Columna Perfil, 11.06.2022 Felipe Frydman, economista argentino, exembajador y consultor del CARI
Chile se apresta a vivir varios meses conflictivos hasta el plebiscito del 4 de septiembre sobre la propuesta para reemplazar la “Constitución de Lagos” aprobada en 2005, con el propósito de eliminar las cláusulas antidemocráticas del texto de 1980 sancionado durante la dictadura de Augusto Pinochet. El proyecto consta de 499 artículos que van desde la organización del Estado hasta el cuerpo de bomberos.
La derecha se opuso al proceso constituyente desde sus inicios, pero también ha comenzado a surgir un movimiento crítico desde sectores de la Concertación por discrepancias con el contenido. Los puntos cuestionados se refieren a la definición de Chile como “Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado”; la supresión de la Cámara de Senadores, que será reemplazada por una Cámara de las Regiones; el énfasis en “los grupos históricamente excluidos” como mujeres, disidencias sexo genéricas y en especial los pueblos indígenas, a los cuales se les otorga privilegios políticos, económicos, sociales, derecho de restitución de tierras y un sistema jurídico propio (pluralidad jurídica); la creación de tributos especiales y excepcionales; los derechos de la naturaleza y de los animales.
El Estado adquiere un rol omnipresente. Tendrá que ocuparse de la protección de las personas mayores, niños, niñas, adolescentes y con discapacidad; provisión de servicios públicos universales y de calidad; implementación de sistemas de seguridad social, salud y educación pública; la función ecológica y social de la tierra; la provisión de vivienda; apoyar la agricultura campesina e indígena, la pesca artesanal y la seguridad alimentaria y reconocer la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. También se ocupará de la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados.
Ayer famosos, hoy olvidados
Según el proyecto, el Estado impulsará medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno, tomará la iniciativa en la economía desarrollando actividades empresariales, prevendrá abusos en los mercados y desterrará la corrupción. El Banco Central será autónomo para diseñar su política monetaria pero deberá, aparte de sus funciones específicas, contribuir al bienestar de la población, proteger el empleo, el cuidado del medioambiente y tener presente la orientación de la política económica del gobierno.
El capítulo sobre derechos fundamentales dice que podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente. Sin embargo, los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos (!). El Estado garantizará el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos comprendiendo el derecho a decidir libre y en forma autónoma sobre el propio cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. El derecho a la propiedad fue incluido en el epígrafe sobre derechos sexuales y reproductivos dejando a una futura ley la determinación y modos de adquisición, límites y deberes conforme con su función social y ecológica y en caso se expropiación se indemnizará con un “precio justo”.
El artículo 17 sobre la renovación de la totalidad de los miembros del Congreso de Diputados y Cámara de las Regiones cada cuatro años abre un interrogante sobre las intenciones de los convencionales. El partido o coalición ganadora en cada elección tendría una posición hegemónica para adoptar decisiones sin negociaciones porque la oposición sería minoría. Más aún cuando el artículo establece que se requiere “mayoría de sus miembros presentes” para aprobar las leyes. La primera elección bajo esta Constitución podría marcar el futuro del país.
La discusión en Chile sobre la futura Constitución merece una atención especial porque implica un cambio drástico respecto a las políticas de la socialdemocracia de los últimos treinta años, que fueran denostadas por la actual coalición de gobierno. La aprobación implicará un desafío a las posibilidades de lograr el desarrollo y al mismo tiempo utilizar al Estado para satisfacer todos los derechos fundamentales.
