Columna El Mercurio, 11.01.2023 Jaime Pomareda, embajador de Perú en Chile
El pasado 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo intentó subvertir el orden constitucional en el Perú. En un mensaje a la Nación no solo dispuso el cierre ilegal del Congreso de la República, sino que pretendió atentar contra la independencia del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Como todos sabemos, afortunadamente no tuvo éxito, pero de haberlo tenido hoy Castillo sería un dictador, y el Perú, un paria internacional.
Para los peruanos, 2023 se inicia en medio de una crisis que ofrece la oportunidad de comenzar un necesario proceso de reformas destinado a recuperar la estabilidad política y la deteriorada institucionalidad. Sin embargo, en ocasión de esta intentona golpista, esa deteriorada institucionalidad funcionó impecablemente y el rechazo fue total. Todos los poderes del Estado se opusieron a los planes del exmandatario, incluidas instituciones civiles, las Fuerzas Armadas y policiales y su propio gabinete, que renunció inmediatamente.
En pocas horas, en estricto apego a lo dispuesto por la Constitución, el Congreso vacó al expresidente y proclamó como presidenta de la República a la vicepresidenta Dina Boluarte.
La gran mayoría de gobiernos extranjeros comprobaron la inconstitucionalidad del intento, saludaron las formas democráticas de la sucesión presidencial y reconocieron a Dina Boluarte. Entre ellos el gobierno de Chile, en línea con su tradicional respeto a las instituciones y procesos democráticos. No me cabe duda de que este gesto republicano reforzará el excelente nivel de las importantes relaciones con el Perú para seguir avanzando en el desarrollo de la nutrida agenda bilateral contenida, entre otros procesos, en el reciente Gabinete Binacional realizado a fines de noviembre en Santiago, cuyos acuerdos y compromisos permanecen vigentes por ser políticas de Estado con Chile.
Insólitamente, y a contracorriente de la comunidad internacional, algunos líderes de la región, manipulando la realidad, apoyaron al golpista y obligaron a Torre Tagle a responder con firmeza toda injerencia en asuntos internos.
Desde el primer día, el gobierno viene marcando la diferencia con el régimen de Castillo, realizando nombramientos idóneos y llevando a cabo un diálogo franco con todas las fuerzas políticas y sociales democráticas, así como con la prensa, para encaminar al país en una transición que siente las bases para un gobierno estable, predecible, inclusivo y transparente. La aprobación en primera legislatura del adelanto de elecciones propuesta por el Ejecutivo es un primer fruto de este esfuerzo.
Como se sabe, de manera paralela a las legítimas manifestaciones pacíficas de algunas organizaciones sociales, se registraron hechos de extrema violencia ocasionados por grupos que claramente responden a un proyecto político antidemocrático. Llaman poderosamente la atención los ataques realizados de manera simultánea y planificada contra infraestructura crítica y otros objetivos estratégicos.
Como consecuencia de esta irracional violencia, lamentamos profundamente el doloroso fallecimiento de peruanos en acciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público con la finalidad de individualizar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan. Como ejemplo tangible de transparencia, el gobierno peruano ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que tomen conocimiento in situ de los hechos suscitados a raíz del intento de golpe de Estado; adicionalmente, se ha creado una comisión multisectorial para el seguimiento de las acciones a favor de los deudos de las personas fallecidas. La presidenta Boluarte ha garantizado que no habrá impunidad.
En esta compleja situación interna el gobierno peruano honra plenamente sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y en el marco de la recuperación de la paz social y gobernabilidad, la comunidad internacional puede estar segura de que el Perú es respetuoso de sus obligaciones, las que continuará cumpliendo rigurosamente a nivel vecinal, regional y global.
