Columna El Montonero, 10.09.2020 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
Una institución histórica que merece el respeto ciudadano
La fragilidad institucional es un mal endémico del Perú que los avatares políticos de los últimos lustros han agravado. A pocos meses de las elecciones, la incertidumbre crece y el futuro del país preocupa. Nada más inconveniente entonces que manchar el prestigio del Servicio Diplomático, cuyas raíces se confunden con el nacimiento de la República.
No ha pasado mucho tiempo para que se olviden los graves problemas territoriales que amenazaron la integridad de la Nación en todas sus fronteras y las guerras que libramos desde el inicio de nuestra vida independiente. Son casi dos siglos en los que nuestra diplomacia tuvo que concentrar sus esfuerzos en las controversias limítrofes que ensombrecieron nuestra historia.
El último conflicto bélico del Perú fue la Guerra del Cenepa (1995), que dio lugar al acuerdo de Itamaraty que, cuatro años después, permitió sellar la paz definitiva con Ecuador sobre la base de la demarcación de la frontera delimitada en el Protocolo de Río de Janeiro, resultado de la guerra que nos enfrentó en 1941. Los acuerdos pactados en Brasilia en octubre de 1998 convirtieron una enemistad secular en la fructífera hermandad que ahora une a peruanos y ecuatorianos, que parecieran haber olvidado las vidas que se perdieron y el desmesurado gasto militar que diezmaba sus economías.
El extraordinario acuerdo que nuestra diplomacia logró con Ecuador en la última década del siglo XX permitió que en febrero de 2006 retiráramos todas las reservas que habíamos formulado al Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) para evitar que Quito pudiera demandarnos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El mantenimiento de esas reservas habría impedido invocar ese tratado para demandar a Chile en La Haya e iniciar el proceso coronado por la sentencia que resolvió la disputa bilateral, mediante una delimitación que significó una importante expansión de nuestro dominio marítimo en el sur del Perú.
La solución pacífica y definitiva de los problemas limítrofes con Ecuador y Chile puso fin a los graves contenciosos fronterizos que hipotecaron el desarrollo del Perú durante casi dos siglos de su historia republicana, liberando los ingentes recursos presupuestales que se destinaban anualmente a la compra de armamento y la defensa nacional.
Sin embargo, hasta ahora no se ha resaltado que la secuencia histórica de esos notables éxitos de nuestra política exterior puso en evidencia el compromiso y la fortaleza institucional del Servicio Diplomático en décadas marcadas por el fujimorismo de los años 90 y los regímenes que nos han gobernado en lo que va del siglo XXI. Me refiero a que una decisión política tan injusta como la separación de 117 diplomáticos y los profundos resentimientos que produjo no afectaron la continuidad de la política exterior en temas tan trascendentales como la concatenación de los procesos diplomáticos con Ecuador y Chile.
Los apuntes anteriores adquieren especial relevancia en medio de la polvareda levantada por la difusión de situaciones personales de diplomáticos interesadamente ventiladas en medios de comunicación. La escandalosa ligereza con que se tratan estos incidentes domésticos ignora que en cualquier institución jerarquizada los méritos de sus miembros son los factores determinantes de su trayectoria y nivel profesional. Los inevitables resentimientos privados que genera un sistema meritocrático no deberían afectar el bien ganado prestigio de una institución bicentenaria como Torre Tagle, que constituye un verdadero patrimonio de la Nación.
