Columna El Confidencial, 26.09.2019 Jorge Dezcállar de Mazarredo, Embajador de España
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Nancy Pelosi ha iniciado el procedimiento para destituir a Donald Trump, al que acusa de dañar la seguridad del Estado. Pese a que ha respondido como siempre, no es asunto menor
Nancy Pelosi, 'speaker' de la Cámara de Representantes que tras las últimas elecciones de 'mid-term' dominan los demócratas, ha decidido iniciar el procedimiento para destituir al presidente Donald Trump, al que acusa de traicionar su juramento, de dañar la seguridad del Estado y de perjudicar los fundamentos de la democracia norteamericana. No son asuntos triviales. Trump ha respondido con su cantinela habitual de que esto es una caza de brujas y que los demócratas ya no saben qué hacer ante sus expectativas de ser reelegido el año próximo. Pero está preocupado, y con mucha razón.
El detonante ha sido un soplón ('whistleblower') de los servicios de Inteligencia que ha revelado que en una conversación con el presidente Volodímir Zelenski, de Ucrania, que tuvo lugar el pasado 25 de julio, Trump le habría pedido insistentemente que investigara los negocios en su país de Hunter Biden, hijo de Joseph Biden, que a estas alturas y por ahora parece ser su principal rival en las elecciones que se avecinan.
En la conversación, Trump vuelve reiteradamente sobre el asunto, una y otra vez, y pide a Zelenski que dé al fiscal general, Raymond Barr, y a su abogado personal, Rudolph Giuliani, cuanta información pueda obtener al respecto. De ser cierto, Trump estaría pidiendo ayuda a un jefe de Estado extranjero para desprestigiar a un rival electoral. Lo que se dice juego muy sucio, algo que tampoco sería una novedad, a juzgar por lo que pasó con los correos de Hillary Clinton durante la última elección presidencial, o con la probada interferencia rusa sin que se llegara a demostrar ninguna colusión por parte de la campaña de Donald Trump. Otra cosa es que el informe de Richard Mueller, fiscal especial encargado de estudiar esa posible colusión, detectara comportamientos impropios por parte del presidente, incluidas medias verdades y maniobras de obstrucción que ahora podrían salir nuevamente a la luz.
Lo que ahora ocurre es consecuencia de la extrema polarización que vive la vida política norteamericana desde que en 2008 llegará Barack Obama a la presidencia y surgiera el movimiento del Tea Party, que desde las bases acabaría contaminando a todo el partido republicano. A partir de ese momento se acabó toda posibilidad de colaboración interpartidaria y Obama se vio imposibilitado de llevar adelante su agenda reformista.
Los republicanos le negaron el pan y la sal y le impidieron gobernar desde que perdió el control del Congreso y luego del Senado en las elecciones de 'mid-term'. Pelosi renunció acertadamente a iniciar el procedimiento cuando se hizo público el Informe Mueller, que salió a la luz fuertemente censurado por el fiscal general y que cayó como un jarro de agua fría sobre las esperanzas de los más exaltados.
En cambio ahora, tras vencer muchas dudas iniciales por el efecto que esta decisión podría tener en los distritos disputados ('swing districts') en las próximas elecciones, al final Pelosi ha tenido que ceder a la presión del ala más progresista del partido, que ha ganado respaldos y ha acabado imponiendo su postura apoyada en la misma gravedad de los hechos que se achacan al presidente.
Iniciar un proceso de destitución es algo muy grave en la vida política norteamericana. No se trata de un proceso judicial sino de un proceso político que requiere mayoría de votos en la Cámara de Representantes, que actualmente controlan los demócratas, y luego ratificación por dos tercios del Senado, que controlan los republicanos, y esto hace muy problemático que la moción pueda prosperar, a menos que en el curso de la investigación surjan delitos ('serious crimes') o conductas impropias ('misdemeanors'), pues así es de vaga la legislación que rige el procedimiento del 'impeachment', de tal gravedad que ni los más acérrimos republicanos puedan mirar hacia otro lado.
De hecho, el procedimiento de destitución solo se ha utilizado anteriormente en tres casos en toda la historia norteamericana. Triunfó en el caso del presidente Richard Nixon en 1974, que tuvo que abandonar la presidencia, y fracasó en los casos de los presidentes Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Esta sería, en consecuencia, la cuarta vez que se intenta. El anuncio de Pelosi no es el 'impeachment' sino que se limita a poner en marcha el procedimiento en virtud del cual hasta seis comités de la Cámara investigarán y reunirán información que luego pasarán al Comité Judicial, que decidirá entonces si hay base suficiente para someter a la Cámara la destitución del presidente.
En todo caso, lo que sucede en Washington muestra la fortaleza del sistema democrático norteamericano y la supremacía del legislativo sobre el mismo ejecutivo, como depositario último de la soberanía popular. Lo mismo ha ocurrido en el Reino Unido con la decisión del Tribunal Supremo de declarar nula la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de cerrar temporalmente el Parlamento para tener las manos libres durante las últimas semanas de negociación del Brexit. Ambos países pueden tener problemas, y de hecho los tienen y graves, pero cuentan con una fuerte tradición democrática y con unas instituciones que funcionan con solidez en medio de las dificultades.
