Columna Infobae, 07.09.2017 Roberto García Moritán, diplomático (r), ex viceministro de RREE y columnista argentino
La profundización de la crisis política en Venezuela con la instalación de la Asamblea Constituyente ha generado un rechazo generalizado de la comunidad internacional. El Mercosur ha sido el primer organismo internacional en adoptar una clara medida de repudio a la dictadura de Nicolás Maduro y a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Finalmente, ante los excesos inocultables del gobierno venezolano, todos los Estados miembros se han sumado al consenso para aplicar a Venezuela una de las normas básicas del Mercosur, la cláusula democrática contenida en el Protocolo de Ushuaia de 1998.
Hasta ahora el gobierno venezolano había podido paralizar toda acción diplomática de cuanto foro regional es parte. Ha sido el caso de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) o la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). En ninguno hubo consenso o los votos suficientes para condenar la erosión de la democracia venezolana y los abusos a los derechos humanos. La capacidad de obstrucción de Caracas abarcaba incluso temas de la agenda regional que no estaban referidos a la situación interna de Venezuela como ha sido la designación del secretario general de la Aladi o la obstrucción a un nombramiento similar en Unasur. De hecho, el Mercosur, como órgano de integración, estaba virtualmente paralizado en cuestiones técnicas específicas, como lo dejó en evidencia la Cumbre de Mendoza.
En la OEA, Venezuela ha logrado por el momento que los países del ALBA (Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Cuba y seis del Caribe) y del Petrocaribe (17 países) impidieran la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Es probable que los últimos acontecimientos en Venezuela empiecen a modificar la ecuación de respaldos en la OEA a favor de Venezuela. República Dominicana es un primer ejemplo.
La balanza de solidaridad a la dictadura venezolana empieza a cambiar. Es posible que la decisión del Mercosur respecto a Venezuela se extienda a otras instancias regionales. La duda ya no es el grado de los pronunciamientos de condena o repudio a un gobierno que se ha alejado de la institucionalidad democrática y el respeto por las garantías fundamentales, sino las medidas a promover para que Venezuela recupere la paz interna y el diálogo político.
La situación, salvando las distancias, es similar a otros dos procesos no reconocidos por la amplia mayoría de la comunidad internacional: el golpe de Estado en Honduras y la adhesión de Crimea a Rusia. En el caso hondureño, la presión internacional sirvió para que se lograse un acuerdo para celebrar elecciones entre el presidente depuesto y quien se hizo cargo tras el golpe y que permitió la victoria electoral de Porfirio Lobo.
El ejemplo de Honduras, como los antecedentes de otros procesos de pacificación en América Central, podría resultar aplicable a Venezuela. Hasta ahora la intransigencia venezolana no ha permitido que distintos esfuerzos diplomáticos fueran fructíferos. Sin embargo, es probable que la Santa Sede u otros mecanismos de países amigos puedan ofrecer alternativas. La próxima reunión en Lima, a la que han confirmado asistencia 14 cancilleres, es otro intento diplomático para buscar respuestas conjuntas.
Es de esperar que la dictadura de Maduro reaccione y entienda que la decisión del Mercosur, como la reunión en Lima, no son un fin en sí mismo sino una herramienta para comprometer al régimen en conversaciones constructivas para restablecer el orden democrático y el inicio de un período de transición política. La presión internacional, en particular de América Latina, es clave para estimular diálogos creíbles y detener los abusos a los derechos humanos y otras manifestaciones no democráticas como es la Asamblea Constituyente.
