Columna El Líbero, 17.03.2022 Luis Larraín A., economista y presidente del directorio de Libertad y Desarrollo
Es una falla conceptual grave de la política ignorar que el flujo de futuros emigrantes está siempre atento a las facilidades que las autoridades otorgan para ingresar al país y luego para permanecer en él en condiciones incluso ventajosas respecto a los nacionales al recibir todo tipo de ayudas del Estado.
Mientras por estos días Chile discurre en una Convención con algunas ideas “loquísimas” -como desmantelar el país que en los últimos diez años ha atraído a millones de migrantes a nuestro suelo-, los problemas derivados de una crisis de orden público y la inmigración descontrolada que vivimos permiten retratar elementos esenciales de la escena nacional.
Estamos sufriendo las consecuencias de una falla monumental de la política, que está arruinando la capacidad que el país tuvo hasta hace poco para poner en práctica buenas políticas públicas en beneficio de sus habitantes.
Pero hay también en el tema de las migraciones un factor externo relevante: Venezuela ha superado a Siria como el mayor foco de emigración en todo el mundo. Nuestras fronteras en el norte del país reciben a gran cantidad de ciudadanos venezolanos que, en una diáspora que puede durar varios meses, huyen de la tiranía de Nicolás Maduro para buscar horizontes mejores; no los encuentran en Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia y terminan intentando, a como dé lugar, ingresar a Chile.
Las cifras de inmigración a nuestro país experimentaron, se sabe, un salto cuantitativo importante durante el último gobierno de Michelle Bachelet, cuando prácticamente se duplicó la población inmigrante en Chile. Muchos de ellos llegaron de Haití y también de Venezuela, luego que las autoridades de la época permitieron el llamado turismo migratorio por la vía de conceder visa de turismo a personas cuya intención era radicarse en Chile e integrarse a su mercado laboral. En esa época sectores de izquierda en el gobierno y en la sociedad concibieron la idea de que migrar era un derecho humano, desconociendo el derecho del país receptor a regular el flujo de nuevos habitantes habida consideración a las posibilidades del país y sus nacionales para recibirlos dignamente. Floreció entonces el tráfico de inmigrantes y surgieron una serie de abusos contra personas que, por no tener una situación migratoria regular, no tenían posibilidad de firmar contratos de trabajo que protegieran sus derechos laborales, ni contratos de arriendo en condiciones de mercado, lo que hizo cundir el subarriendo y el hacinamiento que campean en varios barrios de Santiago y otras ciudades.
Fue a partir de ahí cuando el tema migratorio empezó a ser un tema de la política en Chile y lo hizo en las peores condiciones posibles, pues en lugar de ponderarse el aporte que los inmigrantes hacen al país junto con el costo de acogerlos, el foco se empezó a poner sólo en lo último. Como lo han demostrado investigaciones realizadas por Álvaro Donoso en la Universidad del Desarrollo, en la medida que el crecimiento económico se estancó, la mayor parte de los puestos de trabajo ofrecidos en nuestro país fueron ocupados por inmigrantes. Nació así en Chile un sentimiento xenófobo hasta ahí ausente. Éste se vio agravado a partir del 18 de octubre de 2019, durante la administración de Sebastián Piñera, cuando el gobierno perdió el control del orden público y Carabineros pasó a ser el blanco favorito de los ataques de la izquierda (junto al propio Piñera), como puede observarse todavía a simple vista por los rayados en muchas ciudades de Chile.
Como consecuencia de la crisis de orden público se produjo también un incremento de los delitos violentos, que sólo se moderó temporalmente durante la pandemia por las restricciones al libre desplazamiento de las personas. Este orden de cosas permitió que aparecieran bandas criminales, integradas por extranjeros, que utilizan métodos inusualmente violentos y desconocidos en Chile para perpetrar sus crímenes. La actuación de la policía frente a estas acciones ha estado contenida por la dificultad para usar la fuerza en la represión de delitos, al tener las manos atadas por la persecución que sufren por parte de organizaciones de derechos humanos y el ambiente hostil que ciertos medios de comunicación han contribuido a crear.
Durante todo este tiempo, la política también falló, lamentablemente. De partida, dilató innecesariamente la tramitación de una nueva ley de migraciones concebida durante el primer gobierno de Piñera que, al regularizar los flujos migratorios, evitaba varios de los problemas descritos. Cuando en su segunda administración el Presidente intentó acelerar su trámite, contó, como en otras materias, con la negativa implacable de la oposición, que fue insensible al sufrimiento que ciudadanos chilenos y extranjeros residentes experimentaron producto de este atraso.
Hoy día la oposición sí habla de crisis migratoria, sin reconocer el rol que jugaron ellos mismos en su origen. Hay actuaciones increíbles, como la de un diputado que amenazó acusar constitucionalmente al entonces Canciller Allamand por estar de vacaciones durante la crisis migratoria, desconociendo en su pequeñez que la gestión de migraciones radica en distintas reparticiones del Ministerio del Interior. Desde una altura superior, Carlos Peña interpretó la renuncia de Andrés Allamand como una renuncia a seguir en la política. Desgraciadamente es efectivo que la política chilena tiene hoy más Flores y menos Allamand.
También son equivocadas las críticas al Departamento de Extranjería, hoy Servicio Nacional de Migraciones, que ha sacado adelante contra viento y marea cambios regulatorios recién en etapa de implementación y procesos administrativo que eran necesarios, pues ellas no llegan a entender que buena parte del problema nace de una crisis de orden público que nada tiene que ver con esa repartición o con cuestiones fronterizas dependientes de Carabineros.
Es una falla conceptual grave de la política ignorar que el flujo de futuros emigrantes está siempre atento a las facilidades que las autoridades otorgan para ingresar al país y luego para permanecer en él en condiciones incluso ventajosas respecto a los nacionales al recibir todo tipo de ayudas del Estado. Paradojalmente, el buenismo migratorio es el mayor productor de xenófobos y Chile, Convención Constitucional mediante, es hoy el paraíso de ese buenismo. Esperemos que no lo sea de la xenofobia.
Ignorar que el fenómeno migratorio es de carácter dinámico es una ignorancia mayor, y muy dañina para el país. Por razones demográficas Chile necesita la inmigración, pero ella debe ser regulada y sustentable para que beneficie a los nacionales y a los extranjeros que vengan a aportar a nuestro país. Las migraciones son hoy uno de los temas principales de la política mundial y si Chile no las enfrenta con una política de Estado, que aproveche la experiencia de estos últimos años, continuará haciendo mala política en perjuicio de sus habitantes.
