Columna El Líbero, 28.06.2024 Jorge Canelas Ugalde, embajador (r) y ex cónsul en La Paz
Si hay algo en que nuestros vecinos bolivianos tienen una exhaustiva experiencia, (adquirida en el transcurso de casi toda su historia), es en golpes militares. Los han tenido de todo tipo: Golpes de Estado propiamente tales, impulsados desde derecha e izquierda, así como otros gestados exclusivamente por caudillos al interior de los regimientos y sin participación de civiles.
Pero lo ocurrido esta semana en la Plaza Murillo y el Palacio Quemado aún tiene perplejos a casi todos los bolivianos; tanto, que aún no atinan a darle a los eventos ocurridos una clara definición. No hay evidencia suficiente como para llamarle un Golpe Militar, así, con todas sus letras, puesto que el principal protagonista había sido destituido el día anterior. En rigor, ni siquiera tenía mando al momento de la “asonada”.
Se complicó más el asunto cuando el destituido general Zúñiga, (a quien se conocía como leal y cercano colaborador del presidente Arce), declaraba a la prensa que su intervención había sido convenida con el propio jefe de Estado. Se incrementó la confusión cuando se supo que Zúñiga había sido destituido, pero sin nombrar a sucesor ninguno, algo extremadamente raro…
Todo esto, ante la inmediata sospecha de los ciudadanos que observaban, incrédulos, que no se daba ninguno de los componentes clásicos de los golpes militares. Ni tiros al aire u otras manifestaciones de fuerza por parte de los “golpistas”, (algo infaltable en “todo golpe que se precie de tal”, al decir de los paceños), extrañados por la ausencia absoluta de contra manifestantes o miembros de fuerzas políticas o sociales que se opusieran a la acción militar, como había ocurrido en todos los golpes e intentonas conocidos hasta ahora. Ni los “Ponchos Rojos”, ni los mineros de la Comibol, ni los numerosos cuadros de los movimientos indígenas aparecieron por parte alguna, como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. En ese mismo momento comenzaron a explotar las redes sociales, con “memes” festinando en torno a la poca seriedad del “golpe”.
Al consultar diversas fuentes paceñas, constatamos que la sensación de temor en la población, si la hubo, duró poco. Cundió más la extrañeza y la perplejidad, debido a las inevitables comparaciones que, con el pasar de las horas, comenzaron a hacerse entre estos acontecimientos y experiencias anteriores. En este punto aparecen situaciones que llaman la atención.
El año 2019, Evo Morales impuso su candidatura en contra la decisión manifestada por el electorado en el referéndum de febrero de 2016, que ratificó que la Constitución boliviana le prohibía postular a un tercer mandato. Y cuando se pronunció nuevamente el electorado y Morales quiso desconocer el resultado de la elección, un informe lapidario de los observadores enviados por la OEA determinó la existencia de serias irregularidades en el conteo y transmisión de los resultados. Eso llevó a tal indignación y presión popular, que tras tres semanas de protestas Morales se vio obligado a renunciar y salir exiliado a México. No hubo en esa ocasión ni movimiento de tanquetas ni amenazas militares. Evo Morales renunció después que un alto jefe militar le recomendó hacerlo para evitar la agravación de un conflicto ya desatado, amenazando convertirse en una guerra civil.
Sin embargo, a poco andar, el renunciado Evo Morales denunció que había sido víctima de un “Golpe de Estado”, lo que fue replicado y acogido por sus amigos bolivarianos y socios del Foro de Sao Paulo, quienes se encargaron de instalar la idea de que a Evo se le sacó mediante “un golpe”, que nunca existió. Y a Janine Añez, quien asumió la presidencia en concordancia con el procedimiento establecido por la Constitución boliviana, terminó siendo apresada como conspiradora en el inexistente “golpe”. Añez y el exgobernador Camacho, de Santa Cruz, llevan años como auténticos presos políticos.
En resumen: Evo Morales, quien violó repetidamente la Constitución, desconoció el resultado de un referéndum, luego impuso su candidatura ilegal y finalmente intentó alterar los resultados de la elección, aparece como “víctima de un golpe de estado”. Y sus adversarios políticos, quienes se atuvieron a las disposiciones constitucionales, son sometidos a prisión sin derecho a un juicio justo.
Todos estos hechos innegables deben hacernos reflexionar sobre los acontecimientos ocurridos en Bolivia y la cautela que debemos tener cuando se pide defender los principios democráticos en ese país. Si ha habido un golpe, nuevamente ha sido contra la credibilidad de las instituciones bolivianas.
