Columna El Líbero, 03.02.2024 Fernando Schmidt Ariztía, embajador (r) y exsubsecretario de RREE
Desde hace algunos meses los noticieros europeos abren con la guerra en Gaza para sensibilizar a sus audiencias sobre el drama humanitario que allí se vive. Subsidiariamente, analizan cómo nos deslizamos peligrosamente hacia un conflicto total, que la mayor parte de los actores influyentes en el área no desea. Las razones políticas de fondo acerca de la complejísima situación en el Medio Oriente y sus posibles salidas pasaron a un segundo plano, casi al mismo nivel que la estancada, aunque decisiva guerra de Ucrania.
En estos últimos días, irrumpió con fuerza el asedio de los agricultores franceses sobre París y el efecto dominó que estas acciones tienen en el sector agrícola en diversas partes de Europa, aunque por motivos diferentes. En dichas protestas se muestra, una vez más, la capacidad que tiene la sociedad francesa para inspirar o incendiar al resto del continente. Los agricultores rumanos, eslovacos, húngaros, o polacos hace meses venían protestando por la entrada preferente de productos agrícolas ucranianos que los perjudicaban. Nadie les hizo mucho caso. Esta semana, sin embargo, nos acercamos a una especie de mayo de 1968 agrícola.
La tormenta venía incubándose hace tiempo a propósito de la inflación de los combustibles y costos de producción en general; aumentos impositivos; medidas ambientales adoptadas por Bruselas que beneficiarían a la tierra y al consumidor pero les perjudicaría a ellos, como la limitación en el uso de fertilizantes, la reducción del dióxido de nitrógeno en las granjas ganaderas, la obligación del barbecho y otras; el exceso de burocracia; la falta de pago de los subsidios agrícolas a tiempo; asimetrías en las cadenas de valor; la entrada de los productos ucranianos de modo preferente en solidaridad con la guerra; los problemas internos de competencia y, lo más grave para nosotros, la llegada de productos agrícolas provenientes de países extracomunitarios.
El estallido francés se extendió a Alemania, Bélgica, Países Bajos, Italia, España, Grecia, Portugal, además de varios países del Este europeo. Por ahora, la indignación tiene que ver en primer lugar con temas monetarios. Es decir, con la mantención de subsidios de diverso tipo para sostener una actividad y una cultura agrícola, que a su vez está en el corazón de los sentimientos de los partidos de derecha y populismos de diverso tipo que hoy experimentan un aumento en las encuestas. Es un tema que asusta a los sectores urbanos europeos, principalmente, que convocaron la semana pasada a una gran concentración en Berlín para frenar el ascenso de lo que califican “ultraderecha fascista”. Temen que en las próximas elecciones al Parlamento Europeo (6-9 de junio) puedan llegar a ser la bancada más influyente en el legislativo comunitario, lo que confirman los sondeos.
Pero más allá de lo crematístico, existe también una indignación contra Bruselas. Desde distintas perspectivas y sensibilidades el sector agrícola europeo, combativo como en todos lados, reclama de las directivas burocráticas de tipo ambiental o técnico que no han sido suficientemente debatidas con ellos y que desafían el conocimiento centenario y tradicional de los agricultores. Existe una creciente acumulación de normas que los asfixian. A eso se agregan retrasos desde Bruselas en los desembolsos que los favorecen. Con todo esto, se ha alimentado una nueva ola de desconfianza hacia la integración que, recordemos, tiene en la Política Agrícola Común un eje fundamental para la construcción europea.
También están surgiendo reclamos en Francia y en otros lados frente al propio mercado común agrícola, que los ha llevado a atacar y volcar camiones españoles con alimentos producidos bajo condiciones climáticas mejores que las que se dan en Francia. Los actos vandálicos de los franceses representaban al día de ayer pérdidas diarias por un valor de 12 millones de euros para los peninsulares. Además, amenazan con bloquear masivamente a los transportistas españoles y portugueses, que necesitan de las autopistas de ese país para llegar con sus productos al norte y centro de Europa. En otras palabras, en estas protestas se cuestiona la construcción de la casa común agrícola europea, que todavía no está asentada.
Como corolario de esta situación y presionado por el agro, el nuevo primer ministro, Gabriel Attal, señaló en la Asamblea Nacional el miércoles recién pasado, que va a garantizar la “soberanía agrícola de (Francia) nuestro país”, agregando que “hay y debe haber una excepción agrícola francesa”. Con ello pretende conquistar entre ellos confianza de cara a las elecciones y calmar la situación antes que se salga de control, pero las palabras pronunciadas no pueden sino inquietarnos por sus implicancias sobre nuestros productos.
El paso que media entre la “soberanía” o la “excepcionalidad agrícola” y el franco proteccionismo es muy tenue y puede darse bajo los más diversos argumentos. Por lo demás, esto es precisamente lo que está pidiendo ese gremio, casi de modo unánime. Protegerse unos respecto de otros y todos contra terceros. En muchos países europeos -no sólo en Francia- se escuchan claramente voces contrarias a las importaciones agrícolas de Marruecos, Argelia o Egipto, motivadas en sus comienzos por razones políticas: para asentar poblaciones en su tierra de origen e inhibirlas de emigrar a Europa; o contra los acuerdos de asociación económica que favorecen a países africanos o caribeños. Son los mismos que reclaman eliminar el Acuerdo con Mercosur, cuyo proceso lleva casi 25 años y todavía no termina, o suspender el proceso negociador con Nueva Zelanda y Australia.
Para Chile, el “gallito” entablado entre los agricultores franceses, belgas o alemanes y sus gobiernos es de primera importancia, ya que el Acuerdo Marco Avanzado con la UE (AMA) suscrito hace dos meses implica diversificar nuestros mercados de exportación. Este Acuerdo debe ser ratificado por un Parlamento Europeo que hoy prioriza la campaña electoral en curso, y cuyos candidatos lo último que quieren es identificarse con la apertura europea de su sector agroalimentario. El retraso en la entrada en vigencia del AMA demora, por supuesto, los beneficios que el Acuerdo contiene para nuestros agricultores. Por ejemplo, la eliminación de trabas a ciertas partidas alimentarias; o el reconocimiento de indicaciones geográficas para productos agrícolas chilenos; o el complemento en el comercio de productos del agro; o la identificación y eliminación de barreras no arancelarias existentes, entre varias otras.
Mi preocupación es que, ante esta oleada de protestas y las presumibles concesiones de parte de los gobiernos europeos y la Comisión a sus agricultores, se instale una nueva ola de nacionalismo comercial en ese sector productivo en el peor momento para nuestra economía: cuando experimentamos una recesión en 2023 de un 0,2%. Frente a ello, en lo que corresponde al sector agroalimentario, tenemos que buscar la mejor coordinación internacional entre los países del Grupo Cairns u otro análogo en la OMC, apoyar sin reservas a los países de Mercosur que posiblemente sean los más perjudicados por la UE en nuestra región y, localmente, diseñar una estrategia país entre actores públicos y privados.
Tenemos que ofrecerle una alternativa a nuestra gente de campo para la necesaria diversificación de sus mercados. Desgraciadamente, está cada vez más próxima la posibilidad de que se instalen en el viejo continente ideas añejas, antiliberales, controladoras, nacionalistas en lo agrícola y también en la esfera de la política.
