Editorial Pulso, 28.09.2017
Si el conflicto político se dirime en una elección presidencial en 2018, el proceso debe estar revestido de las garantías democráticas suficientes para que se manifieste la voluntad popular
La semana pasada, en el marco de la Asamblea General de la ONU, la Presidenta Bachelet junto con confirmar que Chile ha sido invitado como uno de los países garantes del diálogo entre Gobierno y oposición en Venezuela, señaló que la meta de cualquiera negociación debe apuntar a que haya elecciones presidenciales en 2018. Se trata, sin duda, de un objetivo modesto, ya que corresponde que haya comicios el año próximo y, por tanto, asegurar que suceda sólo equivale a impedir que el Presidente Nicolás Maduro u otro representante del devaluado chavismo den el paso irrevocable hacia un régimen de facto, si bien lo real es que hoy Maduro gobierna en un cuadro de virtual dictadura.
La posición de la mandataria converge con la demanda mínima de la oposición nucleada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que a la realización de elecciones libres y justas -a diferencia del proceso de 2013- agrega la apertura de un canal de ayuda humanitaria y la liberación de presos políticos. No obstante la disposición de Bachelet y las otras naciones convocadas, existe una alta incertidumbre acerca de la voluntad de Maduro de negociar de buena fe.
La experiencia revela que intentos previos de mediación fueron utilizados por el chavismo para ganar tiempo. Por lo mismo, Chile debe ser riguroso en exigir que el régimen garantice su disposición a permitir que el conflicto político se dirima en una elección verdaderamente democrática.
Hasta ahora Maduro no lo ha admitido con claridad.
