Columna El Montonero, 04.06.2020 J. Eduardo Ponce Vivanco, embajador (r) y ex viceministro de RREE peruano
El dirigismo sanitario no debe ser un obstáculo
Ha sido un acierto de CONFIEP confiar la representación del empresariado a Miguel Vega Alvear, quien ha demostrado valor y entereza excepcionales en su titánico forcejeo con el Gobierno para lograr algo tan obviamente indispensable como es involucrar al sector privado en la tarea colectiva de superar, al mismo tiempo, los estragos sanitarios y económicos que el COVID 19 sigue provocando en el Perú.
No es la primera vez que Vega se involucra en una guerra de magnitud semejante. Lo conocí cuando tuvimos que resistir los embates populistas del primer gobierno de Alan García, agravados por la barbarie del sanguinario terrorismo de Sendero Luminoso que asoló al país desde 1980. Miguel, de la mano con Luis Bustamante Belaunde, se distinguió en la campaña electoral del FREDEMO - que fue derrotado en las elecciones de 1990, y terminó con el noble gesto de entregar al vencedor el excelente Plan de Gobierno de los vencidos -.
Con un porfiado empeño por hacer el bien (tan poco común en el Perú), Miguel Vega ha multiplicado su presencia en los medios para hacernos sentir las penosas y absurdas dificultades que enfrenta en los segmentos menos liberales de este gobierno para empujar una reactivación económica diseñada para aplicarse con una suerte de “planificación central” administrada por el aparato estatal. Una reactivación económica que observa a la empresa privada con recelo, y que la asfixia con el universo de decretos y “protocolos” que gobiernan la vida de los emprendedores formales e informales que hacen caminar la economía real del país, y que siguen creyendo en la vigencia del régimen económico establecido en la Constitución de 1993.
En sus numerosas presentaciones mediáticas Vega ha enfatizado el rol de la minería, haciendo notar que nuestros grandes yacimientos se encuentran en ese 80 % del territorio nacional prácticamente limpio del contagio. Es un ámbito geográfico donde una operación minera sanitariamente responsable sería el motor más potente de la reactivación, conjuntamente con la pesquería y la agroexportación.
Ha subrayado también la importancia que tendría poner en marcha el proyecto Tía María, que cuenta con reiteradas aprobaciones ambientales y legales. Ahora que Fitch ha rebajado la calificación de la deuda peruana – un golpe severo al prestigio financiero internacional del Perú - el Gobierno no debería ignorar el valor simbólico y prometedor que tendría autorizar la operación de un proyecto minero detenido por arbitrarias razones políticas (que podrían llevarlo a un costoso arbitraje en el CIADI).
La rendición gubernamental frente a las minorías ideologizadas y violentas que se oponen a Tía María ha tenido un siniestro efecto depresivo en la gran inversión privada internacional que tanto necesitamos para salir de la depresión económica que amenaza al Perú.
Otrosí regional: la falta de agallas del gobierno para adoptar las decisiones que le competen ha afectado especialmente a Arequipa y la Macroregión Sur. No se escuchó el mensaje de colectivos tan valerosos e independientes como “Arequipeños por Arequipa”, ni a prometedoras lideresas como Matilde Lozada. Se prefirió atender las diatribas de la izquierda vinculando a ese movimiento ciudadano con la empresa gestora. El gobierno ignoró - y sigue ignorando - que no solo se trata de un proyecto económicamente crucial para el Perú sino que dispararía tantos otros emprendimientos de desarrollo social y regional como los patrocinados por la minera Cerro Verde.
