Blog Republica, 26.10.2021 Inocencio F. Arias, embajador (r) y columnista español
Hace años la revista estadounidense “Time” publicaba un artículo de Nancy Gibbs sobre el acoso a las mujeres en las Fuerzas Armadas yanquis. El arranque era iluminador: bastantes mujeres soldados dejaban de beber agua en el cuartel a las 7 de la tarde por temor de ser violadas si iban al baño de noche. Otra no informó de que había sido asaltada por un colega cuando salió a fumar un cigarro por temor de que la sancionaran por haber ido al exterior sin llevar su arma reglamentaria. Estaba obviamente destacada en zona de guerra. Esto provocó una afirmación lapidaria de la congresista J. Harman: es más probable que una soldado en Irak sea violada por un compañero que muerta por fuego enemigo.
El Pentágono, consciente del problema, informó que unas tres mil mujeres militares americanas en Irak y Afganistán habían sido asaltadas o violadas en el año anterior. El artículo infería que este número equivalía a más del doble de actos condenables similares entre la población civil. El hecho se agravaba teniendo en cuenta que un 80% de los ataques sexuales no se denunciaban. Las autoridades estadounidenses adoptaron medidas y programas para reducir esta catástrofe, recordemos que las mujeres son aproximadamente el 15% de los efectivos de las fuerzas armadas de aquel país.
Ahora, Andrew Gregory en “The Guardian" da cuenta de una situación de similar seriedad en Gran Bretaña. Una encuesta de estos días entre 750 veteranas militares muestra que 22´5% han sido acosadas y 5´1% asaltadas sexualmente. Un 22% sufrieron bullying . En las dos primeras categorías varias de las victimas tuvieron posteriormente problemas con la bebida, según un estudio de la Universidad de Oxford. En las terceras hubo abundantes síntomas de dolor, cansancio, ansiedad, depresión…etc.. Unas 16.500 mujeres están enroladas en las fuerzas armadas británicas, un 11% del total del personal militar. Pueden ocupar cualquier puesto, desde 2018 incluso hasta ser desplegadas en la primera línea de fuego. El número de las que no denuncian los delitos también es elevado.
Quejas relacionadas con el mal trato se dan también entre los empleados o asesores, de ambos sexos, de los 650 diputados de la Cámara de los Comunes. Se quejan de que hay un número de legisladores propensos a abroncar, toquetear. Los hay tan irascibles que han tirado objetos pesados del mobiliario a alguno de los que trabajan con él o ella. Algún humorista de mal gusto dirá que eso no se hace con muebles que están en el inventario del Estado. Los subordinados sufridores confiesan asimismo en privado que denunciar el hecho puede ser un “suicidio profesional”, “aunque viviera un millón de años no lo contaría”, relata otro.
Las revelaciones de las militares y de los funcionarios son especialmente graves. En el caso de las primeras un comentarista yanqui se preguntaba con amargura lo que se puede deducir si el Estado, con reglamentos y medidas adecuadas, no puede o no sabe proteger a la gente que hemos encargado que nos proteja. La pregunta es universalmente pertinente.
