Columna El Líbero, 11.08.2017 Jorge Canelas U., cientista político, embajador (r) y director de CEPERI
- “Todo hombre tiene el derecho inalienable de demostrar su propia tesis de que todo el mundo es su enemigo, pues si la reitera con suficiente frecuencia y hace de ella el fondo de su conducta, estará destinado, finalmente, a tener la razón”. (G. Kennan).
La trágica evolución del proceso político venezolano ha trascendido fronteras y todo indica que lo seguirá haciendo por un tiempo indefinido. El incremento diario de las víctimas de la violencia política reinante sigue la lógica de todas las situaciones similares: primero, la sorpresa; luego, el espanto; y finalmente, de tanto repetirlo, el acostumbramiento. Como un imperativo moral, la primera reflexión que debiéramos hacer es no permitirnos perder la capacidad de asombro y de espanto, cuando ocurran tamañas atrocidades, donde quiera que sea. Hecha esa salvedad, el caso es que debemos a Maduro un notorio cambio de mirada que muchos comienzan a tener, en Chile, respecto de temas políticos cruciales, sobre los cuales no habían puesto debida atención, o no habían analizado en mayor profundidad.
La comprobación de que “el factor Venezuela” ya se hace sentir en el devenir de nuestra política interna la dio Gutenberg Martínez, influyente dirigente de la Democracia Cristiana, en un importante programa de TV, cuando se le preguntó cuál sería un tema programático fundamental en el cual su partido se diferenciaría de otras candidaturas presidenciales. Su respuesta: “La primera diferencia es nuestra opinión en política exterior; la situación en Venezuela, definiciones sobre democracia, derechos humanos, etc”. No hay, en nuestra historia reciente, un tema internacional que se haya instalado como asunto central en el debate político interno, como ha sido el caso de la situación en Venezuela. Ello ha forzado a nuestro sistema político, como un todo —partiendo por los integrantes de la coalición de gobierno—, a adoptar posiciones claras y sin eufemismos. Cuando en Venezuela se adoptan medidas que en la práctica eliminan la separación de poderes, desconocen la representación de la mayoría expresada en elecciones, vulneran los derechos humanos y suprimen las garantías fundamentales, se hace imposible no fijar posiciones claras y eso es precisamente lo que está ocurriendo.
La crisis en Venezuela ha dejado en evidencia las contradicciones entre el Partido Comunista y “la centroizquierda” dentro de la Nueva Mayoría, nuevamente en temas fundamentales, como la definición de lo que es una democracia o una dictadura, o si cabe ejercer acciones, por parte de la comunidad internacional, frente a la violación de los Derechos Humanos en ese país. Y más allá de esa coalición, el factor Venezuela ha arrojado luces sobre las convicciones democráticas (o falta de ellas), en los nuevos partidos y movimientos que han impulsado la incorporación de las nuevas generaciones a la política, como el Frente Amplio. Lo que más ha llamado la atención es la férrea defensa que hacen muchos de los políticos surgidos del movimiento estudiantil de las prácticas abiertamente dictatoriales del chavismo, y su apoyo a los postulados del “Socialismo del Siglo XXI”.
En materia de política exterior, la profundización de la crisis en Venezuela obligó a cambiar, aunque a regañadientes, la línea política que venía sosteniendo el Gobierno. Hace años que se acumulaban críticas, incluso desde sectores de la coalición oficialista, a la renuencia manifestada por la Cancillería chilena a condenar los actos del chavismo, abiertamente contrarios a las prácticas democráticas. Las fuerzas de los hechos obligó al Gobierno a dejar atrás posturas francamente impresentables, como la que se adoptó con motivo de la sentencia contra Leopoldo López hace dos años, que indujo al Ministerio de Relaciones de Chile a difundir un comunicado de prensa en el cual se manifestaba el “reconocimiento y respeto a la Justicia venezolana”, cuando ya era un hecho comprobado a nivel internacional que los tribunales de ese país obedecían sin contrapeso las órdenes del ejecutivo chavista. El comunicado de marras evitó incluso hacer mención alguna al Gobierno, principal responsable de las violaciones a las garantías constitucionales, los derechos humanos y del deterioro de la democracia. Los extremos a los que ha llegado Maduro han llevado al Ejecutivo chileno por lo menos a reconocer que con ello “se transita hacia el quiebre de la democracia”. Se niegan a llamar, sin embargo, “al pan, pan y al vino, vino”.
Las decisiones autoritarias de Nicolás Maduro trajeron, asimismo, valiosas enseñanzas respecto de las motivaciones y fundamentos ideológicos de los impulsores de proyectos que sugieren la misma lógica y similar itinerario al utilizado por el chavismo para el asalto del poder total. Para sorpresa de muchos, quienes han buscado poner en el centro del debate político chileno el objetivo de “cambiar el paradigma”, “reemplazar el modelo” o la “lucha por cambios estructurales”, para mejorar nuestra democracia, aparecieron repentinamente como los más entusiastas defensores de los métodos utilizados por el chavismo en Venezuela. Al hacerlo, han transparentado los verdaderos objetivos ocultos tras el intento por instalar una Asamblea Constituyente como remedio para todos los males del país. No es casualidad que quienes promueven con mayor fuerza e inusitado sentido de urgencia la vía de constituyente sean los mismos que, pese a toda la evidencia sobre las prácticas antidemocráticas del chavismo, siguen apoyando al Gobierno de Maduro sin condiciones. La gran diferencia es que ahora se percibe con mucha mayor claridad el valor que le atribuyen esos grupos al concepto mismo de democracia, al respeto de los derechos humanos y a las libertades civiles y políticas, y hasta qué punto estarían dispuestos a respetarlos, en el caso de llegar alguna vez a ocupar el poder.
Como “no hay bien que por mal no venga”, el drama de Venezuela ha abierto los ojos de millones en todos los rincones del globo. En Chile, los actos dictatoriales del régimen chavista han cumplido el papel de un curso intensivo de educación cívica, nociones fundamentales de derecho constitucional y observatorio privilegiado de política y relaciones internacionales. En pocas semanas, los chilenos hemos podido comprobar quiénes defienden efectivamente la democracia y los derechos humanos, quiénes dicen defenderlos, pero nada hacen al respecto, y quiénes son los que admiran al chavismo y quisieran replicarlo acá. De paso, habrá un antes y un después en el grado de ingenuidad de quienes alguna vez creyeron que la promesa de una Asamblea Constituyente tenía por objetivo, efectivamente, la ampliación y profundización de la democracia en nuestro país.
“Sin querer queriendo”, Nicolás Maduro sigue impartiendo valiosos conocimientos de educación cívica a ciudadanos del mundo entero. Por lo menos eso, habrá que agradecérselo.
