Columna Brújula Digital, 14.10.2023 Javier Viscarra, periodista, abogado y exdiplomático boliviano
Los acontecimientos recientes en Israel y la Franja de Gaza han inyectado nueva vida en el debate sobre la diplomacia a nivel mundial. La comunidad internacional se ha movilizado con determinación en busca de alguna fórmula que fortalezca los pilares de convivencia global.
En líneas generales se han alzado voces condenatorias contra la organización islámica Hamás, que gobierna la asediada Franja de Gaza, por su sorpresiva agresión a Israel en la madrugada del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, entre las excepciones, figura la anodina postura de Bolivia.
La “diplomacia” boliviana optó por un enfoque de apaciguamiento, expresando un llamado a la paz y censurando la aparente inacción de las Naciones Unidas. Este pronunciamiento se materializó en un comunicado publicado apenas unas horas después de que comenzara la serie de bombardeos y la incursión de las fuerzas de Hamás en territorio israelí.
El comunicado oficial revela, sin embargo, una omisión notoria. Ignora completamente la posición constitucional de Bolivia, que es meridianamente clara en cuanto a su enfoque pacifista y de rechazo a la guerra.
El artículo 10, inciso I de la Constitución Política del Estado establece que Bolivia es un Estado de naturaleza pacífica. El inciso II es aún más específico al afirmar que Bolivia rechaza la guerra de agresión como medio para resolver conflictos entre naciones. Sin embargo, nada de esto se reflejó en el comunicado emitido por la cancillería boliviana.
Es entendible que nos abstengamos de juicios sobre el complejo problema entre Palestina e Israel, pero al menos debemos ser coherentes con nuestra línea constitucional y los acuerdos internacionales.
Resulta desconcertante e incluso desafiante tratar de discernir la lógica detrás de la redacción de este nimio documento, que más parece un conjunto de buenas intenciones y plegarias en lugar de una postura seria.
Cabe destacar que esta conducta del gobierno del MAS no es nueva, ya se hizo evidente frente a la invasión de Rusia a Ucrania. Luego del asalto de las tropas de Vladimir Putin a su vecino al suroeste, los funcionarios bolivianos acudieron a las reuniones de Naciones Unidas para abordar el problema desde la visión de la diplomacia de los pueblos y votaron por la abstención en lugar de condenar la agresión, en una conducta sumisa, quizá destinada a agradar a los nuevos amigos/aliados.
La posición de Bolivia ha sido mirada con entrecejo. El embajador de España, Javier Gassó, se animó a expresar su punto de vista hace unas semanas. Sus palabras/consejos transitaron en la delgada línea que separa las opiniones internacionales neutrales y la injerencia en los asuntos de política exterior y decisiones soberanas de un país.
“Cómo nos gustaría que Bolivia, al igual que otros países, como Chile y Colombia, condenase la invasión rusa en Ucrania”, afirmó el embajador español.
Las declaraciones de Gassó avanzaron más allá de las expresiones de los diplomáticos de la Unión Europea en La Paz, quienes en marzo de 2022 fijaron su posición sobre el conflicto sin presionar o pretender inducir a Bolivia para que haga lo mismo. Cualquier forma de presión en asuntos de decisión soberana está prohibida por el derecho internacional, y estas normas se encuentran plasmadas en diversos tratados y acuerdos internacionales.
En todo caso, la censurable como insustancial posición boliviana sobre las agresiones contra Ucrania e Israel es un recordatorio de la necesidad de contar con un servicio exterior profesional. El desalineamiento con los valores constitucionales y las normas internacionales no son un lujo que Bolivia pueda permitirse. La diplomacia es una herramienta poderosa y debe ser ejercida con responsabilidad y competencia en el complejo escenario global.
