Columna El Líbero, 05.09.2026 Fernando Schmidt Arioztía, embajador ® y exsubsecretario de RREE
La apropiación norteamericana de 65 mil millones de barriles de petróleo venezolano, revelado esta semana por la propia Casa Blanca, reflejó el verdadero propósito político-económico de la Operación Resolución Absoluta, que extrajo a Nicolás Maduro del poder. Siempre tildé al usurpador de tal y a su sucesora, Delcy Rodríguez, como ilegítima ocupante del Palacio de Miraflores. Criticamos la grosera manipulación de las elecciones de 2024, ganadas heroicamente por Edmundo González Urrutia actuando bajo la bandera de María Corina Machado, representantes ambos de la dignidad venezolana. Sin embargo, celebrar la operación que sacó al dictador del país no convierte a la administración Trump en virtuosa respecto a Venezuela.
El acuerdo alcanzado esta semana sobre el petróleo, según lo informado por Washington, tendría como objetivo asegurar el dominio energético norteamericano durante los próximos cien años; recuperar sus reservas estratégicas; desplazar a rusos y chinos de Venezuela purgando “una influencia extranjera maligna (proveniente) de nuestro patio trasero”; asegurar “que el dominio norteamericano en nuestro hemisferio no sea jamás cuestionado”; y generar nuevas cadenas de suministro en beneficio de los sectores de energía y manufacturas norteamericanos para salvarlos de años de “declive globalista”.
Para ello se constituiría la sociedad “North American Blue Energy Partners (NABEP)” bajo la nueva ley de hidrocarburos venezolana, adoptada el 29 de enero de este año por la Asamblea Nacional, con “apoyo» norteamericano. Esta sociedad invertiría unos 100 mil millones de dólares en Venezuela y se convertiría en la segunda empresa petrolera privada más grande del mundo.
Para mantener las apariencias, el 65% de NABEP sería controlada por el controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt. El restante 35% sería propiedad del Ministerio de Defensa del país más poderoso del mundo a través de la Oficina de Capitales Estratégicos del Pentágono. Por lo mismo, el gobierno de EE.UU. tendría derecho a veto sobre un Directorio de NABEP compuesto por ciudadanos norteamericanos. A su vez, la empresa se regiría por las leyes de los EE.UU. y los eventuales litigios serían dirimidos en cortes norteamericanas. La empresa sería auditada por firmas de prestigio radicadas en EE.UU.; y su producción refinada y procesada en ese país.
¿Qué gana Venezuela con esta pérdida de soberanía si se concreta esta gigantesca inversión en los próximos años? Para el gobierno ilegítimo, el pago de alrededor de unos 200 mil millones de dólares en royalties durante los próximos 25 años le servirían, sin duda, como oxígeno. Sería una oportunidad para consolidarse en el poder y procurar legitimarse. Además, les permitiría dinamizar el sector petrolero estatal (PDVSA), hoy en ruinas. El acuerdo parece un salvavidas también para los ciudadanos próximos a la desesperación, los que necesitan empleo u oportunidades, los que esperan a cualquier costo un futuro mejor, o que regresen a la patria los hijos que tuvieron que salir por ausencia de expectativas. No sé cuántos serán.
Sin embargo, María Corina Machado salió esta semana en defensa de la honra y la soberanía de Venezuela. Le espetó a EE.UU. y al mundo que nada sacan con impulsar el acuerdo si no existe una institucionalidad democrática porque el patrimonio del suelo de su patria “no le pertenece a un régimen ilegítimo; le pertenece al pueblo venezolano”. Agregó que la inyección de capitales norteamericanos debe hacerse bien, en beneficio mutuo, con “transparencia absoluta, legalidad y eficiencia y esto sólo es posible con la legitimidad y estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático”. Lo anterior implicaría un marco legal con reglas aprobadas por una Asamblea Nacional legítima; una institucionalidad técnica; licitaciones públicas y abiertas, y no adjudicaciones a dedo; un marco tributario competitivo y estable; seguridad jurídica y arbitraje internacional. Agregó que “no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular” y que “esta es la única y verdadera garantía de éxito para cualquier inversión en gran escala”. Concluyó que “vamos a hacer lo que haya que hacer para que la nuestra vuelva a ser una nación digna, próspera, libre y soberana” y la “vía para lograrlo es hacer valer la soberanía popular a través del voto, porque esta es la única forma digna de gobierno que existe”. Remató señalando que “Venezuela es mucho más que su petróleo. El verdadero valor de Venezuela es su gente que, por las buenas, es el mejor socio del planeta” y jamás pondrá en venta su dignidad. Así, María Corina pasó de entregarle a Trump el Nobel a oponerse a sus designios.
Según lo que se deduce del comunicado de la Casa Blanca, la transición a la democracia en Venezuela para ellos estaría en un tercer lugar de prioridades, después de la estabilización y la reconstrucción del país. Para EE.UU. esta postergación es necesaria dado el grado de destrucción del país, pero su posición frustra las esperanzas de millones de venezolanos, de los demócratas en el mundo entero y divide a la oposición. Para impulsar el demorado proceso democrático Marco Rubio ha elegido a dedo a miembros de la Asamblea Nacional elegida el 2015. Serían ellos los encargados de conversar con los hermanos Rodríguez un cronograma, y que se produzcan reformas en el poder judicial, el sistema electoral y se liberen cientos de presos políticos.
El acuerdo petrolero alcanzado difícilmente puede perdurar. Es un modelo de humillación a ese país y un llamado de atención a toda nuestra región. Es cierto que la independencia venezolana estuvo hipotecada por 27 años por Cuba, Irán, el ELN colombiano o China. Es verdad que gracias a esa intervención extranjera se consolidó el chavismo y se secuestró la soberanía popular, pero la conciencia política existe, despertará pronto, apenas se despeje la bruma de la necesidad.
Entonces se recordará que mucho antes de Chávez, antes incluso de la nacionalización del petróleo de Carlos Andrés Pérez de enero de 1976, el régimen que operaba para que las empresas extranjeras explotaran el petróleo estaba contenido, fundamentalmente, en la Ley de Hidrocarburos de 1943. Bajo ese régimen las concesiones a empresas privadas tenían una duración que variaba entre 20 y 40 años, y no un siglo. Se establecía que las instituciones privadas regulaban la inversión y comercializaban el crudo. No había participación directa del Pentágono a pesar de que la Ley fue adoptada durante la II Guerra Mundial. Tampoco había veto del gobierno norteamericano sobre los directorios. La distribución de los beneficios se regía a base del 50% para cada parte (empresas y el estado venezolano dueño del subsuelo). Por último, los tribunales locales dirimían las diferencias o se acudía a arbitrajes diferenciados según el contrato, pero no a las cortes norteamericanas.
Por lo expuesto, el acuerdo impuesto hoy a Venezuela debe preocuparnos a todos. ¿Qué pasaría si el día de mañana, con el pretexto de un revisionismo histórico o la percepción de una compensación insuficiente por la nacionalización del cobre en Chile, Washington emprendiera el camino de una apropiación de minerales críticos en nuestro suelo? La diferencia es que tenemos una democracia y una institucionalidad en regla. Pero no cabe distraernos.
No hay que ser de izquierda para oponerse a un escenario así. Yo no lo soy. Me guía más bien la carta de 1822 por la que don Diego Portales, el forjador de Chile, advertía a su amigo y socio comercial, José Manuel Cea, sobre las intenciones de Washington entonces: “Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano; y ese sería así: hacer la conquista de América, no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto sucederá, tal vez no hoy; pero mañana”.
