Columna El Montonero, 05.12.2019 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
La credibilidad depende de la concurrencia de ambas
El carácter ético de cualquier lucha auténtica contra la corrupción reclama conductas coherentes en lo interno y lo externo. En vista que los mecanismos que la impulsan en el plano nacional son de carácter legal y hacen parte de la estructura y manejo del Estado, es en el ámbito externo donde pueden detectarse con mayor transparencia incoherencias indeseables en las relaciones con gobiernos o jefes de Estado comprometidos en alguna de las tramas corruptas que abundan en América Latina. El tema es aún más importante porque toca de cerca el ejercicio democrático y la vigencia del Estado de Derecho. Habiendo sido forjador y coordinador del Grupo de Lima para luchar contra la dictadura chavista en Venezuela, el Perú debe mostrar una pulcritud especial en su quehacer internacional al respecto.
El caso de Evo Morales en Bolivia es un botón de muestra no solo por su estrecha alianza con Chávez y Maduro sino por la cercana amistad que tuvo con el Presidente Vizcarra, tal como él mismo dijo en Puno (15/11/19) colocando la relación en una suerte de paréntesis hasta que nuestro vecino lograra estabilizarse “cumpliendo las leyes y la Constitución”.
La OEA acaba de publicar un extenso y pormenorizado Informe Final demostrando la “manipulación dolosa” orquestada por Evo Morales para perpetrar el escandaloso fraude por el que voló a México, donde López Obrador lo protege en un opulento refugio desde el cual presenta como golpe de Estado lo que fue una renuncia violentamente reclamada por las masas de electores burlados.
Es una situación chocante, que contrasta con la eficiencia y rapidez con que el gobierno de la Presidenta Jeanine Áñez ha estabilizado su país y convocado a elecciones mediante una ley del Congreso. Numerosos agitadores subversivos aliados de Evo fueron expulsados, y se ha demostrado que su sindicato de cocaleros del Chapare (Cochabamba) cargaban su producto en las avionetas que diariamente recibían de Venezuela y los carteles del narcotráfico mexicano. Por las evidencias de corrupción existentes, sus adeptos en Bolivia ya no lo siguen ni lo defienden. Los únicos que le creen son los que gobiernan México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia y otros socialistas del Eje del Mal, entre los que se encuentran los homónimos Alberto y Cristina Fernández que presidirán Argentina.
Después de su cautelosa reacción inicial, el gobierno del Presidente Vizcarra no se ha pronunciado ni siquiera por Twitter sobre el gobierno interino de La Paz (como lo han hecho Brasil, Colombia, la UE y EEUU, entre otros). El silencio ha tomado el lugar de la cortesía del reconocimiento y la colaboración que merece ofrecerse a un vecino tan próximo, con el que deberíamos rectificar una impresión de distanciamiento que no corresponde a la realidad política actual de Bolivia y, menos aún, al interés nacional.
Pero más allá de lo bilateral, y del imperativo de contrarrestar internacionalmente la imagen de una democracia sin Congreso ni control político, el Perú no debe alinearse con la dictadura usurpadora de Venezuela contra la que luchó desde el Grupo de Lima precisamente a raíz del último fraude de Maduro, cohonestado en una Cumbre de UNASUR celebrada en el Palacio de Pizarro y presidida por Ollanta Humala.
No marcar distancias con el funesto recuerdo de Evo Morales y sus amigos haría dudar de la coherencia inherente a la lucha contra la corrupción que destaca tan ampulosamente en el discurso del Presidente Martín Vizcarra.
