Columna El Montonero, 11.02.2021 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
Desolador panorama pre electoral
A dos meses de las elecciones pandémicas que nos esperan, es difícil calibrar el conjunto de factores que incidirán en un pronunciamiento ciudadano que podría determinar un cambio de rumbo como el que el Perú necesita después de la década perdida de los gobiernos de Humala y los cuatro presidentes que lo han sucedido. El último lustro parece un siglo interminable y desventurado: PPK, Vizcarra, Merino y Sagasti recuerdan la infancia de nuestra naciente república, cuando el país era zarandeado por la inestabilidad y el desconcierto que signaron la infancia de su vida independiente.
En los cuarenta años posteriores al gobierno militar (1969-1980) el electorado peruano enfentó situaciones tan extremas como el despiadado terrorismo de Sendero Luminoso que se agudizó durante el primer –y desastroso– gobierno de Alan García, radicalmente corregido durante la exitosa y controvertida década de Fujimori, de la que hemos heredado los índices macroeconómicos que todavía nos protegen (en virtud de la Constitución de 1993). Lo sucedió el corrupto y sentenciado Toledo, antes de la segunda y renovada presidencia de Alan García, que promovió las inversiones y relanzó el crecimiento económico del Perú. Fue una herencia desperdiciada por el militar izquierdista Ollanta Humala, cuyo gobierno marcó una radical pérdida de calidad y nivel en la clase política, lo que –por desgracia– se transmitió a nuestras desprestigiadas instituciones a través de la mala gestión de las autoridades designadas por los políticos.
Pero son los desatentos ciudadanos quienes eligen a esos políticos en comicios organizados y supervisados por el Poder Electoral, ahora presidido por el vocal supremo Jorge Salas Arenas, a quien alude Ricardo Uceda en su último artículo de El Informante (LR 10.2,2021): “El cambiazo”. Es una grave denuncia que compromete la idoneidad del órgano supremo del sistema electoral, al evidenciar la manipulación de sus resoluciones con el claro propósito de legitimar la candidatura del destituido ex Presidente Martín Vizcarra (en una “muestra de gratitud” porque este favoreció a un hermano del vocal Salas en Moquegua).
Téngase presente que este magistrado fue designado por la Corte Suprema presidida por la Vocal Barrios, hermana de una de las ministras del señor Vizcarra.
En buena parte de los tejes y manejes que ensucian nuestra política en los meses previos a las elecciones de abril se divisan los dedos del sinuoso Martín Vizcarra, cuya candidatura como número “1” de Somos Perú apunta a captar la primera mayoría de votos para acceder a la Presidencia del próximo Congreso. El primer peldaño de una carrera parlamentaria que persigue, sin duda, una futura postulación a la Presidencia de la República.
No hay que ser muy perspicaz para divisar el común denominador de la trama para beneficiar a Martín Vizcarra y liberarlo de las denuncias y procesos que obstaculizarían su ambiciosa carrera política.
Con la cooptación del Poder Judicial y el Ministerio Público, y un Tribunal Constitucional politizado (legitimó el cierre del Congreso dispuesto por Vizcarra) ¿podemos esperar elecciones limpias y justas en abril? Unas elecciones que se caracterizarán por el misérrimo nivel de la mayoría de candidatos al Ejecutivo y el Congreso, y por la sospechosa descalificación de candidatos contrarios o poco afines al sector “caviar” de nuestra política criolla.
¿No sería oportuno alertar al sistema de observación electoral de la OEA para que vigile desde ahora los prolegómenos de los próximos comicios peruanos?
Más allá de estas legítimas preocupaciones, es imposible ignorar el panorama que se torna aún más sombrío por la apatía e indiferencia de un electorado tradicionalmente responsable de favorecer con su voto a políticos que no lo merecen.
