Columna El Mostrador, 30.09.2021 Jorge G. Guzmán, abogado y ex diplomático
“Hablo por Chile” (“Pro Chile loquor”) es el lema de la Academia Diplomática Andrés Bello, alma mater de los diplomáticos profesionales del país, esto es, de aquellos funcionarios públicos a quienes los ciudadanos les hemos confiado la responsabilidad de “hablar por el interés superior de Chile”.
Tradicionalmente “la diplomacia chilena” ha practicado un “estilo silencioso” que, en el pasado, se ajustó al “carácter especializado” que se le reconocía a la “relación entre Estados”. En la medida que -en el siglo XXI- dicha “relación” ya no se limita a cuestiones estrictamente “estatales” (o técnico-comerciales), ni tampoco se restringe al “trabajo de las Embajadas” e incorpora asuntos de importancia material e inmediata para el conjunto de la sociedad, la “práctica diplomática silenciosa” no se ajusta a “los tiempos modernos”.
En mayo último AthenaLab publicó una encuesta que identificó al narcotráfico (87%) y a la protección de las fronteras (78%) como asuntos subrepresentados en la agenda de nuestra política exterior. Asimismo -y meses antes que la actualización de la plataforma legal de 200 millas de algunas de nuestras islas australes formalizara la disputa territorial con Argentina en el Océano Austral-, ese ejercicio identificó a la “defensa de los intereses marítimos” como otro tema subrepresentado en la agenda de aquellos que tienen la responsabilidad (y el privilegio) de “hablar por Chile” (60%).
Los múltiples alcances asociados a dicha nueva disputa territorial han motivado que no solo los medios de comunicación, sino que, a través de las redes sociales, los ciudadanos se interesen en una materia que se compone de aspectos diversos que, incluso para la “diplomacia chilena especializada”, resultan “novedosos”.
A estas alturas es claro que -para el conjunto del país- este es un “problema” delicado cuya solución demandará años de trabajo. Por ello es que, con la sola excepción del Frente Amplio (cuyo abanderado es -curiosamente- de origen magallánico), todos los principales sectores políticos han formalmente apoyado la actualización de nuestros límites submarinos al sur del Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez.
Sin embargo, al margen de declaraciones muy generales del propio Presidente de la República y de un algún “cuestionario” de la Directora de DIFROL publicado en un medio de Santiago, los ciudadanos no sabemos cuál será la base de la posición chilena en esta nueva disputa territorial con Argentina (que hasta hace poco incluso se negó reconocer).
Todo indica que en esta materia la estrategia comunicacional (si es que existe) consiste en seguir “relacionándose con la sociedad” a través de un solo medio de comunicación (cuya línea editorial sigue refugiada en la premisa de que este es un “tema solo para iniciados”), para así evitar explicar cuál es, en definitiva, la “posición de Chile”.
Para que a largo plazo esa “posición” sea, efectivamente, “la posición nacional”, ésta debe ser conocida por todos los chilenos. Ello es especialmente relevante para los ciudadanos de la región austral, ergo, para los “territorialmente afectados” por la efectividad o ineficacia de “la posición de Chile” en la cuestión de la plataforma continental de nuestra Provincia Antártica.
Como antes se equivocaron en las cuestiones de Laguna del Desierto y del límite marítimo con el Perú, “kilómetros más, kilómetros menos” no es un resultado y/o “hecho consumado” aceptable para el conjunto de los ciudadanos, menos en Magallanes (en donde sigue pesando la errática “política” para la solución del asunto del Campo de Hielo Sur). Pretender que la “diplomacia silenciosa”, apegada a cierta “tradición” (hoy ininteligible) y reservada solo para un “grupo elegido” de “expertos” constituye hoy una fórmula aceptable para la sociedad, es intentar “tapar el sol con un dedo. La política exterior no puede ser distinta a otras políticas públicas: debe ser sometida a lo que se llama accountability, y con sus resultados lo funcionarios responsables deben considerarse responsables frente al conjunto del país.
La “política del silencio”, “sin responsables”, basada en el supuesto de que solo un grupo muy reducido de “expertos” domina “un lenguaje incomprensible para el ciudadano de a pie” no es posible ni aceptable en un país volcado a darse una nueva Constitución Política.
La “diplomacia silenciosa” no debería ignorar que, en el día a día, la integridad del territorio nacional es un asunto de principal importancia para los chilenos. Por lo mismo, ningún “tweeter”, ni “selfie” ni “photo opportunity” con algún dignatario extranjero evitará que la cuestión de la plataforma continental magallánico-antártica siga acaparando el interés y la preocupación de “la gente”.
Visto el asunto desde otro ángulo, la anotada preocupación ciudadana debería constituir una invitación para que los responsables de este delicado asunto “hablen por Chile”, comenzando por “hablarles a los chilenos”.
Esto, incluso, antes que el Canciller Andrés Allamand converse (si es que no lo ha hecho) con el nuevo Canciller argentino. Ello no solo evitará especulaciones y distorsiones del argumento nacional (que pululan en las redes sociales), sino que contribuirá a que un país convenientemente informado respalde -hoy y mañana- el accionar de los actuales y futuros funcionarios que tendrán la responsabilidad y el privilegio de “hablar por Chile”.
Es de esperar que, como “en los viejos tiempos”, el Gobierno y la Cancillería se arriesguen a emitir un “comunicado oficial”, que explique y establezca la posición de Chile y su pueblo.
