar los intereses de ambos bloques, pensando en que ya hay países en que los votos se manifiestan desde los hogares vía Internet. Sin embargo las soluciones para la apatía de la política formal, no debe quedar sólo en acciones pragmáticas, sino que es vital para los detentadores del poder, implicarse en los temas de fondo, que son sin duda los más importantes escollos por los que la sociedad se aleja del sistema tradicional que propone por el momento la política chilena.
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Referencias Bibliográficas
- John B. Thompson. (2001). El Escándalo Político: Poder y Visibilidad en la era de los Medios de Comunicación. Barcelona: Paidos.
- Leticia M. Ruiz Rodríguez y Nelson Alejandro Osorio. (Enero, 2016). Chile se rediseña: breve balance de cambios en las reglas electorales. Revista Latinoamericana de Política Comparada, Vol. No. 11, 57-68.
- Mackenna, Bernardo. (2015). Composición del Electorado en Elecciones con Voto Obligatorio y Voluntario: un Estudio Cuasi-Experimental de la Participación Electoral en Chile. Revista Latinoamericana de Opinión Pública,N°5(1): pp. 49-98.
- Secretaría de Comunicaciones, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Carlos Peña, (2007). La Función Política de la televisión. tendencias, contenidos y desafíos en el chile de hoy. Santiago: Talleres de Imprenta Salesianos S.A.
- Patricio Navia. (2004). Participación Electoral en Chile, 1988-2001. Revista de Ciencia Política , Vol. XXIV, 81-103.
- Thompson John B, Los Media y La Modernidad. Una teoría de los medios de comunicación. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona 1998.
- Juan González, Marcelo Reyes, Rodrigo Sánchez y Mario Sobarzo. (Mayo, 2014). La Inanición Electoral Chilena y la Nueva Forma de Hacer Política del Movimiento Social. Revista Contrapunto, Seguridad Contra la Pared , Vol, 153 - 163.
- Jürgen Habermas. (1981). Historia y Crítica de la Opinión Pública . Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.
