Columna El Mostrador, 17.12.2022 Juan Pablo Glasinovic Vernon, abogado, exdiplomático y columnista
Como reacción al fallido autogolpe del presidente Castillo en Perú, los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina emitieron una declaración conjunta en favor de Castillo, pidiendo derechamente que se respete su investidura emanada de la voluntad popular, implicando que fue ilegítimamente removido. También exigen que se respeten sus Derechos Humanos. Esta declaración, que está absolutamente supeditada a la ideología, desgraciadamente está teniendo efectos negativos en múltiples áreas que al final repercutirán en la propia integración regional.
El binomio democracia e ideología es complejo en América Latina, y sus desequilibrios se reflejan en problemas que normalmente redundan en el régimen político y en los esquemas y dinámicas de integración.
Tradicionalmente se asocia a la izquierda política con una dinámica más activa en materia de integración, aunque en la práctica muchas veces esto solo descansa en floridos discursos sobre “la patria grande”, pero con poca concertación e interacción real, o con un acento puesto en lo político y la cooperación en desmedro de la economía. El giro de los últimos años a la izquierda en el continente, incluyendo el reciente triunfo de Lula, abre o abría para muchos la esperanza de una revitalización de la concertación regional.
El régimen político también incide en el nivel de integración. Aquellos países que han derivado en dictaduras, tanto por voluntad propia como por reacción de sus socios, terminan aislados y al menos con las vías de la concertación y del diálogo político severamente mermados.
En la evolución de los acuerdos de integración después de la recuperación de la democracia en el continente a fines de la década del ochenta del siglo pasado, se incorporó la disposición que se conoce como “cláusula democrática”, que básicamente establece que, si un miembro abandona la condición democrática, entonces se le aplicarán sanciones, partiendo por su suspensión en el esquema respectivo. En el Mercosur está el Protocolo de Ushuaia que es probablemente el más completo y que ya se ha aplicado contra Venezuela (en 2017 y sigue vigente) y Paraguay (en junio de 2012 con motivo del juicio político que significó la defenestración del presidente Fernando Lugo. Se restableció su plena membresía en agosto del 2013, cuando se hicieron las nuevas elecciones generales. No puede dejar de mencionarse que mientras Paraguay estuvo suspendido se permitió el ingreso de Venezuela, cuya aceptación tenía el veto paraguayo).
En la Alianza del Pacífico también hay una cláusula (Art.2) que establece que es de la esencia contar con un sistema democrático para participar de este foro, aunque no se detalla un procedimiento de aplicación. En la CELAC también hay una Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional que considera un procedimiento en casos de ruptura.
Finalmente, comparten disposiciones similares la Comunidad Andina, la Comunidad Iberoamericana, la Organización de Estados Americanos, Unasur y Prosur.
Lamentablemente, estas disposiciones por regla general han sido letra muerta. En esto los factores principales han sido la afinidad ideológica y el interés nacional (frontera común, etc.), aunque también ha incidido el criterio pragmático, crecientemente compartido, de que muchas veces es mejor tener a un Estado vinculado que no. De hecho, esa fue la tónica que le imprimió el presidente mexicano AMLO a la Celac antes de ceder la presidencia a Argentina: pragmatismo y transversalidad, entendiendo la diversidad ideológica y de sistemas políticos de la región.
Este estado de cosas, que apuntaba a una recuperación en los procesos de integración tras su estancamiento e involución en la última década, acaba de sufrir un remezón por razones ideológicas. En efecto, como reacción al fallido autogolpe del presidente Castillo en Perú, los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina emitieron una declaración conjunta en favor de Castillo, pidiendo derechamente que se respete su investidura emanada de la voluntad popular, implicando que fue ilegítimamente removido. También exigen que se respeten sus Derechos Humanos.
Esta declaración, que está absolutamente supeditada a la ideología, desgraciadamente está teniendo efectos negativos en múltiples áreas que al final repercutirán en la propia integración regional.
