Columna Infobae, 24.10.2018 Roberto García Moritán, embajador (r) y ex viceministro de RREE argentino
El acuerdo de paz entre Ecuador y Perú del 26 de octubre de 1998, que puso fin a la guerra no declarada de 1995, fue un importante logro diplomático con una significativa contribución de los países garantes (Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos) como facilitadores del proceso. Ese papel surgía del artículo 5 del Protocolo de Río de 1942 que reconocía que los garantes mantendrían esa función de manera continua hasta la demarcación definitiva. Ese punto explica la gestión relevante realizada por diplomáticos de los cuatro países.
El proceso tuvo básicamente tres etapas. Una primera, para concluir la lucha armada y estabilizar la zona militar en la frontera con observadores de una fuerza multinacional (MOMEP). La segunda, para definir cómo tratar el desacuerdo y la tercera, a partir de 1996, dada por la negociación misma de los términos jurídicos del acuerdo definitivo. El reto central del ejercicio diplomático fue brindar asistencia a las partes y encontrar soluciones mutuamente aceptables que estuviesen dentro del instrumento de 1942.
El punto crucial para Ecuador era obtener un acceso libre y soberano al Amazonas y para Perú, la demarcación de la frontera sobre la base del Protocolo de 1942. El éxito de los garantes fue superar ese desacuerdo. Sin la intervención directa de la MOMEP y la calidad diplomática y el profesionalismo de los representantes de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos probablemente el resultado no habría sido posible. El distinguido y destacado diplomático de carrera argentino, embajador Alfredo Chiaradia, era uno de ellos.
La base de la negociación diplomática fue la Declaración de Paz de Itamaraty de 1995. La clave que permitió el arreglo definitivo fue la disposición de Quito y Lima de flexibilizar posiciones originales. Ecuador lo hizo al reconocer voluntad de trabajar sobre la base de los parámetros del Protocolo de Río de 1942 y, tras una brecha de 35 años, aceptar que estaba vigente. Perú, al expresar disposición de negociar a pesar de considerar que el Protocolo era definitivo. Ese espacio que permitió el arreglo diplomático fue un proceso diplomático laborioso y con momentos de tensión e incluso de riesgos de reanudación de la lucha militar. También tuvieron incidencia otros acontecimientos de política interna en Perú y Ecuador como también la ocupación de la Embajada de Japón en Lima (diciembre de 1996) por parte de los terroristas de Túpac Amaru (MRTA).
Tras tres años de intensas negociaciones se logró el acuerdo definitivo. Perú obtuvo la demarcación de la frontera a lo largo de la separación de aguas de la Cordillera del Cóndor. Ecuador logró una pequeña porción de territorio en Cusumaza Bomboisa Yaupi, propiedad privada de un kilómetro cuadrado en Tiwintza y libre navegación sobre el Amazonas.
Ambos países de manera responsable y generosa sacrificaron objetivos en aras de un clima de convivencia pacífica. El éxito del recordado ejercicio diplomático, en particular del papel de los países garantes, es que el resultado no dejó plenamente feliz ni a Ecuador ni a Perú. Sin embargo, significó una solución política con la que podían convivir. La prueba concreta es que, desde la firma del instrumento, han pasado 20 años de paz y fraternidad entre Ecuador y Perú.
