Columna El Montonero, 09.02.2018 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
Cualquiera puede ver que la política nacional se ha convertido en lo contrario de lo que debería ser: la búsqueda honesta del bien común desde ideologías y posiciones diversas. La penosa situación de Lava Jato, y la corrupción practicada entre las empresas corruptoras brasileñas y los corrompidos nacionales no es el pretexto, sino el contexto de una comedia trágica en la que todos manipulan lo que sabemos - y lo que no sabemos - en función del interés de salir mejor librados, o menos dañados. Es un contexto patético en el que todo vale, aunque el precio sea el frenazo económico del país, efecto inevitable de lo que Roberto Abusada ha caracterizado acertadamente como “La Economía peruana bajo estrés político” (El Comercio, 6.2.2018), título que invierte el del libro escrito por PPK hace algunas décadas: "La Democracia Peruana bajo estrés económico” (Peruvian Democracy under Economic Stress). Los ciudadanos que toleran esta situación, hasta ahora, tomarán nota del maltrato que sufren por el deterioro económico casi intencional al que nos condena la llamada clase política.
Un ejemplo del problema de las manos atadas (por la “camisa de fuerza”) el es que observamos en el movimiento popular que surgió con los importantes aciertos de Fujimori antes de los últimos años de su gobierno - que eran el activo más valioso de sus herederos políticos -. A pesar de los golpes que recibieron en la primera década del siglo XXI (juicio y prisión del líder histórico) conquistaron mayorías cada vez mayores en el Congreso. La dinastía partidaria por él inaugurada parecía inamovible porque plasmaba una impactante continuidad en el apoyo popular. De ahí que resulte inexplicable que el indulto del padre haya sido el factor que dividió a los hijos, generando un fatídico cisma partidario y, probablemente, el cuestionamiento de las credenciales políticas de los hermanos.
Para dar mas color a la paradoja, la izquierda –gran beneficiaria del juvenil enredo fujimorista– ha servido en bandeja una nueva moción para vacar y/o encajonar al Presidente que perdonó la condena del famoso “Chino”. Fuerza Popular deberá procesar esta inesperada tentación con la cabeza fría que siempre caracterizó al “líder histórico”. La negociación congresal en curso plantea el dudoso atractivo de colocar un Jefe de Estado cautivo -como sería el señor Vizcarra– y de hacerse co-gobernantes de facto, tanto como responsables de la mayor inestabilidad, conflictividad y pobreza que se generaría cuando el entorno económico global debería llevarnos a recuperar el 7% de crecimiento que se logró con la política económica liberal del segundo gobierno de García.
Todos conocemos la velocidad vertiginosa con que se amontonan los hechos políticos en el Perú. Y todos anticipamos las circunstancias que se presentarán de aquí hasta la Cumbre Interamericana del próximo abril, poniéndonos en la mira hemisférica y mundial. Entre tales circunstancias podría darse una decisión de la Corte de San José en la sesgada dirección marcada por la Comisión Interamericana de DDHH para orientar la decisión judicial sobre el indulto presidencial.
Sin embargo, la Corte no puede actuar con ligereza jurídica sin arriesgar la propia legitimidad del sistema interamericano de Derechos Humanos que funciona en la OEA. A los recientes análisis de una revista tan prestigiosa como The Economist -que han llegado a comparar los excesos del tribunal de San José con el ejercicio riguroso de las competencias de la respetada Corte Europea de DDHH- se suman dos casos muy significativos: la resistencia generalizada de Costa Rica por el fallo de la Corte IDH sobre matrimonio igualitario (ver último artículo de Ian Vásquez en El Comercio), y el pedido de la Comisión Interamericana de DDHH para que la misma Corte de San José cuestione una de las decisiones de la reciente consulta popular ecuatoriana, provocando que el gobierno de Lenin Moreno retire temporalmente a su embajador ante la OEA. Frente a una decisión adversa sobre el indulto a Fujimori, estos antecedentes exigirían que el gobierno de PPK lo defienda con una entereza similar a la del gobierno del Ecuador y el pueblo de Costa Rica.
El debilitamiento del fujimorismo (por mano propia) podría adelgazar el sentimiento popular que ha servido para mantener el sistema económico de libre mercado consagrado en la Constitución de 1993, vital para el futuro del Perú.