En primer término, desfigura el concepto de democracia y debilita su respeto, anteponiendo el color político (en este caso los cuatro países tienen gobiernos de izquierda). Esto desgraciadamente deja en evidencia que hay un sector muy importante de la izquierda regional que no tiene una convicción democrática fuerte o por lo menos tiene una visión muy parcial de la misma. Esa ha sido una de las razones que explican la sobrevivencia de las dictadura cubana, venezolana y nicaragüense, que han contado con el apoyo continuo de estos sectores, por acción u omisión.
Es evidente que el presidente Pedro Castillo intentó controlar el poder en una democracia en la cual fue electo hace más de un año, rompiendo con el orden constitucional, lo que fue impedido por la rápida reacción de las otras instituciones y el apego de las FF.AA. y de orden a la legalidad. Esto culminó en su remoción por el Congreso, incluso con los votos de casi todos los parlamentarios de su coalición.
Castillo, de acuerdo con la propia normativa peruana, fue sucedido por la vicepresidenta Dina Boluarte y su detención se ha atenido a los estándares del Estado de Derecho, sin violación de sus derechos como procesado ni como persona.
El argumento de que se le debe restituir para respetar la voluntad popular omite el grave atentado frustrado que lo convirtió en un aspirante a dictador (asimilable en los hechos a la actuación de Alberto Fujimori, a quien sí reconocen esa condición).
Además de relativizar lo que es una democracia, la declaración conjunta de estos gobiernos y sus acciones y declaraciones individuales posteriores han sin duda incidido en la situación interna del Perú, agravando las circunstancias. Por un lado, el expresidente Castillo, quien se siente avalado por estos aliados, está manifestando que sigue siendo la legítima autoridad del país y que su remoción es fruto de un complot, lo mismo que de alguna manera resienten algunos sectores del país, lo que se refuerza con la posición de estos países.
Ante la gravedad de la situación interna, que ha forzado a la presidenta Boluarte a anunciar un adelanto de las elecciones, el gobierno peruano ha llamado a consultas a sus embajadores en México, Bolivia, Argentina y Colombia, lo que constituye una fuerte señal de tensión diplomática con estos países por su injerencia indebida.
Esta situación está abriendo una brecha en la integración regional que solo nos puede perjudicar en nuestro rol y posicionamiento mundial. La Alianza del Pacífico ha quedado partida en dos, con México y Colombia de un lado y Chile y Perú del otro. Acá, y como chileno, debo congratular la condena de nuestro gobierno a la intentona golpista, dejando de lado la afinidad ideológica.
Por más pragmatismo que haya hacia adelante, será difícil obviar lo que ha pasado y esto sin duda que, como señalé, dejará herida a la Alianza del Pacífico, al menos mientras se mantengan los actuales presidentes. Lo mismo acontecerá en la Celac, donde AMLO y Fernández borraron con el codo su objetivo de impulsar una integración pragmática, sin considerar el signo ni vaivenes políticos de los países miembros.
Finalmente, los esquemas de integración sufren un nuevo descrédito porque se actuó al margen de ellos, pudiendo haber acudido a los mecanismos establecidos de consulta y diálogo, por ejemplo, en la Celac, donde todos los involucrados son miembros, o dentro de la propia Alianza del Pacífico.
Mientras estos cuatros países apoyan a Castillo, otros cuatro condenaron la intentona golpista y apoyaron el gobierno de Boluarte: Chile, Uruguay, Ecuador y Costa Rica. En Brasil el presidente electo Lula lamentó la destitución, pero reconoció que fue constitucional, lo que marca una diferencia importante con los que apoyan a Castillo y dejando en evidencia la clásica tensión y competencia con México por la influencia regional y su integración.
En suma, esta desafortunada declaración conjunta ha causado importantes daños como los mencionados y seguirá generando consecuencias negativas en nuestro entorno regional. Está por verse si esto llegará a traducirse en costos políticos para sus protagonistas y si contribuye a romper la preeminencia ideológica en muchos regímenes, que anteponen su afinidad en desmedro de la democracia.
