Columna Brújula Digital, 23.12.2023 Javier Viscarra, abogado y exdiplomático boliviano
En los confines de la memoria colectiva de Bolivia, como en un pergamino, yace la consigna: “¡El mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber!”. Una frase impregnada profundamente en el alma nacional, tejida con la esperanza de recuperar lo que se considera un fragmento esencial de identidad. El anhelo marítimo se erige como estandarte principal de la política exterior boliviana, una búsqueda permanente que despierta cuestionamientos profundos.
Sin embargo, ¿puede sostenerse esta visión sin considerar que, en esta ruta, podríamos estar relegando al país a vivir de espaldas a uno de sus vecinos más significativos?
Los tres años transcurridos bajo la administración del presidente Luis Arce Catacora han sido testigos de un capítulo oscuro en la historia diplomática boliviana, liderada por Rogelio Mayta, un ministro cuya virtual ausencia y falta de perspicacia en el manejo de nuestras relaciones exteriores han dejado un eco de negligencia y desatención.
En el ámbito específico de las relaciones con Chile, Mayta no solo incurrió en desidia, sino también en omisiones fundamentales. Las aguas del Silala se convirtieron en el escenario de una disputa legal absurda, en la que Bolivia, arrastrada por una torpeza inicial en la concepción del carácter de estas aguas, tuvo que rectificar su postura durante el juicio, tal como lo dictaminó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en un párrafo crucial de su fallo.
Posterior al juicio en La Haya, Mayta permaneció inerte, sin acciones que respaldaran la contrademanda boliviana para desmantelar los canales artificiales. No se propició la generación de proyectos ni se buscó el apoyo de entidades especializadas para abordar esta compleja coyuntura.
El caso del litigio marítimo, que buscaba forzar a Chile a negociar una salida al mar, también reflejó pasividad tras el fallo adverso. Bolivia se aferró a una exhortación final de la CIJ que instaba a ambos países a continuar las negociaciones bajo el principio de la buena vecindad. Sin embargo, este llamado no fue aprovechado; la Cancillería boliviana no construyó una agenda post La Haya. Se limitó a restablecer un diálogo restringido a cuestiones aduaneras y policiales, dejando de lado la verdadera esencia de las relaciones internacionales.
Ante estos silencios y la inacción ministerial han surgido nuevas iniciativas desde ambos lados, como el Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia. Esta entidad, en su IV reunión celebrada hace unas semanas en Arica, Chile, reveló la importancia vital de esta relación, donde el presidente del capítulo chileno, Alberto Salas, destacó el papel fundamental de Arica en el comercio boliviano, representando el 80% de la actividad portuaria de Arica.
Sin embargo, estos esfuerzos empresariales se estrellan contra la inflexibilidad de la política exterior boliviana que, hasta ahora, no ha reflexionado sobre los beneficios y perjuicios de un eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile.
Consciente de estas limitaciones, Walker San Miguel, presidente del capítulo boliviano de este Consejo Empresarial, está tejiendo una red para involucrar a los actores estatales en esta iniciativa. El camino se torna arduo pues la mejora del Acuerdo de Complementación Económica ACE 22, vigente desde hace tres décadas, y la búsqueda de conectividad a través de distintas vías, requieren la participación oficial de ambos gobiernos, algo complejo sin relaciones diplomáticas.
No obstante, uno de los pasos más audaces del Consejo Empresarial ha sido el establecimiento de una mesa técnica logística en la que participan empresarios y, probablemente, entidades públicas de ambos países. Esta mesa, si prospera, podría allanar un sendero hacia un mayor entendimiento entre ambas naciones. Para este cometido, sin embargo, es imprescindible contar con profesionales idóneos, sobre todo en la diplomacia boliviana que Don Rogelio se encargó de sepultar.
La llegada de la nueva canciller, Celinda Sosa, plantea una posibilidad de cambio. Es una oportunidad para que se retomen las riendas y consideren en 2024 estudiar la temática siempre polémica de si se deben o no reestablecer relaciones diplomáticas con Chile, un paso crucial en el enmarañado tejido de la geopolítica regional.
