Columna Infobae, 17.03.2024 Roberto García Moritán, embajador (r) y exviceministro de RREE argentino
La Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido por unanimidad proseguir las investigaciones contra el gobierno de Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados del 2014 al 2017. En ese último año se registraron violentas persecuciones políticas, detenciones arbitrarias y una amplia represión contra miles de ciudadanos venezolanos que salieron a la calle por la crisis humanitaria generada por la escasez de alimentos y medicinas.
Las manifestaciones fueron exacerbadas por la suspensión de un referendo revocatorio contra el dictador Nicolás Maduro. Frente a estas circunstancias y otros abusos sistemáticos a las libertades individuales en la última década, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han aportado pruebas que en Venezuela se ha instalado una maquinaria que secuestra, tortura y ejecuta a quienes se opongan al régimen.
La gravedad de los hechos ha llevado a que Venezuela se haya convertido en el primer país latinoamericano sujeto a una investigación formal en la CPI. Aunque se menciona al país en el título de la investigación penal (Venezuela I), la denuncia en última instancia no es contra el Estado sino contra las personas señaladas como responsables de los delitos de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El conjunto de acusados empieza por la figura del presidente Nicolás Maduro y se completa con toda la cadena de mandos que hayan hecho posible que se cometieran las atrocidades denunciadas incluyendo extranjeros que hayan actuado en ese sentido.
Lo novedoso del procedimiento presentado en el Tribunal Penal Internacional es que quienes hicieron la denuncia eran los jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, como integrantes del Grupo Lima. En esa oportunidad, por indicación del presidente Mauricio Macri el Ministerio de Justicia argentino acompañó testimonios de venezolanos radicados en la Argentina que habían sido víctimas o testigos de crímenes cometidos por miembros del gobierno chavista. Sin embargo, al asumir Alberto Fernández, la Argentina se retiró de la demanda ante la CPI reasumiendo un polémico alineamiento político con Caracas.
Ante el nuevo impulso de la causa Venezuela I, tras la sentencia de la Sala de Apelaciones de la CPI, que ha desestimado la presentación de Venezuela, sería pertinente que la Argentina se reintegre al grupo de países que han realizado la denuncia ante el Tribunal Penal de La Haya en el 2018. La gravedad de los hechos denunciados obliga a la Argentina a no ser indiferente. El presidente de la Nación debería considerar adherirse a los jefes de Estado y Gobierno de los cinco países que aún impulsan la acción penal en la CPI contra los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La reafirmación argentina de la acción promovida ante la CPI llegaría en un momento en el que se encuentra recrudeciendo la persecución política como lo demuestra el veto chavista a la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, para las elecciones presidenciales del 28 de julio. El impulso del presidente argentino tendría un gran valor en la defensa de la democracia y los derechos humanos. También para el clima político en América Latina porque la sentencia de la CPI sentará un precedente con repercusión en todo el continente y, a la vez, medirá la fortaleza del Estatuto de Roma como institución procesal de jurisdicción global.
