Columna La Nación, 13.07.2017 Emilio Cárdenas
Como lo hiciera en su momento Fidel Castro al descender de Sierra Maestra, tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro se empeñaron en tratar de disimular la naturaleza de la pretendida "revolución" venezolana.
No obstante, las cosas en Venezuela son inocultables. Por imposición de las circunstancias. Hoy nada menos que cuatro de cada cinco venezolanos se oponen abiertamente a la "revolución" marxista que los ha sumido en la precariedad, con la que, además, se pretende privarlos de sus libertades y derechos humanos. Esto es, deshumanizarlos. Es evidente que lo advierten y que, por ello, están actuando en consecuencia.
Ante ese cuadro cabe destacar la oportuna denuncia realizada por el presidente Mauricio Macri en la reciente reunión del "G-20", alertando desde esa púlpito al mundo entero acerca de que en Venezuela se pisotean los derechos humanos y pidiendo, además, "tomar nota" de ello. Su mensaje debe ser aplaudido, sin retaceos. Así como su gravísima advertencia al puntualizar que, en Venezuela, "peligra la paz social, que todos los que estamos acá pregonamos".
Desde hace ya largo rato que esto es así. Los últimos tres meses de ininterrumpidas protestas sociales -y casi un centenar de mártires inocentes, como consecuencia de ellas- así lo confirman. Y exigen un cambio urgente.
Ocurre que Venezuela está en una situación límite. Asomada al abismo de la guerra civil, enfrentando serios e inminentes peligros. Es significativo entonces que la Argentina -ejerciendo el liderazgo que le corresponde- haya comenzado a actuar con claridad frente a la tragedia del pueblo de Venezuela. Ya sin las restricciones que en su momento se autoimpusiera por una candidatura que demostró ser utópica.
Coincidentemente, la propia Conferencia Episcopal de Venezuela, ejerciendo su deber de magisterio, ha renovado sus mensajes de preocupación por el futuro de su país. Con palabras muy fuertes. Desde la verdad. "Hay una lucha entre un gobierno en dictadura y todo un pueblo que clama libertad", dijo. Agregando -respecto del reciente ataque criminal contra la Asamblea Nacional, dominada por la oposición- perpetrado por los matones de Nicolás Maduro con la connivencia de la Guardia Nacional venezolana: "Fue un ataque delincuencial y demencial". Palabras directas y sonoras que, puestas en boca de los obispos, adquieren una gravitación especial que no puede ignorarse.
Los próximos días serán no sólo sumamente peligrosos, sino absolutamente decisivos para la libertad de los venezolanos. Convocados por la Asamblea Nacional, votarán el próximo 16 de julio en un plebiscito simbólico sobre si están, o no, de acuerdo con la tramposa convocatoria a una Asamblea Constituyente realizada por Nicolás Maduro, quien seguramente hará lo que pueda para que ese plebiscito no tenga lugar. Porque no ignora que tiene el ochenta por ciento de los venezolanos en contra. La Iglesia Católica, en otra muestra inequívoca de coraje y coherencia, ha ofrecido sus instalaciones para ayudar a la realización del plebiscito. No es un gesto menor. Es una muestra de compromiso con sus fieles.
En simultáneo y no casual paralelo, Nicolás Maduro ha convocado a unas amañadas elecciones de constituyentes, para el próximo 30 de julio. Con la intención de materializar, lo antes posible, una reforma destinada a encerrar al pueblo de Venezuela en una inmensa cárcel, privándolo de sus libertades y de sus derechos humanos. Si triunfa, Venezuela será una segunda Cuba. Vivirá entonces sumergida en el atraso. Para la reforma constitucional no habrá voto universal, sino "calificado", de modo que el resultado sea torcido, o sea el que quiere Nicolás Maduro.
Mientras tanto, Venezuela es una dictadura militar. Sus generales, asumiendo una vergonzosa responsabilidad histórica, prefieren contar sus balas, más que dejar contar los votos de su pueblo.
Controlan ya once ministerios, esto es el 40% clave del gabinete nacional. También once gobernaciones de estados. Conducen a todas las fuerzas de la represión, incluyendo a la policía y a los servicios secretos. Disimuladamente, seguramente también a los matones. Así como a los entes reguladores de la actividad financiera y hasta a alguna universidad. Tienen en sus manos un enorme imperio industrial y operan las más importantes empresas constructoras del país. Y a empresas mineras, petroleras y de gas. Son, en dos palabras, los dueños del país. Y, peor, son también la ley. Pero, cuidado, 123 militares han sido detenidos desde el comienzo de las protestas constantes, muchos de ellos acusados de rebelión. Y hay algún ruido a descontento.
Las elecciones para constituyentes convocadas por Nicolás Maduro seguramente ocurrirán. Ellas podrían acelerar la crisis humanitaria venezolana y la cuota de violencia que podría incluir.
Posiblemente la Asamblea Constituyente pretenda sesionar en el mismo Palacio Legislativo, donde trabaja la Asamblea Nacional, generando fricciones. Y apunte rápidamente a disolver la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia -compuesto por meros agentes de Nicolás Maduro y por ende no independiente- seguramente "legitimará" esa disolución. Los actuales legisladores de la oposición perderán sus inmunidades y serán previsiblemente encarcelados.
Y Nicolás Maduro terminará con la suma del poder público en sus manos. Y habrá un evangelio único, el marxista, que será la voz que, en exclusiva, se escuche en Venezuela.
Como futuro, un infierno. Por todo eso, la aceleración de los tiempos está generando un aumento exponencial de las preocupaciones en nuestra región, que debiera ser probablemente acompañado por sanciones diplomáticas contra Venezuela.
Porque Nicolás Maduro ha sido brutalmente claro, al decir ante su propia cadena de radio y televisión: "Lo que no se puede con los votos, lo haríamos con las armas", una advertencia tan amenazadora como grosera, que supone un mensaje prepotente ubicado en las antípodas de la democracia, que presagia más violencia, de la que, junto a sus jefes militares, Nicolás Maduro deberá hacerse responsable.
Comentándola, Julio Borges, el actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, señaló "lo que quiere (Nicolás Maduro) es perpetuarse en el poder, a costa del hambre, de la violencia y la miseria que viven los venezolanos". Es así.
La reciente liberación de Leopoldo López es obviamente positiva. Pero Leopoldo López no es el único prisionero de conciencia. Hay centenares que siguen detenidos por opinar distinto a Nicolás Maduro. Por pensar y hablar, en consecuencia. Muchos de ellos son jóvenes estudiantes.
Todos debieran estar en libertad, desde que no son delincuentes, sino opositores. La liberación del valiente Leopoldo López de pronto podría ser apenas una cortina de humo, mientras Nicolás Maduro acelera el curso ya emprendido hacia la destrucción de Venezuela.
