Columna Infolatam, 19.10.2016 María Teresa Romero
Las recientes decisiones de la directiva del Consejo Nacional Electoral venezolano, en la que 4 de sus 5 rectoras están alineadas políticamente con el régimen chavista-madurista – incluso dos de ellas son activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)-, no sólo constituyen una burla más a los derechos de una sociedad desesperada por la crisis integral que sufre por la nefasta gestión gubernamental, sino también una cachetada a la Constitución vigente y la Ley orgánica del Poder Electoral, cuyo artículo séptimo establece que ese órgano rector debe “ejerce sus funciones autónomamente y con plena independencia de las demás ramas del Poder Público, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y en la ley”.
La primera medida reciente de las rectoras, con la abstención del único rector hombre y de la oposición, ha sido dilatar al máximo el anuncio de la fecha de la recolección de firmas estipuladas para activar el referéndum revocatorio (RR) que una mayoría contundente de venezolanos solicitó desde julio del presente año, con vistas a que la celebración del mismo no sucediera este 2016. De hecho, no fue sino hasta el 22 de septiembre que se dignaron a anunciar las fechas de esa recolección del 20% de las firmas para los días 26, 27 y 28 de octubre, con lo cual se cierra la puerta a nuevas elecciones presidenciales si el presidente Maduro es revocado. De celebrarse el RR durante el primer trimestre de 2017, como decidieron las rectoras, el gobierno nacional quedaría automáticamente en manos del vicepresidente de la república actual.
De paso, ese anuncio vino acompañado de otro igualmente injustificado, ilegal y hasta perverso: realizar la recolección de firmas bajo unas condiciones que le ponen cuesta arriba a la oposición venezolana conseguir el 20% de firmas necesarias para activar el RR. Así, los más de 19 millones de venezolanos inscritos en el Registro Electoral, es decir, aptos para firmar sólo dispondrán de 5.392 captahuellas en todo el territorio nacional, lo que es obviamente insuficiente, pero además tendrán que acudir al proceso por estados, no nacionalmente como lo estipula la Constitución y como se realizó en el 2004 cuando se activó el revocatorio al fallecido presidente Hugo Chávez.
Según el artículo 72 de la Constitución acerca del revocatorio expresa que “se requiere el 20% de manifestaciones de voluntad de la circunscripción que elige al candidato que se va a revocar, sea municipal, estadal, o nacional” . Y Nicolás Maduro, como Chávez en su momento, fue elegido nacionalmente.
Para colmo, en virtud de un recurso de interpretación introducido por un partido alineado con el gobierno, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia –el mismo de mayoría de magistrados pro gubernamentales y que ha dejado prácticamente sin funciones a la Asamblea Nacional de mayoría opositora-, avaló la decisión del CNE, al ratificar que la recolección de firmas debe realizarse “obligatoriamente”, en cada uno de los 23 estados y en el Distrito Capital de la República Bolivariana de Venezuela. Esto significa, que si en alguno de estos estados o en el DC no se recolecta el 25% de las firmas, se anulará de inmediato la convocatoria al revocatorio.
La ofensa a la mayoría de los venezolanos, a la Constitución Nacional y al vestigio de democracia que aún existe en el país por parte de las señoras del CNE, no terminó allí. En su segundo más reciente anuncio, éste del pasado 18 de octubre, el CNE difirió las elecciones regionales para el primer semestre de 2017. Esto es grave y anticonstitucional, como bien lo señalaron los miembros de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, ya que la Constitución establece que esa elección debe realizarse en diciembre de este año, cuando vence el período para el que fueron electos los actuales gobernadores y los diputados de los Consejos Legislativos. De modo que los gobernadores ejercerán ilegalmente hasta mediados del próximo año, si acaso.
Es obvio que en concordancia con el Ejecutivo y los demás poderes públicos que se han rebelado en contra del Estado de Derecho, el politizado CNE venezolano se radicaliza a objeto de que la población venezolana, ávida de un cambio de gobierno lo más pronto posible, no se manifieste de ningún modo, al menos hasta tener certeza que el voto popular será a su favor. El régimen de Nicolás Maduro conoce muy bien los más recientes sondeos de opinión pública que demuestran que una mayoría contundente del país se manifestaría en su contra en la actualidad. El estudio de la conservadora empresa Datanálisis, realizado entre el pasado 20 y el 29 de septiembre, registra que un 62,3% de los venezolanos votaría por sacar del poder al presidente Maduro.
Tal vez el gobierno está apostando a que el año entrante un mayor ingreso económico basado en un posible aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional –más no probable pese a lo acordado en la más reciente reunión de la OPEP y Rusia-, le permita atenuar la crisis venezolana y que ello se traduzca en un mayor favoritismo popular. O quizá está peligrosamente jugando a posponer el revocatorio y las elecciones regionales y municipales indefinidamente, basándose en la tesis –muy castrista, por cierto- de que la población terminará desgastándose y resignándose. Aún más, si surge efecto la actual persecución contra todos los dirigentes opositores, los de los partidos políticos, los de las organizaciones sociales, los de las empresas privadas, entre otros.
Después de todo, pensará el gobierno y sus aliados, la comunidad democrática internacional no pasará de la crítica y de sanciones simbólicas. Y como en el caso de la Cuba castrista, sólo lo presionará realmente a iniciar un diálogo con la oposición el cual puede durar años. El problema está en que esta lógica se le puede revertir.
