Columna The Washington Post, 03.01.2022 Arturo Sarukhan, consultor internacional y exembajador del servicio exterior mexicano
“El gobierno no puede representar a un solo partido”, afirmó el 18 de enero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ante la polémica por sus más recientes designaciones diplomáticas, en donde hay dos exgobernadores del opositor Partido Revolucionario Institucional y la mitad de los nominados carece de trayectoria diplomática. Con ello, el mandatario buscaba justificar el perfil de algunos de sus nominados para encabezar embajadas y consulados.
En sentido estricto, estaba en lo correcto con su aseveración. En sexenios anteriores siempre se han incorporado personas ajenas al Servicio Exterior Mexicano (SEM), de distintas corrientes ideológicas e incluso partidistas, así como intelectuales destacados, escritores y artistas. Esto ayuda, en muchos casos, a enriquecer al SEM y a generar miradas frescas sobre la presencia y visión que se tienen internacionalmente de México y de su diversidad ideológica y política.
Pero al mismo tiempo, con esa declaración y con sus nominaciones el presidente incurre en dos equívocos y de paso comete un error pertinaz. Ambas cosas muestran su desprecio por el Servicio Exterior Mexicano, que solo sigue el patrón que ha mantenido su gobierno de debilitar instituciones y procesos del Estado, y de purgar burocracias —en este caso, el único servicio civil profesional de carrera del Estado mexicano— para sembrarlas de sus incondicionales.
Solo hay que revisar la calidad, el perfil y la idoneidad de varias de sus designaciones en este ramo. Por ejemplo, el escándalo que justificadamente generó la decisión de enviar al historiador Pedro Salmerón, cercano al presidente, pero con denuncias de acoso sexual, como embajador a Panamá. Tras señalamientos de organizaciones feministas, López Obrador hizo una defensa a contracorriente y, al final, fue el gobierno panameño quien tuvo que negarle el beneplácito. Situaciones similares se cuentan con los dedos de una mano en la historia de las designaciones para embajadas mexicanas del último medio siglo.
Posteriormente el presidente, de manera airada, reclamó a Panamá su decisión soberana de negarle —de manera cuidada y sin estridencias— el beneplácito a Salmerón, lo cual detonó innecesariamente un conato de conflicto diplomático al acusar a Erika Mouynes, canciller de esa nación, de ser como “la Santa Inquisición”.
También hay un problema con respecto a la proporción de designaciones políticas y las del SEM. En la historia reciente un presidente no había designado tantas titularidades de consulados, misiones y embajadas por fuera del servicio exterior de carrera. Es cierto que el titular del Ejecutivo tiene la facultad constitucional de nombrar —sujeto al otorgamiento del beneplácito del país receptor y a la ratificación del Senado— a quien le plazca en embajadas, misiones y consulados generales, pero hay que recordar que en su Proyecto de Nación 2018-2024 se comprometió a que, a diferencia de gobiernos anteriores, no recurriría a designaciones políticas y privilegiaría nombramientos del SEM.
Pero el error más craso del presidente es su persistencia —desde inicio del sexenio— en hacer públicos nombramientos diplomáticos sin contar con el beneplácito del país receptor. Esto no es tema de usos y costumbres o del pasado: el Artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas busca precisamente evitar presiones diplomáticas —tanto del país receptor como del acreditante— con los procesos de designación de embajadores y preservar en sigilo las razones de no otorgar un beneplácito.
Un presidente tan obcecado por la soberanía nacional y la intervención extranjera debiera entender y aquilatar una norma así. Ello evitaría situaciones bochornosas para la diplomacia nacional, como acaba de ocurrir con Panamá y como sucedió durante semanas —un mensaje en sí mismo— con el dilatado otorgamiento de la aprobación del gobierno español al exgobernador Quirino Ordaz, propuesto por López Obrador como embajador.
Lo que sucede con el servicio exterior de carrera es solo una muestra de lo que está sucediendo en el país. A mitad del camino de la gestión del presidente queda claro que cuando esta termine, en 2024, habrá un Estado —y sus instituciones— profundamente debilitado y disfuncional. Desde 2006, la visión de López Obrador ha sido socavar la confianza en los medios de comunicación y las organizaciones civiles, en los datos duros, la ciencia e investigación, así como la autonomía universitaria y las instituciones.
Es en este contexto en el cual se da el desaseo en los nombramientos diplomáticos del presidente. Queda claro que, así como el SEM, otras dependencias gubernamentales y organismos autónomos, así como procesos de servicio civil profesionales y relativamente despolitizados, han sido evisceradas o, en el peor de los casos, demolidas por capricho del presidente.
López Obrador ha buscado debilitar las instituciones del Estado para que no puedan constreñirlo, purgándolas de cuadros que considera le son desleales a él y a su gobierno. Y lo que ocurre con el Servicio Exterior Mexicano, con la bananerización de sus procesos y reglas internas, y la suplantación de profesionales por aliados, políticos o sicofantes, es solo un botón de muestra más.
