Columna Lampadia, 30.10.2023 Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y exviceministro de RREE del Perú
La semana pasada celebramos el fin de la secular etapa conflictiva que envenenó las relaciones entre Perú y Ecuador desde que, como presidente de la Gran Colombia, Bolívar anexó Guayaquil, a pesar de que se había declarado independiente el 9 de octubre de 1820 y de su notoria amistad con el Perú.
El Libertador nos declaró la primera guerra de la república. Los tratados pactados para superarla se firmaron antes que Ecuador se independizara de la Gran Colombia (13/5/1830) y asumiera sus reclamaciones sobre Tumbes, Jaén y Maynas. No obstante, nuestros primeros gobernantes lo invitaron al Perú (1823) y le pidieron redactar la Constitución Vitalicia para que se erigiera como Dictador Supremo. Desde esa posición decidió desmembrar a la república al disponer que Sucre proclamara la independencia de Bolivia en los territorios del Alto Perú.
Mucho pesaron en nuestra historia esos conflictos primigenios. Las guerras y el caos gubernamental que provocaron fueron el origen del militarismo. El rol prominente de los generales en la política redujo el espacio de los civiles en la conducción del gobierno y los acostumbró a buscar la tutela militar en el ejercicio del poder. El colosal desorden de ese período imprimió un sello duradero en el país.
Siglo y medio después, y para diferenciarse de cuartelazos típicos como el del General Odría, la indisciplina constitucional de los militares impuso el “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas” (1968-1980). A diferencia de los golpes tradicionales, los institutos castrenses adoptaron el programa izquierdista elaborado en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), con el asesoramiento traicionero de civiles radicales. Instauraron una reforma agraria con expropiaciones sin justiprecio, cooperativas agrarias, captura de la prensa libre, deportaciones, comunidades industriales y otras barbaridades socialistas que aplicaron durante doce años, atrasando nuestro desarrollo y pervirtiendo la política.
Cuatro años después y con menos virulencia, los militares ecuatorianos siguieron el mal ejemplo. Pero en ambos países respetaron a la diplomacia profesional. Así limitaron el daño a su imagen internacional, sin afectar a quienes poníamos el interés nacional por encima de esos experimentos políticos que hirieron a nuestras democracias enclenques violentando los derechos constitucionales de los civiles.
En beneficio mutuo, pudimos revertir el “mantra” de la enemistad bilateral a pesar de los militares nacionalistas que gobernaban en los dos países. Inesperadamente, la capacidad de la diplomacia profesional pudo crear espacios de cooperación aún en el entorno de dos dictaduras castrenses empeñadas en que sus modelos izquierdistas se proyectaran en el futuro. La historia debe valorar sus esfuerzos convergentes para construir las bases de lo que se convertiría en el esqueleto de Plan Binacional que fue parte del Acuerdo de Paz de 1998, celebrado con la Visita de Estado del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso al Perú.
De esa época datan los Convenios para el cabal aprovechamiento de las cuencas de los ríos Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira, así como la creación de una Comisión Económica Permanente para promover la integración bilateral.
Es significativo que las “declaraciones conjuntas” firmadas entonces incluyeran una frase de rigor mencionando los “obstáculos perturbadores” que aludían crípticamente al “problema territorial” que Ecuador pregonaba con insistencia.
Fue una época anterior a las guerras de Paquisha y el Cenepa, que precedieron a la la Declaración de Paz de Itamaraty, cuyo artículo 6 formalizó el compromiso del Perú, Ecuador y los Garantes de iniciar negociaciones para encontrar una solución a los impasses subsistentes. Con esta inteligente fórmula los Garantes decidieron involucrarse en la prolongada negociación que permitió culminar la colocación de hitos en los tramos no demarcados de la frontera, compromiso reiterado en otra Declaración suscrita entre ellos en el mismo acto protocolar del 17 de febrero de 1995.
El cumplimiento de este acuerdo permitió construir los cimientos y el primer piso del gran edificio que terminamos en octubre de 1998, cuando los presidentes Fujimori y Mahuad firmaron el Acta de Brasilia, abriendo la puerta de la hermandad entre peruanos y ecuatorianos.
