Opinión Excelsior, 13.12.2016 Jorge Fernández Menéndez
¿Era necesario enfrentar al narcotráfico hace diez años, cuando comenzaba la administración Calderón?, ¿vivíamos entonces una crisis de seguridad?, ¿se podía asumir ese desafío luego de que durante el gobierno de Vicente Fox y en la administración capitalina de López Obrador se había abandonado la lucha contra el crimen?
Entonces, como ahora, era necesario enfrentar al crimen organizado. Sí se vivía una crisis de seguridad que requería respuestas a la ciudadanía y ella la reclamaba al gobierno. Y sí se debía asumir ese desafío porque tanto Fox en lo federal como López Obrador en el DF habían abandonado la seguridad. Fox comenzó su gobierno con la fuga de El Chapo Guzmán y terminó con Los Zetas (que nacieron y crecieron en esos años) dominando gran parte del país. Hubo un puñado de funcionarios notables trabajando en seguridad durante el foxismo, pero lo cierto es que no fue una tarea asumida por ese gobierno federal, los dejaron solos. En la Ciudad de México la ola de secuestros, extorsiones e inseguridad se expandió como nunca antes y, ante la primera marcha ciudadana, aquella vestidos de blanco en Reforma, la respuesta fue que era un reclamo “de los pirrurris”.
No nos gusta revisar la historia. La guerra, como le llaman algunos, no se inició en 2006 sino, por lo menos, una década y media atrás, y no la declaró el gobierno federal contra el narcotráfico, sino los grupos criminales contra el Estado y fue una guerra de esos grupos entre sí y contra la gente. En 1993, el enfrentamiento entre el cártel de Amado Carrillo Fuentes (ese Señor de los cielos que algunos creen que era como el de la televisión), El Chapo Guzmán y El Güero Palma, socios, entonces, de Carrillo, contra los Arellano Félix, era brutal. Así se dieron ataques como el de la discoteca Christine o el asesinato del cardenal Posadas. Los asesinatos en 1994 de Colosio y Ruiz Massieu tuvieron fuerte involucramiento del narco, algo que no fue investigado a cabalidad.
En 1996, Amado Carrillo, perseguido, deja México, primero está en Cuba y luego en Buenos Aires. Ya es un personaje público y disfuncional para los grupos criminales. En julio de 1997 es asesinado durante una operación quirúrgica en México y se desata la lucha por la sucesión. Ese año, 1997, hubo casi 17 mil muertos por ajustes de cuentas.
Las cifras comienzan a descender desde entonces hasta 2005, aunque siempre es mayor a 11 mil muertos por año. Vuelve a estallar en 2004. Ese año la administración Bush decide acabar con la restricción legal para prohibir la venta de armas de asalto. Desde entonces los arsenales de los grupos criminales se tornan infinitamente más poderosos y, con la llegada de miles y miles de armas de asalto al país, la violencia comienza a crecer en forma geométrica.
Esa violencia se va alimentando por las rupturas y configuraciones de los cárteles. En 2004 hay un nuevo jefe en el Cártel del Golfo: es Osiel Cárdenas y su brazo operativo se llaman Los Zetas, que, formados en fuerzas de seguridad y entrenados por kaibiles guatemaltecos, implantan el terror de la lucha antisubversiva guatemalteca. Ya no se trata sólo de traficar droga sino de tomar control territorial por el terror y financiar sus actividades con secuestros, extorsiones, robos, tráfico de personas. Ese 2004, Vicente Carrillo, hermano de Amado, rompe con El Chapo, El Mayo y El Azul. Y comienza la disputa por el cártel del Pacífico y Juárez. Se alía con Los Zetas. En 2006, último año de Fox, la guerra entre cárteles ya está vigente en todo el territorio nacional: hay 12 mil muertos.
No es verdad decir que esa guerra se desató en 2006 por un error de diagnóstico y estrategia. El diagnóstico era correcto, tanto que es el mismo que se sigue utilizando hasta el día de hoy. La estrategia no era incorrecta, la política lo fue: no hubo una explicación articulada para que se comprendiera la trascendencia y el tamaño de lo que se estaba enfrentando: en Colombia eso lo logró el terror de Pablo Escobar, aquí hoy, con más de 150 mil muertos, no lo entendemos, al contrario, la inseguridad sirve para los manejos partidarios, tanto que, diez años después, no se ha aprobado siquiera una ley de seguridad interior para la participación militar.
Tampoco se podía prever el tamaño del derrumbe de las policías locales: lo que sucedió fue que el nivel de infiltración era mayor al pensado, pero, además, al romperse los cárteles y estallar la guerra entre ellos, los policías locales quedaron comprometidos, infiltrados y entre dos fuegos. Pero los partidos se niegan a darle al nuevo modelo policial un cuerpo legal. Gustaban los éxitos de Colombia, pero aquí se congelaban todos los cambios institucionales y legales que allá les dieron soporte.
Hoy seguimos en las mismas. Cuando se habla de guerra y de miles de muertos, alguien debería recordar que no ha sido el Estado sino los grupos criminales los que han hecho esa carnicería, y que entre las víctimas hay miles de ciudadanos inocentes, policías y soldados. La historia no absuelve a nadie, pero ella debe ser, también, la lucha de la memoria contra el olvido.
