Columna El Líbero, 02.02.2024 Juan Lagos, investigador de FPP
La inhabilitación de María Corina Machado, la dirigente opositora más destacada, dice mucho del autoritarismo que impera en Venezuela. Líder en los sondeos y vencedora de las primarias, la candidatura de Machado era la mejor oportunidad en años para cambiar el destino político de los venezolanos. Por esta razón, fue obstruida sin disimulo por el régimen a través de maniobras legales que certifican una vez más el control del chavismo sobre todas las instituciones del país.
El mismo proceso que inhabilitó a Machado da cuenta de que la arbitrariedad de Maduro y los suyos no es frenada ni por el más elemental pudor. Que un órgano administrativo como la Contraloría General de la República impida a un ciudadano ejercer sus derechos políticos atenta contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual, en su artículo 23.2 establece claramente que una restricción a los derechos políticos como la inhabilitación es válida únicamente cuando resulta de una sentencia judicial en un proceso penal, donde al acusado se le imponga específicamente la inhabilitación política como pena. A esto se le agrega la falta de notificación adecuada a Machado y la negación de su derecho a la defensa. Estos y otros vicios van más allá de un simple procedimiento administrativo: reflejan una voluntad manifiesta de alterar el equilibrio político del país a favor del régimen.
Se trata de una práctica que la tiranía chavista ha ocupado hasta la náusea. De acuerdo con los datos proporcionados por la ONG venezolana Acceso a la Justicia, sólo entre 2002 y 2015 el chavismo ha inhabilitado a más de 1.400 funcionarios por medio de la Contraloría General de la República. Un mecanismo que a todas luces atenta contra los derechos humanos y por el cual Venezuela ha sido condenada por la Corte Interamericana, organismo que exigió la eliminación de esta figura.
A la luz de estos abusos, calificar la situación de Venezuela como una “democracia en crisis” es una subestimación que ignora la magnitud del autoritarismo del régimen de Maduro. Esta fórmula, empleada por muchos líderes de izquierda para distanciarse del lastre que representa Maduro para sus aspiraciones políticas, no hace justicia a la realidad que vive el país. Es inadmisible optar por una equidistancia que sugiere una responsabilidad compartida entre el régimen de Maduro y la oposición, como si estuvieran en pie de igualdad. A su vez, es difícil comprender la ingenuidad con la que algunos Estados promueven un diálogo, ignorando que ha sido precisamente el régimen chavista el primer en vulnerar los acuerdos firmados y en mostrar un desprecio flagrante por los principios democráticos y los derechos humanos.
No seamos ingenuos. Tras las declaraciones ambiguas y las excusas burocráticas se esconde una complicidad con el régimen chavista. Las instancias de diálogo sólo han servido para darle oxígeno a una tiranía que sólo busca ganar tiempo en estos escenarios. En esta línea, cuando el Gobierno del presidente Boric señala en su escueto comunicado que valora la propuesta de Noruega de establecer prontamente una comisión de verificación y seguimiento de los Acuerdos de Barbados, parece ignorar que lo obvio no necesita verificación. ¿Es realmente necesario formar una comisión para constatar lo que está a la vista de todos? Esta postura no sólo trivializa la gravedad de la situación en Venezuela, sino que también otorga al régimen de Maduro un margen de maniobra que no merece, al tiempo que desatiende el clamor de un pueblo que lucha incansablemente por recuperar su democracia secuestrada.
Para colmo, el régimen de Maduro ahora utiliza la diáspora venezolana como una ficha en su estrategia para eludir las sanciones internacionales. A través de una amenaza de suspender la repatriación de migrantes venezolanos, Maduro busca chantajear a la comunidad internacional, ofreciendo o restringiendo el retorno según le convenga a sus intereses políticos y diplomáticos. Otra muestra de que al régimen de Maduro sólo le preocupa el poder, nada le importa la crisis humanitaria que han causado durante décadas de miseria y autoritarismo.
El oscuro panorama venezolano se agrava bajo el peso de la complicidad internacional. Los aliados de Maduro, enmascarando su apoyo con retórica vacía, le proporcionan un paraguas de impunidad, facilitando la perpetuación de sus abusos. Mientras invocan la democracia y el respeto a los derechos humanos en los foros internacionales, sus acciones y omisiones no hacen otra cosa que alimentar al régimen. Estos cómplices, con su inacción y postureo, se convierten en actores de un teatro político donde sólo gana la tiranía, dejando al pueblo venezolano y a las naciones receptoras de la diáspora atrapados en una trágica pantomima de consecuencias desastrosas.
