Columna El Montonero, 06.05.2021 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
El futuro de todos en las manos de cada elector
La primera vuelta nos ha colocado en la encrucijada de votar por la libertad o el peligro comunista de Castillo, Cerrón, Verónika Mendoza y los extremistas que se les sumarán en el camino para poner los cuadros técnicos que no tiene el maestro chotano –y cobrarle en posicionamiento político si vence en la segunda vuelta–. Por lo pronto, se avizora que las bancadas congresales respectivas superarán la treintena de parlamentarios entre los muy rojos y rosados, a los que se opondría otra treintena de curules democráticas y proliberales, sin contar con los que flotarán entre ambas.
Cualquiera que sea el resultado electoral de la segunda vuelta, la configuración augura una confrontación permanente en el Congreso que, probablemente para mal, trazará un sinuoso camino frente al Ejecutivo. En ese panorama cargado de incertidumbre debería tener enorme gravitación la autonomía del sistema de justicia en las diferentes funciones que encarnan la Fiscalía, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Lamentablemente, lo que observamos con diferentes niveles de evidencia es que esas tres instituciones capitales no están en condiciones de asumir satisfactoriamente el desafío que la política les planteará con creciente grado de exigencia de aquí al 28 de julio y a lo largo del próximo quinquenio.
Ejemplos. ¿Alguien ha visto un procesamiento oportuno por el delito de Apología al Terrorismo tipificado claramente en el artículo 316-A del Código Penal? En su segundo párrafo dispone penas de 6 a 10 años para autoridades o docentes que justifiquen el terrorismo; y el Decreto Legislativo 003-2016 – JUS establece la actuación inmediata de la justicia en casos de flagrancia.
Si se revisan las declaraciones de Cerrón, Castillo y varios candidatos de Perú Libre se encontrará que más de una vez han quebrantado el Código Penal sin que la Fiscalía haya movido un dedo. Una actitud tan irresponsablemente pasiva garantiza que los próximos parlamentarios de ese partido tendrán el campo libre para proteger y fomentar la política que promueve el senderista MOVADEF, aprovechando la voluntaria distracción del parcializado Jurado Nacional de Elecciones que los ha favorecido tan notoriamente.
El artículo 33 de la Ley (30483) de la Carrera Fiscal incluye taxativamente el deber de “(12.) Guardar la reserva debida en aquellos casos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, así lo requieran.” ¿ No es flagrante entonces, que fiscales como Vela y Pérez lo vulneren sistemáticamente en contra de la candidata presidencial de Fuerza Popular, violando buena parte de los 20 artículos del Capítulo V de esa norma legal? Igualmente escandaloso es que los órganos competentes de la Fiscalía no les hayan abierto ninguno de los procesos disciplinarios previstos en ese mismo Capítulo V de la ley que regula sus funciones.
Solo encuentro dos hipótesis para explicar el persistente y escandaloso desacato de los fiscales a la ley que enmarca la conducta de la que debería ser una institución ejemplar en el cumplimiento del Derecho: la politización y/o la ineficiencia del Ministerio Público, tan mediocremente capitaneado por la manipulable Zoraida Avalos. Lamentablemente, ambos defectos se harán aún más notorios y repudiables en el incierto período político que, por desgracia, será el vicio inaugural del tercer centenario de una nación administrada por un Estado de opereta.
