Columna Diario Constitucional, 03.02.2023 Samuel Fernández Illanes, abogado (PUC), exembajador y académico (U. Central)
No obstante, los acuerdos enumerados resumidamente, muchos de ellos más declarativos que llevados a la práctica, la CELAC no estuvo exenta de divergencias, algunas muy profundas, que se evidenciaron en los discursos o en réplicas, y hasta ásperos cruces de opiniones entre los más altos representantes. No hubo constancia de ellas en el documento citado, adoptado por consenso. Era de esperar, pues existen situaciones regionales, que se evalúan con posiciones claramente político-partidistas, basadas en ideológicas muchas veces antagónicas, sin evidenciar la unidad proclamada en la Declaración Final.
La VII Cumbre en Buenos Aires, de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), adoptó una larga Declaración, el 24 de enero último, con 111 puntos: “de este mecanismo intergubernamental de integración regional, de concertación, unidad y diálogo político para promover y proyectar a América Latina y el Caribe en el debate de los temas de la agenda global”. Lo hicieron, “promoviendo la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de nuestros pueblos”, compuesto por naciones soberanas, para profundizar consensos en temas comunes, contribuir al desarrollo de la región, superación acuciante de la pobreza, y desigualdades e inequidades existentes. Sin duda, pertinentes, aunque muy ambiciosos, si bien constatan situaciones reales que todavía subsisten. Se reitera, asimismo, que CELAC es una zona de paz, sustentada en el Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas, la solución pacífica de controversias, el sistema internacional, la justicia, y la estabilidad, “a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza”. Asimismo, remarcan el compromiso con la democracia, promoción, protección y respeto de los Derechos Humanos, cooperación, multilateralismo, integridad territorial, no intervención en los asuntos internos de los Estados, y otros de igual importancia, y que suelen consignarse y repetirse, en varios documentos adoptados por la región. No hay mayor novedad en estos compromisos, ni difieren de forma sustantiva, de muchos instrumentos anteriores igualmente acordados.
En temas específicos se acuerdan, entre los principales: condiciones financieras, seguridad alimentaria, cooperación ambiental y financiamiento de la acción climática para el Fondo de pérdidas y daños (COP27), brecha de género, preocupación por la pandemia del Covid-19, autosuficiencia sanitaria, medicamentos de alto costo, problema mundial de drogas, gestión de desastres, innovación, inclusión social, contaminación de plásticos en el medio marino (Punta del Este, 2022), información pública, trasformación digital, infraestructura y conectividad regional, corredores bi-oceánicos, afrodescendientes, situación de mujeres jóvenes y niñas, lenguas indígenas, migraciones como problema integral, discapacidad, cultura (Economía Cultural Creativa), cooperación de academias diplomáticas, corrupción con enfoque preventivo, y coordinación en organismos. También, se apoyó la XXVIII Cumbre Iberoamericana del 25 de marzo próximo en República Dominicana, y se felicitó a Cuba por asumir la Presidencia del Grupo de los 77, y a China el 2023. Cada país procuró incorporar sus asuntos prioritarios, al igual que los organismos asistentes.
Concurrieron los presidentes de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras y Uruguay. Los primeros ministros de: Bahamas, Barbados, Guyana, Haití, y San Vicente y las Granadinas. El vicepresidente de El Salvador. Los Cancilleres de: Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela. Algunos presidentes llamaron la atención por su ausencia, como el de Venezuela que declinó a último momento; el de México que usualmente aboga por la Región en sus discursos y únicamente viaja a Estados Unidos; o el de Nicaragua, que tiene serios diferendos con algunos Latinoamericanos.
En lo contingente, el Documento se refirió a Cuba, para poner fin al bloqueo y sacarlo de la lista del terrorismo; a Venezuela, y las negociaciones entre gobierno-plataforma unitaria; a Malvinas, y el lógico respaldo a Argentina como país sede; y a Puerto Rico, enfatizando su carácter Latinoamericano; así como el Foro CELAC-China el 2024 y Trabajos Binacionales. Puntos plenos de propósitos acordes a las reiteradas aspiraciones regionales.
No obstante, los acuerdos enumerados resumidamente, muchos de ellos más declarativos que llevados a la práctica, la CELAC no estuvo exenta de divergencias, algunas muy profundas, que se evidenciaron en los discursos o en réplicas, y hasta ásperos cruces de opiniones entre los más altos representantes. No hubo constancia de ellas en el documento citado, adoptado por consenso. Era de esperar, pues existen situaciones regionales, que se evalúan con posiciones claramente político-partidistas, basadas en ideológicas muchas veces antagónicas, sin evidenciar la unidad proclamada en la Declaración Final. Fue el caso de alusiones a la vigencia del régimen democrático, en Cuba, Nicaragua, o Venezuela, los derechos humanos en dichos países, las desigualdades, o libertades civiles, denunciados y enfatizados de diferentes maneras y perspectivas.
Otro tema actual y polémico fue el de Perú, en apoyo o rechazo al depuesto Presidente Castillo y su intento de golpe de Estado, que no obstante, recibió respaldos enfáticos. De los mismos representantes que hicieron fuertes críticas a la actual presidenta, Dina Boluarte, que fuera su compañera de fórmula de la izquierda radical peruana. Hoy no la respaldan. Los más activos fueron los gobiernos pertenecientes al Grupo de Puebla, que desempeñó un papel gravitante coordinado con antelación a la CELAC, y que habían tomado posiciones coincidentes. Se centraron en la represión policial a las masivas manifestaciones en el Perú, que han dejado un alto número de víctimas fatales. La Canciller peruana, las lamentó, y rebatió con énfasis los argumentos contrarios, culpando al propio Castillo del golpe fallido, y asegurando que la institucionalidad sucesoria peruana, se ha hecho dentro de la institucionalidad constitucional prevista, no admitiendo injerencias foráneas.
Tales debates dejaron en evidencia que los principios contenidos en la Declaración y referentes a la vigencia del sistema democrático y representativo regional pueden subordinarse sin problemas, si quien lo vulnera, coincide con sus posiciones ideológicas. Resulta evidente, si se consideran los principios de respaldo a la democracia, libertades y derechos humanos incorporados, con la real situación en algunos países de la región, incluso desde hace décadas. Dicho contraste, ciertamente los debilita y restan credibilidad, pasando a ser reiteraciones rutinarias. Sin coherencia con lo adoptado en la Declaración Final, y que motivó muchas de las discusiones verbales entre los representantes, y que fueron igualmente sostenidas en declaraciones ante los medios de comunicación. No faltaron tampoco, las habituales arengas de los líderes latinoamericanos, que motivaron enérgicas respuestas y acusaciones de injerencia indebida.
Fueron episodios aislados de desunión, pero que finalmente comprometen y postergan las necesidades principales que efectivamente lograron adhesión. Una reunión de interés para ciertos asuntos de la agenda internacional del momento, aunque al mismo tiempo, se pudo constatar que subsisten diferencias políticas y de sistemas, muy profundas en la Región, que no es posible soslayar.
