Declaración* OpinionGlobal, 13.09.2018 Cinco embajadores (r) y ex directores generales de la Cancillería
Ya tenemos fecha para conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda boliviana para negociar una salida soberana al océano Pacífico: el 1 de octubre. Lo que no está claro es qué hará Chile después, puesto que el problema no acaba allí, la estrategia mediática y política de Bolivia frente a Chile no ha sido neutralizada eficazmente y, probablemente, seguiremos afectados por una demanda tras otra con fallos adversos de la CIJ.
De allí que, entre otras cosas, hay que ver cómo recuperar la iniciativa diplomática chilena, de manera que la opinión pública local y la comunidad internacional tomen conciencia de que a Bolivia no le interesa mejorar la conectividad física con nuestros puertos, ni desarrollar una profunda integración regional. Lisa y llanamente, lo que persigue es la cesión de territorios chilenos, para lo cual nuestro vecino busca desconocer el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y el incumplimiento del Tratado de Lima y su Protocolo Complementario de 1929 entre Chile y Perú.
Pensamos que tras el fallo sobre la demanda marítima peruana, Chile debió haberse retirado del Pacto de Bogotá. Un nuevo fallo adverso se dio con ocasión del rechazo de las objeciones preliminares chilenas a la demanda boliviana. La falta de denuncia de la jurisdicción obligatoria de la CIJ en esa segunda oportunidad, y la equivocada determinación de demandar a Bolivia por las aguas del río Silala, ha derivado ahora en una contrademanda boliviana y que nuestro país siga sometido a los arbitrios de dicha Corte.
El retiro del Pacto de Bogotá no implica desconocer nuestro apego a la solución pacífica de las controversias, sino simplemente desprendernos de las ataduras a un tribunal internacional que es político en la elección de sus jueces y que falla, no solo en derecho, sino en equidad y justicia.
Algunos juristas alegan que la denuncia en cuestión "afectaría la imagen internacional" de Chile y "el prestigio que el país ha ganado en el terreno del derecho internacional". Ellos han acusado, incluso, de "estridencia nacionalista", a quienes respaldamos esa opción, en circunstancias de que el exceso de prudencia chileno ha terminado por afectar nuestra capacidad de disuasión. El hecho es que solo 14 países americanos (de un total de 35) y 63 países a nivel mundial reconocen la jurisdicción de la CIJ. Lo verdaderamente riesgoso para Chile es continuar sometidos a un tribunal que relativiza los tratados y que aplica una visión "creativa" del derecho.
Cualquiera sea el contenido del fallo ad portas, Evo Morales se declarará victorioso y reemprenderá su campaña para reclamar de Chile su "litoral perdido", sumándole después nuevos contenciosos sobre el Silala, el Lauca y quién sabe qué otros más.
Dada la perspectiva de que las relaciones chileno-bolivianas sigan empeorando, incluso en un contexto internacional favorable a Bolivia ante reiterados fallos de la CIJ, es indispensable formular una política chilena a largo plazo, denunciar la postura maximalista y engañosa boliviana, cambiar nuestra estrategia exclusivamente jurídica, y renunciar a la jurisdicción obligatoria de la Corte.
Por último, reafirmamos que la unidad nacional es fundamental en todo este proceso, pero entendemos que ella debe estar basada en la defensa de la soberanía e integridad territorial de Chile. Mantenernos dentro del Pacto de Bogotá afectará seriamente los intereses permanentes de la Nación.
Carlos Bustos Díaz, embajador (r) y ex Director de Límites (DIFROL)
Ricardo Concha Gazmuri, embajador (r) y ex Director General Consular e Inmigración
Carlos Klammer Borgoño, embajador (r) y ex Director General del Ceremonial y Protocolo
Juan Salazar Sparks, embajador (r) y ex Director General de Relaciones Económicas Internacionales
Fabio Vio Ugarte, embajador (r) y ex Director General de Política Exterior
* Texto original y ampliado de carta al director del diario La Tercera (15.09.2018)
