Columna El Mercurio, 03.03.2022 Gustavo Lagos, abogado y profesor (PUC)
La nacionalización del cobre de 1971 fue indispensable, ya que simbolizó la recuperación de la soberanía nacional, perdida frente al peso descomunal sobre la economía y la política que tenían las empresas transnacionales mineras.
Ello no ocurre en 2022, cuando la minería privada en su conjunto pesa no más de un 7% del Producto Interno Bruto.
En esta columna me refiero a la propuesta de nacionalización minera que votará la Convención Constitucional en 2022, la que lleva al Estado a usar sus limitados recursos financieros para apoderarse de toda la actividad minera, en vez de utilizar dichos recursos para impulsar la educación y la innovación, que son las únicas actividades que pueden llevar al país a contrapesar y eventualmente superar el extractivismo.
El texto propuesto a la Convención asigna el extractivismo solo a la minería privada, ya que esta no solo despoja al Estado del valor agregado que le corresponde, sino que crea “una profunda crisis ecosistémica”.
Asume por ello que la minería estatal no es extractivista, ya que esta no solo rescata el total del valor agregado, sino que no produciría depredación del medio ambiente.
El término extractivismo, definido por el Banco Mundial hace poco más de una década, significaba a secas la extracción y exportación de recursos naturales tales como hidrocarburos, minerales, productos agrícolas y forestales (Gudynas, 2016).
Posteriormente, este término se adornó de conceptos desacreditantes, tales como depredador del medio ambiente, usurpador del valor agregado, rentista, simplista (en oposición a las actividades complejas), cooptador, paternalista y clientelista (a raíz de las donaciones, por ejemplo, durante la pandemia), y muchos otros atributos.
Además de crear una definición propia del extractivismo, la estrategia de nacionalización contiene dos afirmaciones que son equivocadas: primero indica que las ventas de la minería privada desde 1990 fueron retiradas de Chile, ignorando que los retiros de fondos por parte de las mineras se producen después de deducir los costos informados por la Comisión de Mercado Financiero (CMF), los tributos contabilizados por el Servicio de Impuestos Internos (SII), y la reinversión de capital (CMF). Y, segundo, porque asigna nulo impacto de la minería privada a la reducción de la pobreza.
La tributación de la minería privada permitió, entre muchos otros logros, crear en 2007 el Fondo de Estabilización Económico Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), los que llegaron a apilar cerca del 10% del PIB de Chile. Sin minería privada, el Estado no habría podido crear estos fondos soberanos, ya que los aportes de Codelco alcanzaban fundamentalmente para cubrir el presupuesto fiscal (Dipres). El uso de cerca de nueve mil millones de dólares del FEES en 2009 permitió al primer gobierno de la presidenta Bachelet paliar el desempleo y la pobreza creada por la gran crisis financiera mundial de 2008.
La estrategia de nacionalización actual asigna la contribución de la minería solo a la tributación, omitiendo efectos sociales claves, como la inversión de capital, la creación de empleo, las exportaciones, y los encadenamientos productivos, siendo estos últimos los que crean mayores vínculos y efectos virtuosos entre la minería y el resto de la economía.
El error principal de la estrategia nacionalizadora de ahora, sin embargo, es que afirma que “Chile posee en los minerales su principal fuente de riqueza económica”, concepto totalmente equivocado, ya que sabemos que la fuente principal de riqueza económica del país son las personas, somos todos los ciudadanos.
Entonces, no solo contiene un fuerte prejuicio hacia la minería privada y una visión idealizada de la minería estatal, sino que omite a los actores principales del desarrollo, las personas.
Chile debiera adoptar estrategias similares a las de EE.UU., Canadá, y varios países europeos, originalmente mineros, que transitaron a modelos de desarrollo más avanzados. Ello es indispensable, entre otros motivos, porque es posible que mucho más adelante el aporte minero pueda mermar debido a la reducción de las reservas mineras (aumento del costo de extracción), o simplemente debido a la sustitución de los metales que producimos.
En suma, si el país quiere superar la necesidad económica imperiosa que tenemos de producir y exportar minerales para sustentar los logros obtenidos en el pasado, debe pensar estratégicamente, colocando ahora sus recursos económicos en aquellas actividades que avancen a la sostenibilidad basada en sus habitantes, en oposición a colocar sus escasos fondos en el control completo de sus recursos mineros.
Sabemos que lo primero implica que el Estado provea educación de mucho mayor calidad, y que aumente fuertemente la inversión en innovación.
