Columna El Nacional, 04.08.2017 Oscar Hernández Bernalette, diplomático (r), profesor y columnista venezolano
Las sanciones unilaterales de gobiernos sobre otros Estados o gobiernos, empresas e individuos ya forman parte de mecanismos de alerta temprana y prevención que se aplican de forma directa, continua y reiterada. Es una tendencia in crescendo. Todos los países tienen derecho de restringir, calificar, excluir y sancionar a empresas o individuos extranjeros dentro de sus territorios por razones políticas, económicas, ambientales y otras que amenacen directamente la seguridad.
Estas sanciones unilaterales de los Estados no están exentas de polémica y de interpretaciones. Cuando se trata de multilaterales son asumidas por la ONU a través del Consejo de Seguridad. Existe una lista consolidada de sanciones a un grupo considerable de empresas e individuos. De conformidad con el artículo 41, comprenden una amplia gama de opciones coercitivas que no implican el uso de la fuerza armada. Desde 1966 el Consejo de Seguridad ha establecido 25 regímenes de sanciones a más de 20 países y organizaciones. Aplican según sea el caso sanciones generales a medidas puntuales, que incluyen embargos, prohibiciones de viajar y restricciones financieras o de determinados productos.
Corea del Sur recientemente tomó medidas punitivas unilaterales a Pyongyang que incluyó a cientos de personas y lo mismo hizo la UE contra empresarios y políticos rusos y ucranianos. Estados Unidos es el país que más sanciones unilaterales aplica a través del Departamento del Tesoro. Las motivaciones varían: seguridad nacional, narcotráfico, corrupción o violación de los derechos humanos.
La tendencia a individualizar a responsables se debe a la poca efectividad que las colectivas han tenido. En el caso de los venezolanos sancionados y a quienes les han suspendido visas y congelado bienes es difícil aplicar. No tendría lógica, socialistas y revolucionarios con fortunas en los imperios. ¿Cierto?
