Editorial El Mercurio, 01.04.2021
Con esta demora, Chile se va aislando y perdiendo competitividad
Ningún gobierno debería dejar de insistir en concretar acuerdos internacionales ya negociados, en que la palabra está empeñada, que van en directo beneficio de las legítimas oportunidades de bienestar de su población y que permiten afianzar la reputación internacional de Chile y de sus instituciones.
Es el caso del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP-11), suscrito en Santiago en ceremonia presidida por la expresidenta Michelle Bachelet, con la presencia de su canciller, Heraldo Muñoz, y altos dignatarios de Japón, Perú, Canadá, México, Malasia, Vietnam, Nueva Zelandia, Brunéi y Singapur, comprometidos por avanzar en la integración de la región más dinámica del planeta, para contribuir al crecimiento económico de sus países y mejorar las condiciones de sus trabajadores y empresas. Se trata del tercer tratado de integración más grande del mundo, promovido por Chile desde sus inicios bajo sucesivos gobiernos. Fue aprobado, transversalmente, por amplia mayoría en la actual legislatura de la Cámara de Diputados.
El TPP-11, en nuestro caso, según estudios reunidos por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y complementados por el economista Klaus Schmidt-Hebbel, beneficiaría al 44% de las empresas exportadoras nacionales, con decenas de miles de trabajadores; favorecería al 16% de nuestras ventas al exterior y eliminaría barreras que encarecen exportaciones de tres mil productos, en gran parte agroalimentarios.
Más importante, con la demora en ratificar lo convenido, nos aislamos y perdemos competitividad respecto de aquellos países que han puesto en vigor el acuerdo. De hecho, distintos estudios internacionales estiman que la promulgación del tratado permitiría, en el largo plazo, un aumento del PIB del 0,4$. Sostenidamente, la Subrei ha actualizado las proyecciones e implicancias económicas correspondientes, desmitificando las objeciones políticas.
Lamentablemente, la actitud de algunos senadores parece mantener secuestrado el tratado, impidiendo su pronta aprobación, ya sea por simple empeño obstruccionista o por anacrónicas razones proteccionistas, ideológicas y eventuales temores de sufrir costos electorales.
El Gobierno, correctamente, ha persistido, renovando en estos días, por cuarta vez, la suma urgencia. Marcando una diferencia con la anterior presidenta del Senado, Adriana Muñoz –que en su momento rechazara poner en tabla el texto del acuerdo–, su sucesora, YasnaProvoste, se comprometió, al momento de asumir, con el respeto a la institucionalidad vigente. Pese a ello, distintas señales de la mesa de la Cámara Alta indican que persistiría el ánimo de seguir manteniendo el asunto sin resolución. Es de esperar que no sea así y que la postergación de las elecciones antes previstas para el 11 de abril no repercuta ni sea esgrimida como excusa para continuar dilatando el trámite legislativo pendiente, en perjuicio del interés nacional.
