Columna El Mercurio, 21.10.2022 Ximena Rincón, Francisco Cruz F., Mariano Fernández, Mario Matus, Matías Walker, Claudio Troncoso,Edgardo Riveros, Cristián Barros, Carlos Portales, Carlos Appelgren, Jorge Heine y Andrés Grunewaldt
Nuestras relaciones exteriores han descansado por décadas sobre un consenso que ha permitido impulsar la política comercial del país fuera de todo apego ideológico, causa o activismo no alineado con el interés nacional. Así las cosas, diversos gobiernos, de distinto signo político, promovieron, negociaron e implementaron acuerdos comerciales teniendo a la vista los objetivos nacionales de largo plazo, más allá del ciclo político de turno, sin prejuicios, y atendiendo el desarrollo comercial sobre la base de fundamentos económicos estructurales, alejados de opiniones militantes o negacionistas de la globalización.
Pero en el último tiempo el país ha sido testigo de una campaña de desinformación y mitos en torno al CPTPP (TPP11) como nunca hemos vivido en procesos internos de discusión legislativa para la aprobación de tratados internacionales. Un neosoberanismo que confunde argumentos de las oportunidades globales de integración de un acuerdo progresista e innovador con la autonomía de nuestras políticas públicas y capacidades regulatorias, construyendo sofismas y eslóganes sin correlato normativo ni evidencia comparada.
Más allá de esta retórica basada en consignas, los perjudicados finales han sido los miles de chilenos a los que impacta la exclusión de mercados y cadenas de valor que redundarían directamente en su bienestar y en el crecimiento del país. Pero el sentido común disipó mitos, disciplinó voluntades y alineó razones logrando que el Senado aprobara el CPTTP por amplia mayoría, desechando de paso las declaraciones interpretativas sugeridas por algunos parlamentarios.
Sin embargo, se ha levantado luego el argumento de que, previo a su ratificación, se debería avanzar la negociación de las denominadas “side letters”, lo que no resulta necesario, pues dicha negociación corre por cuerda separada al Tratado (de ahí su nombre de cartas laterales).
Al tratarse de un ejercicio bilateral con cada país que forma parte del Acuerdo, se podría retrasar su concreción y, aun así, de lograrse, no tendría efecto práctico respecto de 7 de los 10 países del CPTPP con quienes Chile ya tiene actualmente acuerdos bilaterales previos que contemplan reglas de solución de controversias inversionista-Estado, por lo que el efecto de ellas sería más simbólico que real. Por lo demás, la lógica de las cartas laterales sería proteger las potestades regulatorias de Chile, cuestión que tiene mucho mejor resguardo en el acuerdo multilateral con contenido posterior y actualizado.
De este modo, el expediente de las “side letters” se estrella con la realidad y, más aún, con la voluntad del Congreso para concluir con la incorporación de un tratado a nuestro ordenamiento interno.
Nunca en los últimos 32 años se había pensado en retardar la promulgación y publicación de un tratado y tenemos la convicción de que el Presidente meditará sobre este asunto, fiel a lo que ha sido su liderazgo por sobre el ruido sectorial, tal cual lo hizo un 15 de noviembre de 2019 al firmar un Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución y como lo ha hecho en el ejercicio de su cargo, cuando se trata de hacer prevalecer el rol de jefe de Estado por sobre el de dirigente de una coalición o partido.
Sin tratado, Chile continuará en desventaja para el comercio con países del CPTTP, porque seguiremos un escalón abajo respecto de los miembros que lo han ratificado y que nos han desplazado parcialmente de ciertos mercados, capitalizando su más temprana ratificación en relación con Chile, amén de postergar una importante señal a los inversionistas extranjeros, indispensables para obtener capitales para los grandes proyectos de desarrollo, como hidrógeno verde, litio o energías alternativas. El daño sería además político, ya que comprometería nuestra seriedad y confiabilidad con los países del Asia Pacífico.
El retardo es inconveniente. Está en juego no solo el que Chile recupere terreno como líder de la región en crecimiento, enfrentando los pronósticos del FMI para el 2023, sino también el preservar la conducción de nuestra política exterior como una política de Estado.
